Noticia nº56.133

/noticias.info/ El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV reclamará mañana el voto secreto en el Pleno del Congreso tras la defensa que realizará de la Moción consecuencia de la Interpelación Urgente al Gobierno presentada la semana pasada, en la que planteará sus propuestas para dotar de claridad a la financiación de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas en los Presupuestos Generales del Estado, así como la revisión del Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, para ajustarla a la Constitución vigente.

El portavoz del Grupo Parlamentario, Joan Herrera, defenderá que en la actualidad no se pueden mantener privilegios fiscales o de trato a ninguna confesión religiosa, por lo que la relación del Estado, partiendo de nuestra realidad social actual, debe tener un trato aconfesional y de equidad con las mismas, todo ello desde el respeto a la libertad religiosa e ideológica que recoge la Constitución Española.

Herrera considera que la moción de IU-ICV parte de la sensibilidad latente en un amplio abanico de grupos sociales, políticos, culturales y religiosos “que defienden vivir en un entorno basado en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, huyendo de imposiciones obligatorias o generalizadas en las decisiones normativas o de gestión de los poderes públicos del Estado”.

IU-ICV pone en marcha esta iniciativa parlamentaria después de que el Grupo Socialista votara hace dos semanas en contra de la enmienda presentada por Izquierda Verde a los Presupuestos Generales del Estado –con la ruptura de la disciplina de voto por parte de varios diputados socialistas apoyándola- en la que se concretaba de manera pormenorizada la forma en que debía abordarse estos cambios. La intención de IU-ICV con estas iniciativas es que la Iglesia Católica no siga recibiendo una sobrefinanciación -cuantificada en cerca del 30%- que va más allá del 0,529% que los fieles destinan a través de su declaración del IRPF.

Además, mientras varios miembros del Gobierno y del PSOE ha lanzado distintos mensajes sólo a nivel propagandístico señalando su intención de evitar esta sobrefinanciación de la Iglesia, pero sin decir cómo ni cuándo, su actuación en la práctica ha sido echar por tierra las iniciativas de IU-ICV en ese sentido. Nuestro Grupo Parlamentario espera que el Gobierno abandone hoy esta táctica y dé respuesta a la sociedad sobre qué planes concretos tiene sobre este tema.

A continuación se adjunta el contenido de la Moción en la que se insta al Gobierno a:

1º.- Que desde un marco plural se aborde el estudio de los tratamientos fiscales y las condiciones de relación del Estado con las distintas confesiones religiosas, para superar si los hubiere, los tratos de privilegio que se pudieran estar produciendo, para lograr que la financiación de las Iglesias a costa de los Presupuestos Generales del Estado se realice con total transparencia y equidad en relación con su implantación.

2º.- El Gobierno, en el marco de la Reforma Fiscal, estudiará la posibilidad de sustituir en la gestión del IRPF la casilla de aportación a la Iglesia Católica por otras, como la de proyectos de cooperación al desarrollo y la de actividades medio ambientales.

Mientras que se mantenga el actual sistema de IRPF, el Estado debe ser mero gestor de la decisión de los ciudadanos al pagar sus impuestos. Por tanto, la aportación del IRPF debe circunscribirse a lo realmente decidido por los contribuyentes y las anticipaciones mensuales a cuenta que se realicen a partir de Enero de 2006 se fijarán en la cuantía resultante en dividir por doce la cantidad resultante de la liquidación del año anterior incrementara en la previsión de IPC del Gobierno para el ejercicio. Se reclamará lo pagado en demasía o se transferirá lo realizado si es inferior a lo aportado en la liquidación definitiva en el siguiente ejercicio.

3º.- Que establezca un proceso de aclaración y precisión para que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas, incluida la Iglesia Católica, se doten de nitidez y transparencia en el gasto que se exige a todo gasto público, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas y, además, partir de compromisos concretos o actuaciones programadas desde el interés de los servicios o prestaciones que los ciudadanos reciben, pero fuera del adoctrinamiento ideológico o religioso. Todo ello por entender que la Iglesia Católica, al igual que el resto de organizaciones religiosas, debe lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.

4º.- Que denuncie los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, derivados del Concordato, como paso previo a la revisión del mismo porque los acuerdos internacionales del Estado español se deben ajustar a la Constitución Española de 1978, especialmente en lo que se refiere a los artículos 14, 16 y 27, que determina un Estado aconfesional con libertad de culto. Los acuerdos estatales deben de sujetarse a estos preceptos constitucionales y ajustado, además, para la declaración de Derechos Humanos de 1948 especialmente en lo que se refiere a los artículos 2, 18, 19, 20, 25 y 26.