Noticia nº34.948

/noticias.info/ Los ministros del gobierno, jueces y altos mandos policiales de Francia permiten que los miembros de la policía usen la fuerza excesiva, y en ocasiones letal, contra presuntos delincuentes de origen árabe y africano sin temor a sufrir repercusiones graves, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En su informe titulado France: The Search for Justice, basado en 10 años de documentación y denuncia, Amnistía Internacional revela datos sobre la pasividad generalizada del sistema judicial a la hora de enjuiciar y castigar violaciones de derechos humanos. Esto incluye una "justicia de dos velocidades", que juzga los casos denunciados por los agentes de policía con mucha más rapidez que los denunciados por sus víctimas. Los casos de Youssef Khaïf (homicidio policial) y Aïssa Ihich (muerte bajo custodia), por ejemplo, tardaron 10 años en llegar a los tribunales. Esta constante de impunidad contribuye a la desconfianza de los ciudadanos en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actúen con arreglo al imperio de la ley y respondan de sus actos. Amnistía Internacional ha concluido que un gran número de casos nunca llega a los tribunales; y cuando llegan, las sentencias de culpabilidad son escasas, y las condenas a menudo simbólicas.

"En nuestra opinión, existe una impunidad de hecho para los agentes de policía que cometen violaciones de derechos humanos; hemos observado que el sistema judicial casi nunca investiga, enjuicia ni castiga efectivamente las violaciones de derechos humanos que se cometen en relación con la aplicación de la ley," ha declarado Nicola Duckworth, portavoz de Amnistía Internacional.

En los últimos años ha disminuido el número de tiroteos con resultados fatales protagonizados por agentes de policía o gendarmes en circunstancias polémicas, pero han aumentado las quejas por malos tratos. Las quejas sobre la conducta policial aumentaron un 18,5 por ciento en el año 2004.

Además, a Amnistía Internacional le preocupa el persistente incumplimiento de las directrices o códigos de conducta de carácter interno, así como de las normas internacionales. Entre los motivos de preocupación figuran la reticencia de los fiscales a tramitar casos contra agentes de policía, los malos tratos y la ausencia de salvaguardias bajo custodia policial, los retrasos prolongados e innecesarios en las actuaciones judiciales y la ausencia de una definición completa de tortura en el Código Penal.

La organización pide a las autoridades francesas que creen un mecanismo independiente para investigar todas las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, hagan comparecer a los responsables ante la justicia tras investigaciones inmediatas y exhaustivas, garanticen que todos los detenidos tienen acceso a un abogado desde el momento en que quedan bajo custodia policial, y garanticen que las víctimas reciben una reparación.

"La prevención de la tortura y los malos tratos es sobre todo una cuestión de voluntad policial –ha afirmado Nicola Duckworth–. Todos los implicados deben rendir cuentas exhaustivamente, con independencia de su rango."