Noticia nº30.722

/noticias.info/ Madrid.- Con motivo de la próxima visita de los Reyes de España a Marruecos, los próximos días 16 y 17 de enero de 2005, la Sección española de Amnistía Internacional ha expresado por carta a sus Majestades sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos y el Sahara Occidental. El objetivo es que utilicen estas informaciones en el transcurso de la visita, reiterando a las autoridades de Marruecos el deber de respeto y protección de los derechos humanos.

Las preocupaciones de Amnistía Internacional en Marruecos y el Sahara Occidental son sobre la nueva legislación sobre seguridad, tortura, “desapariciones”, falta de libertad de expresión, pena de muerte, derechos de la mujer, y prisioneros de guerra en manos del Frente Polisario.

Legislación sobre seguridad
Tras los atentados con explosivos del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, el Parlamento aprobó una nueva ley para “combatir el terrorismo”, que entró en vigor el 28 de mayo. La ley contenía una definición amplia e imprecisa de “terrorismo”. Además, se ampliaba el límite legal de la detención preventiva sin cargos, previa a la comparecencia ante un juez, hasta un máximo de 12 días en los casos de “terrorismo”, cuatro días más que lo previsto anteriormente. Restringía también el acceso del detenido a un abogado durante ese periodo, que es cuando más expuesto está a sufrir torturas y malos tratos. La ley ampliaba además el ámbito de aplicación de la pena de muerte.

Tortura en Marruecos
Desde el año 2002 se percibe un significativo aumento de las denuncias de tortura y malos tratos. Como documenta Amnistía Internacional en el informe Tortura en el marco de la campaña "antiterrorista". El caso del centro de detención de Témara, publicado en junio de 2004, las víctimas son principalmente islamistas o presuntos islamistas detenidos por su supuesta pertenencia a "bandas delictivas" o su presunta implicación en actos violentos. Otros colectivos, como los miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos y activistas saharauis, también han sido víctimas de este tipo de trato.

Desaparecidos
La Comisión de Equidad y Reconciliación, establecida por las autoridades en enero de 2004 para investigar los casos de "desaparición" y detención arbitraria ocurridos entre 1956 y 1999, inició el pasado 15 de diciembre una serie de vistas públicas que dan a supervivientes de esos hechos y a las familias de los "desaparecidos" la oportunidad de exponer sus casos. Desde la década de los 70 un número elevado de hombres, mujeres y niños de todas las capas sociales fueron detenidos en lugares secretos y fueron sometidos frecuentemente a torturas y malos tratos. La puesta en marcha de esta comisión es un avance significativo, que puede contribuir a abordar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. Sin embargo, los estatutos de la Comisión excluyen categóricamente la identificación de autores individuales y rechazan los procesamientos penales, lo que en noviembre llevó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a expresar su preocupación por el hecho de que no se hayan previsto medidas para llevar ante la justicia a los responsables de "desapariciones"

Libertad de expresión
El caso del periodista Ali Lmrabet puso de manifiesto en el año 2003 las restricciones a la libertad de expresión que pueden aplicarse en Marruecos. La monarquía y la situación del Sáhara Occidental siguen siendo asuntos prohibidos en el debate público, incluso para la prensa que expresa pacíficamente sus puntos de vista. Lmrabet quedó en libertad en enero de 2004, pero no se ha revisado ni derogado la legislación que estipula penas de prisión por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos fundamentales. También se han registrado algunos episodios de acoso e intimidación de activistas cívicos y de derechos humanos saharauis. En junio de 2003 las autoridades disolvieron la sección del Sáhara Occidental de la organización de derechos humanos Foro para la Verdad y la Justicia, aduciendo que había realizado actividades ilegales que podían alterar el orden público y menoscabar la integridad territorial de Marruecos, cuando sólo se ejercía el derecho a expresar sus opiniones sobre la autodeterminación de pueblo saharaui.

Pena de muerte
Aunque desde 1993 no se han llevado a cabo ejecuciones, la legislación vigente sigue contemplando la aplicación de la pena de muerte. En mayo de 2003, la nueva ley "para combatir el terrorismo" incrementó el número de delitos por los que puede aplicarse la pena de muerte. A finales de 2003 se habían dictado al menos 16 condenas de muerte en virtud de esta ley.

Derechos de la mujer
En el año 2004 se han producido algunas señales positivas. En febrero fue promulgado un nuevo Código de Familia, que eleva de 15 a 18 años la edad legal de las mujeres para casarse -lo que la iguala a la edad establecida para los hombres-, impone rigurosas restricciones a la poligamia y reconoce la responsabilidad equitativa y compartida del marido y la esposa en el matrimonio. Con todo, no experimentaron grandes cambios las disposiciones relativas al derecho de herencia, discriminatorias para la mujer. En mayo, el entonces ministro de Derechos Humanos anunció ante el Parlamento que el Gobierno se disponía a retirar sus reservas a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y a cinco otros tratados internacionales de derechos humanos que afectan a este ámbito.

Prisioneros de guerra en manos del Frente Polisario
Cuando se cumplen 13 años del fin formal de las hostilidades entre Marruecos y el Frente Polisario, se calcula que 412 prisioneros de guerra marroquíes siguen en manos del Frente Polisario. Amnistía Internacional ha solicitado reiteradamente su libertad y repatriación. Aunque grupos de prisioneros han sido liberados periódicamente (unos 200 a lo largo de 2004), es necesario que este proceso se extienda a todos los aún encarcelados.

Menores marroquíes no acompañados
Amnistía Internacional ha expresado en reiterada ocasiones su preocupación por la expulsión de menores marroquíes no acompañados e indocumentados sometidos a tratos inhumanos y degradantes, incluso malos tratos físicos. En octubre del año de 2003, el Fiscal General del Estado dicto una instrucción que permitía la expulsión automática de menores no acompañados entre 16 y 18 años y que era claramente contraria a la Convención de Derechos del Niño. Esta instrucción ha sido retirada por una nueva instrucción de fecha 26 de noviembre de 2004. Sin embargo, todavía está pendiente el Memorándum de entendimiento celebrado entre Marruecos y España para la repatriación de estos menores no acompañados, para Amnistía Internacional no queda claro importantes aspectos respecto a la protección del menor y la entrega del mismo a su familia o a servicios sociales que puedan dar una atención según lo establecido tanto en la Convención de Derechos del Niño, como otros tratados internacionales de derechos humanos.