Noticia nº53.600

/noticias.info/ El coordinador ejecutivo de Política Institucional de Izquierda Unida, Félix Taberna, asegura que “nuestra organización se sitúa a la ofensiva frente al debate abierto sobre la reforma constitucional y haremos valer un modelo ambicioso para cambiar la Constitución Española, frente a la tibieza y las serias limitaciones con las que el Gobierno y el resto de formaciones políticas afrontan este importante tema”.

Taberna recuerda que “IU tiene perfectamente elaborada su propuesta de reforma constitucional, que fue aprobada recientemente por la Comisión Permanente de esta formación. Frente a la falta de concreción y nula defensa de una verdadera opción de izquierdas del Ejecutivo en este tema y frente al ‘miedo’ que trata de hacer calar el PP en la sociedad ante la perspectiva de cualquier mínimo cambio, IU plantea unas propuestas rigurosas y adecuadas a las demandas que plantea una mayoría de sociedad progresista como la nuestra”.

Para el dirigente de IU, “la nuestra es una propuesta ambiciosa que trata de encontrar un nuevo nexo entre cuestión democrática, cuestión social y reforma del Estado. Estas tres cuestiones concretan con mucha precisión unos ejes fundamentales centrados en:

· Federalismo y republicanismo como democratización y descentralización del poder, que relaciona derechos sociales con las necesidades de las personas y formas renovadas de intervenir y organizar la política.

· Cuestión social que haga de la democracia sustancial su centro, que garantice la participación en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la empresa, y que convierta los derechos fundamentales en proyectos sociales tangibles.

. Democracia participativa que desarrolle una idea-fuerza de la política como autogobierno de los ciudadanos y ciudadanas, acercando la toma de decisiones e incluyendo al máximo de hombres y mujeres en las cuestiones colectivas, empezando por los municipios hasta llegar a la Unión Europea.

También sitúa su propuesta republicana como bandera de concepción democrática. En un sistema monárquico, como el que establece la Constitución española, el acceso al desempeño de la Jefatura del Estado se somete a unas normas de carácter excepcional, no sólo distintas sino incluso contrarias a las que se establecen para el resto de los cargos públicos. Así, se trata de un cargo que no está abierto en principio a todos los ciudadanos, sino solamente a algunos de ellos, y el acceso no se hace ni en virtud de mérito y capacidad ni en virtud de un mandato popular.

Nuestra propuesta en cuanto a la Jefatura del Estado pasa, en último término, por que se configure como un cargo público más, al que se acceda por el mecanismo usual en democracia de la elección parlamentaria o popular. En suma, estamos a favor de la forma de gobierno republicana.

Para la actual coyuntura política de reforma constitucional y ante el Dictamen del Consejo de Estado sobre la materia, desde IU proponemos 17 modificaciones constitucionales.

Propuestas concretas:

1.- Modificación del artículo 13 para extender el derecho al voto a todos los ciudadanos establemente residentes en España, al margen de su nacionalidad.

2.-La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y especialmente para asegurar la de la mujer en régimen de paridad. Creemos procedente adicionar al artículo 23, que regula el derecho a la participación en asuntos públicos y el acceso a funciones y cargos públicos.

3.-El artículo 68 debiera modificarse en el sentido de eliminar la exigencia de la circunscripción provincial para las elecciones al Congreso de los Diputados, de modo que se abra la puerta a otro sistema electoral que preserve con más fidelidad el principio de representación proporcional y no prime a las hectáreas sobre los ciudadanos.

4.- Prever la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan someter a consulta popular o referéndum decisiones políticas dentro del ámbito de sus competencias.

5.-Flexibilizar los requisitos de la iniciativa legislativa popular contemplada en el artículo 87.

6.-Artículo 20.3 el respeto del pluralismo en los medios de comunicación, precisando el derecho de acceso de los grupos políticos durante procesos electorales y de consulta a la ciudadanía con el principio de reparto equitativo en función de su representatividad.

7.- Suprimir la consideración de los derechos económicos, sociales y culturales como "principios rectores de la política social y económica". Tal como aparecen ahora estos derechos carecen de la protección reforzada que caracteriza a los derechos fundamentales, es decir, no son derechos subjetivos ni tampoco requieren desarrollo legal. No son realmente derechos fundamentales, con lo que sólo retóricamente puede hablarse en la actualidad de un Estado social de derecho.

8.- El Estado español renuncie al uso de la guerra como instrumento de política exterior, tal como hizo la Constitución de 1931 siguiendo la línea del Pacto de la Sociedad de Naciones.

9.-La regulación del derecho a la vida debe completarse con otro precepto que debe establecer el derecho a percibir unos ingresos mínimos o una renta básica suficiente para atender las necesidades básicas vitales, que los poderes públicos están obligados a garantizar a las personas que no dispongan de ellos y que en cualquier caso será un mínimo exento fiscalmente. Y junto al derecho a la vida, debería incluirse también el derecho a una muerte digna.

10.-El derecho al trabajo del artículo 35, además de pasar a formar parte del núcleo más protegido de los derechos, debe incluir la obligación de que los poderes públicos garanticen el acceso a un puesto de trabajo.

11.-En el mismo sentido debería modificarse el artículo 128 para incluir expresamente entre los recursos esenciales que pueden ser reservados al sector público el suelo urbanizable.

12.-Los artículos 49 y 50, relativos a la atención a disminuidos y tercera edad, debieran rehacerse para establecer el principio del derecho a la atención de las personas con dependencia para realizar las tareas cotidianas.

13.-El artículo 130, cuya redacción actual no tiene apenas ningún efecto práctico, debería ser redactado de modo que se fijen los siguientes objetivos a la actuación de los poderes públicos en el ámbito económico:

a) Promover el aumento del bienestar social y de la cohesión social en un marco de desarrollo sostenible. b) Promover la justicia social asegurando la igualdad de oportunidades. c) Asegurar la eficacia y la eficiencia del sector público. d) Asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados garantizando la adecuada concurrencia entre las empresas, combatiendo los abusos de posiciones dominantes u otras prácticas lesivas para el interés general.

14.-El Título Preliminar de la Constitución, en su artículo 3, debería reconocer con claridad el carácter pluricultural y plurilingüístico del Estado.

15.-El Título VIII debería disponer un nuevo marco competencial del Estado y de las Comunidades Autónomas, revisando a fondo el artículo 149, con un reparto nítido de responsabilidades entre uno y otras y evitando el actual efecto de que prácticamente todas las materias son compartidas.

16.-También debe suprimirse la prohibición contenida en el artículo 145.1, permitiendo la posibilidad de establecer lazos especiales de tipo federativo entre las Comunidades que así lo decidan.

17.-También debería reformarse el procedimiento de modificación de los Estatutos de autonomía, de manera que aquello que no afecte a la delimitación de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma quede a la libre decisión de cada Comunidad, de forma similar a lo producido en las últimas modificaciones constitucionales de Italia.