Noticia nº115.102

/noticias.info/ El Grupo Parlamentario de IU-ICV en el Congreso impulsará distintas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2008 para que se reconozcan indemnizaciones al colectivo de homosexuales represaliados por el franquismo.

La diputada Isaura Navarro explicó hoy cómo se llevará a cabo esta iniciativa en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente de la Asociación de Ex presos Sociales del Franquismo, Antoni Ruiz, y la ex diputada de IU Marisa Castro. La decisión de llevarlo adelante y buscar el apoyo del resto de grupos de la Cámara se tomó tras la reunión mantenida ayer por Navarro y el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, con representantes de este colectivo.

"Las indemnizaciones no cambian el pasado pero suponen un reconocimiento social necesario al dolor que padecieron estas personas", destacó Navarro. En su opinión, “es la manera más efectiva de poner punto final y acabar con la discriminación y el olvido por una gran parte de la sociedad que padecieron. La dictadura destrozó muchas vidas, entre ellas las suyas, y es de justicia que ahora les sea reconocido”.

Al tiempo que mostró su confianza en que esta iniciativa de cara a los Presupuestos Generales sea aceptada por todos los grupos, Navarro señaló también que IU-ICV está tratando de que el reconocimiento explícito a este colectivo quede también plasmado convenientemente en la Ley de Memoria Histórica que en estos momentos está en fase de tramitación en el Congreso.

Para Isaura Navarro, estas iniciativas van a suponer "el broche de oro" al trabajo de IU-ICV durante esta legislatura "para arrancar y que se reconozcan en las leyes aprobadas hasta ahora los derechos civiles y de igualdad de este colectivo".

Antoni Ruiz, por su parte, detalló que en la propuesta presentada a los representantes políticos por la asociación que preside se solicita una indemnización en pago único cercana a los 12.000 euros y, posteriormente, una paga que rondaría los 800 euros al mes. Un número significativo de miembros de este colectivo cobran en la actualidad una pensión mínima de carácter no contributivo debido a que la represión sufrida les impidió poder cotizar en su día con normalidad por las penas de cárcel sufridas o la imposibilidad de encontrar un trabajo por sus antecedentes.

En caso de que la iniciativa salga adelante quienes demanden estas prestaciones deberán acreditar ante el Ministerio de Justicia las detenciones y penas sufridas durante la dictadura, tal y como reconoce la petición elaborada por este colectivo. Para justificar la represión por motivos de sexo, las autoridades franquistas aplicaron a estas personas sucesivas leyes como la de Vagos y Maleantes o la de Peligrosidad Social, en algunos casos hasta los primeros años de la transición democrática.

Ruiz, tras valorar que "hoy es un día histórico" para las personas que estuvieron en esa situación, calcula que fueron unas 4.000 quienes sufrieron este tipo de represión. Reconoció que la mayoría de ellas han fallecido por el tiempo transcurrido, que su asociación dispone de datos de cerca de un centenar que entrarían en los supuestos contemplados pero que, una vez que la iniciativa prospere, espera que se pongan en contacto con su asociación otras personas que hasta ahora no lo han hecho.