Noticia nº52.369

/noticias.info/ David Chica afirma que el fallo “responde a la estrategia de criminalización de los movimientos sociales en la etapa de Aznar y dirigida por Ansuategui en Madrid”. El responsable de Movimientos Sociales de Izquierda Unida, lamenta que un juzgado haya impuesto “condenas disparatadas y del todo punto desproporcionadas” de más de 9 años a los cuatro encausados por su participación en las multitudinarias protestas contra la LOU en el 2001.

Tras una reunión mantenida con la Plataforma de familiares y amigos de los detenidos en estas movilizaciones, Chica manifiesta que “volvemos a ver un caso con contradicciones e irregularidades en la actuación de la Policía en una etapa de ostigamiento a los movimientos sociales por parte del Partido Popular, entonces en el Gobierno.”

Desde IU se señala que la ciudadanía sufrió durante la etapa del PP una persecución a toda persona que se oponía a sus políticas. Se recuerdan ejemplos de actuaciones represivas alentadas por el PP a lo largo de toda la etapa de gobierno de Aznar. No hay más que recordar la Huelga General, las manifestaciones contra la Guerra de Iraq o la las convocadas durante el semestre de presidencia española de la UE.

En el caso objeto de la mencionada condena, los sucesos ocurrieron una vez finalizada la multitudinaria manifestación contra la LOU del 1 de diciembre de 2001 y el posterior concierto musical, convocados por la mayoría de organizaciones políticas y sindicales en la Plaza de España.

Para IU, durante el juicio “sólo se ha podido demostrar las incongruencia de los policías y de los atestados policiales. Tanto la irregularidad del sumario, como los contradictorios testimonios de los policías evidencian la falsedad de la acusación y una condena absolutamente injusta, recalca Chica.”

IU considera fuera de lugar que se condene a más de 9 años a cuatro jóvenes por estos sucesos que han quedado sin demostrar durante el juicio. El responsable de Movimientos Sociales de Izquierda Unida expresa su “solidaridad y total apoyo a los condenados”, y respalda “todas las acciones legales y sociales que lleven a cabo para denunciar lo injusto del proceso y la sentencia”.