Noticia nº47.691

/noticias.info/ Índice de AI: AMR 41/038/2005 (Público)
Numero del Servicio de Noticias: 251
16 de septiembre de 2005

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la sentencia absolutoria en el caso de Felipe Arreaga Sánchez, activista del medio ambiente, fundador de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán (OCESP) y preso de conciencia. Esta decisión judicial permite que el defensor de derechos humanos, Felipe Arreaga goce finalmente de su libertad de forma incondicional y pueda regresar con su familia, después de diez meses de detención injusta. Sin embargo, la organización recuerda a las autoridades que todavía falta mucho para garantizar la justicia en este caso.
Además, “el Estado debe asegurar ahora su seguridad, la de su esposa Celsa Valdovinos y la de su familia, así como la de otros defensores del medio ambiente y los derechos humanos en el estado de Guerrero”, añade Amnistía Internacional.

La organización considera que la absolución ha sido el fruto de la determinación de Felipe Arreaga y su familia, sus abogados defensores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la movilización nacional e internacional para exigir justicia. Todos estos esfuerzos han logrado que el poder judicial haya tomado una decisión apegada a la ley y la justicia.

No obstante, preocupa a Amnistía Internacional que la Procuraduría General de Justicia del estado se mantuvo firme en la acusación en contra de Felipe Arreaga, a pesar de pruebas claras del involucramiento de agentes estatales en la fabricación de pruebas. Amnistía Internacional advierte que las autoridades deben aprovechar ahora esta decisión judicial para investigar a fondo la fabricación de pruebas y la aparente tolerancia de estos delitos por parte de altos funcionarios de las autoridades estatales.

“Esta es una oportunidad para llevar a cabo una reforma profunda de la procuración de justicia en el estado para garantizar que el ministerio público actúe con imparcialidad y sin interés ajeno a la justicia”, insiste la organización.

“Asimismo, hay que recordar que las autoridades no han llevado a cabo ningún paso para cerrar la acción penal contra los 13 otros campesinos defensores del medioambiente nombrados en la misma orden de arresto que llevó al procesamiento de Felipe Arreaga”, insiste la organización.

Amnistía Internacional considera que hay una serie de acciones que las autoridades deberían tomar en cuenta tras la absolución de Felipe Arreaga:

garantizar la seguridad de Felipe Arreaga, su familia y la de otros defensores del medio ambiente y de derechos humanos en Guerrero;
garantizar la reparación de daño a Felipe Arreaga por su detención y procesamiento infundado;
cancelar la orden de aprehensión contra los otros 13 defensores del medio ambiente y llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial de la investigación original del Ministerio Público sobre el asesinato de Abel Bautista Guillen en 1998.
investigar el ataque el pasado mayo contra el defensor de los bosques en Petatlán, Albertano Peñaloza y su familia, que resultó en el asesinato de dos de sus hijos, y llevar ante la justicia a los responsables.
atender con urgencia los problemas fundamentales en el municipio de Petatlán, incluyendo cuestiones ambientales, y la continua tolerancia de los abusos de poder por parte de los caciques.
Información de contexto

Felipe Arreaga fue uno de los fundadores de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán (OCESP) y ha mantenido su activismo en defensa de los bosques de la Sierra durante los últimos 7 años. Fue detenido en noviembre de 2004, acusado de un asesinato que se había cometido en 1998. Otros 13 activistas fueron mencionados en la misma orden de arresto, entre ellos Albertano Peñalosa.

Después de analizar el caso, Amnistía Internacional consideró que la detención y el procesamiento de Felipe Arreaga constituyeron un acto de represalia por su lucha pacífica para evitar la excesiva explotación maderera de los bosques locales de la región. La organización lo adoptó como prisionero de conciencia, pidiendo su libertad inmediata e incondicional.

En 1998 Amnistía Internacional ya adoptó el caso de los dos miembros de OCESP, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que fueron detenidos por los militares y torturados para que confesaran que habían cometido delitos relacionados con armas y con drogas. Los dos fueron declarados culpables sobre la base de pruebas falsas y fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. La presión nacional e internacional sobre el caso forzó al presidente Vicente Fox a ordenar su excarcelación en 2001.



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