Noticia nº25.743

/noticias.info/ • El órgano de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas en materia de biodiversidad decidió cerrar el texto que será sometido a aprobación definitiva en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente


La Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, órgano de coordinación del Ministerio de Medio Ambiente de España con las comunidades autónomas en materia de biodiversidad, dio luz verde al texto de la "Estrategia Nacional Contra el uso de Cebos Envenenados en el Medio Natural", redactada por el Grupo de Trabajo de cotoxicología (GTE) que agrupa a técnicos de todas las comunidades autónomas y del Ministerio de Medio Ambiente.

La Comisión Nacional, que se reunió el pasado jueves, acordó también enviar este documento, para su aprobación definitiva, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que preside la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

La finalidad de esta Estrategia Nacional es promover de forma coordinada, entre todas las Administraciones Públicas, las acciones necesarias para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural.

La Estrategia pretende que la colocación de los cebos envenenados desaparezca por aplicación de la Ley y por el rechazo del entorno social de los envenenadores. Se
busca conseguir que se vea claramente que las ventajas económicas de gestionar
correctamente los valores naturales son mayores que los perjuicios que se pretenden
combatir.

La práctica de matar fauna depredadora con veneno, antes casi exclusiva de los cotos de caza, aumentó en los últimos años de forma alarmante entre ganaderos y Agricultores, y podría provocar la extinción de varias especies incluidas en el
Catalogo Nacional de Especies Amenazadas.


UTILIZAR VENENOS ESTÁ PROHIBIDO

El veneno fue utilizado legalmente en la Península Ibérica hasta los años ochenta para combatir fauna depredadora que provoca pérdidas a la ganadería y a las especies de caza. Esta práctica llevó al borde de la extinción a aves carroñeras, como el quebrantahuesos, y mermó considerablemente las poblaciones de buitres y milanos, entre otras especies.

En 1983, la Administración española dejó de autorizar la colocación de veneno en los
cotos de caza para matar fauna silvestre. La medida produjo efecto y durante una década el número de animales envenenados encontrados en el campo disminuyó, pero a partir de la década de los noventa el problema comenzó a rebrotar de nuevo.

En 1989, la Ley de Conservación de Espacios Naturales y Fauna y Flora Silvestres
prohibió expresamente matar fauna con veneno, y en 1995 esta práctica fue tipificada como delito en el Art. 336 del Código Penal español.

De 1996 a 2001 se localizaron en España 6.482 cadáveres de animales envenenados. Si la tendencia continua, las especies protegidas en las que las administraciones públicas invierten muchos recursos para su recuperación, podrían extinguirse en amplias zonas de su ya reducida área de dispersión.

Los productos tóxicos son manejados en el mundo rural con escaso conocimiento sobre su peligrosidad para la fauna silvestre. Se ha detectado el uso ilegal de venenos por parte de cazadores, ganaderos, agricultores, apicultores, colombófilos, truferos, pajareros, en vertederos y basureros, en áreas periurbanas y en el medio natural. La administración medioambiental tiene previsto desarrollar medidas para controlar las aplicaciones legales de productos tóxicos que afecten a la fauna silvestre, en la línea de las actuaciones que se realizan para prevenir problemas de
salud pública.

A la vista del incremento del uso ilegal de venenos, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza acordó en 1999 elaborar una Estrategia para afrontar el
problema. En el Comité de Flora y Fauna Silvestres se creó un Grupo de Trabajo de
Ecotoxicología con la misión de preparar criterios orientadores para combatir el
problema de una forma coordinada desde todas las administraciones públicas con
competencias en la materia.


AUMENTAR LA VIGILANCIA

Entre la acciones de prevención y disuasión hay propuestas para reducir el número
de daños ocasionados por la fauna salvaje a ganaderos, cazadores y agricultores;
agilizar y mejorar el pago de indemnizaciones en los casos que proceda y potenciar
las ayudas que percibe el ámbito rural y cinegético asociándolas a un código de
buenas prácticas ambientales. Asimismo, se pretende disminuir la disponibilidad de
productos tóxicos mejorando el control de la comercialización, distribución y empleo
de productos fitosanitarios y promover las buenas prácticas agrícolas.

Entre las acciones de persecución del delito, se considera necesario aumentar la
vigilancia y detección de cebos envenenados; unificar y compartir la información
recogida por las administraciones, agentes de la autoridad y sector privado, sobre
casos de envenenamiento y, sobre todo, cooperar con los órganos de la justicia para
lograr que los casos denunciados por los agentes de la autoridad con indicios que puedan constituir pruebas condenatorias, no sean sobreseídos o archivados, sino
investigados y juzgados. Para ello, está prevista la organización de cursos sobre
delitos ambientales entre la judicatura y los técnicos de las administraciones
públicas.

Asimismo se plantea la necesidad de una campaña a nivel estatal de información y
sensibilización para conseguir el máximo rechazo social al uso ilegal de veneno, así
como financiar a las ONG para que puedan personarse como acusación popular en casos de veneno y facilitar su implicación en actividades concretas de la Estrategia

Los principales objetivos de las comunidades autónomas en esta Estrategia, son: aumento de la vigilancia; coordinación con los órganos judiciales, remisión de los
expedientes a la administración de justicia con las suficientes garantías legales y
elementos de comprobación; tramitación de medidas cautelares; imposición de sanciones administrativas; modificaciones de orden legislativo que sugiera esta Estrategia y garantizar la correcta recogida, custodia y análisis de pruebas condenatorias cuando se detecten casos de envenenamientos.


28/09/2004