Noticia nº98.906

/noticias.info/ El Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CNSC), que reúne a las instituciones con competencias en materia de seguridad y a diversos representantes de la sociedad civil. Camacho ha destacado la importancia de este órgano en el diseño de las políticas de seguridad y en la necesidad de seguir impulsando las diferentes iniciativas que en él se plantean.

El Consejo ha acordado trabajar específicamente en el desarrollo de medidas contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual, ámbito en el que el Gobierno ya tiene ultimado un Plan Integral.

Durante su intervención, el Secretario de Estado de Seguridad ha informado a las organizaciones que forman parte del CNSC sobre la situación y la evolución de la criminalidad en España y ha recordado que la tasa de criminalidad se ha consolidado alrededor de 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (UE). Además, ha destacado el importante refuerzo del sistema público de seguridad que se ha producido en los tres últimos años, en los que se ha recuperado el nivel de inversión, que ya alcanza el 0,6% del producto interior bruto (PIB) frente al 0,49% registrado en 2004, y que ha permitido frenar el deterioro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado.

Además, Antonio Camacho ha repasado las actuaciones desarrolladas por los grupos de trabajo impulsados por el CNSC en la reunión de abril de 2006 en el ámbito de juventud y seguridad y de la siniestralidad laboral.

Juventud y seguridad

En el ámbito de juventud y seguridad, el grupo de trabajo ha estado integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto de la Juventud y el Consejo de la Juventud de España, Comisiones Obreras y UGT. El objetivo de este grupo de trabajo era abordar de una manera integral todos los problemas relacionados con la juventud y la seguridad y dar respuesta, especialmente a través de la prevención, a la preocupación de la sociedad por las conductas violentas o delictivas que afectan a los jóvenes, ya sea como víctimas o como autores (acoso escolar, tráfico y consumo de drogas, delitos contra la libertad sexual, comportamientos racistas y xenófobos, actividades relacionadas con bandas juveniles, etc).

El Secretario de Estado ha repasado las propuestas del grupo de trabajo y ha explicado las medidas que, a partir de ellas, ha puesto en marcha el Ministerio del Interior y que se resumen en tres instrumentos:

La firma de un “Acuerdo Marco de colaboración para la mejora de la Seguridad” con el Ministerio de Educación y Ciencia el pasado mes de diciembre, que recoge la promoción de acciones educativas y materiales didácticos para mejorar la seguridad personal y ciudadana desde el ámbito educativo y el desarrollo de mecanismos de comunicación entre la comunidad educativa y los expertos policiales para la prevención de casos de delincuencia juvenil en el entorno escolar, conflictos y situaciones de acoso escolar grave.

El “Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para abordar los problemas de seguridad ciudadana relacionados con la juventud”, firmado con la FEMP, que reforzará los instrumentos con los que cuenta el sistema público de seguridad en este ámbito.

El “Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar” mediante el que se activan los recursos internos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para el cumplimiento de estos objetivos y que movilizará al menos a 6.500 agentes de ambos cuerpos.

Siniestralidad laboral

En cuanto al grupo de trabajo destinado a la siniestralidad laboral, han estado integrados en él, además de los Ministerios del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía, Comisiones Obreras, UGT y la CEOE. Su objetivo ha sido establecer mecanismos específicos de colaboración y coordinación entre las Administraciones implicadas a nivel estatal para garantizar una investigación rápida y eficaz de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y asegurar la ejecución de las sentencias condenatorias, y, al mismo tiempo que servir de referencia para la aprobación de convenios específicos con las distintas Comunidades Autónomas.

Para ello, el grupo ha elaborado un protocolo marco de colaboración en el que se está trabajando actualmente y que mejorará los instrumentos para mejorar la coordinación entre la Policía Judicial y la Inspección de Trabajo para mejorar la eficacia de las investigaciones de los accidentes de trabajo más graves.

Las instituciones representadas en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana han coincidido en la necesidad de seguir trabajando en los temas de juventud y seguridad, manteniendo abierto el grupo de trabajo creado como consecuencia de la reunión anterior del Consejo, e impulsar, durante los próximos meses, nuevas iniciativas en relación con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual.

El papel del CNSC

El CNSC fue creado en 1995 a través de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para cumplir tres finalidades:

1.- Favorecer y permitir que los ciudadanos se corresponsabilicen en la formulación y diseño de las políticas de seguridad y en su posterior seguimiento.

2.- Favorecer una mayor profundización en la cooperación de las FCSE con los ciudadanos y con sus movimientos asociativos y representativos.

3.- Y posibilitar un mayor acercamiento de la Administración de la seguridad pública al ciudadano y una mayor agilización en el funcionamiento de la misma.

En él están representados, además del Ministerio del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, UGT y CCOO, la CEOE, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de la Juventud, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y diferentes asociaciones profesionales, de vecinos y padres de alumnos, consumidores y usuarios, mujeres, personas mayores y organizaciones no gubernamentales.