Noticia nº119.066

/noticias.info/ La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado hoy el dictamen del Proyecto de Ley de Adopción Internacional con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia, con lo que dicho texto continuará su tramitación en el Senado. Esta Ley cuyo objetivo fundamental es garantizar que en las adopciones internacionales prevalezca siempre el interés superior del menor, contó con el apoyo mayoritario de todos los grupos de la Cámara, a excepción del PP que se abstuvo.

El portavoz socialista, Mario Bedera, ha destacado que “estamos ante una ley necesaria, no sólo por las recomendaciones de la Comisión Especial del Senado en esta materia, sino también porque somos el primer país en adopciones por número de habitantes, con 12,3 adopciones por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo”. Una realidad,que para Bedera “nos obliga a dar soluciones”.

En este sentido, Bedera ha expresado que “debemos también dar respuesta a las familias e impedir que su proceso de adopción sea una carrera de obstáculos”. Un proceso, “donde a la expectación por conocer a tu hijo se une la compleja tramitación administrativa” y en el que “las familias adoptantes necesitaban también un instrumento que les diera seguridad”, ha añadido.

UNA LEY NECESARIA

“Una necesidad que de igual forma estaban esperando las ECAIS (Entidades colaboradoras de Adopción Internacional), dado que juegan un papel crucial en el proceso de adopción, ya que su labor de intermediación afecta a cerca del 70% de las tramitaciones y son las primeras que nos reclaman un texto claro”, ha explicado Bedera.

Sin embargo, y por encima de todo, el parlamentario socialista ha destacado que “es una ley necesaria para los niños, a fin de evitar y prevenir la sustracción, venta y tráfico de menores y evitar situaciones que todos deploramos como el caso del Chad”. El portavoz socialista ha destacado que “el nuevo texto fortalece las garantías para el menor con el refuerzo de las medidas de carácter internacional, con medidas como prohibir específicamente la adopción de menores en zonas donde haya un conflicto bélico o desastre natural, y cuando no exista una autoridad específica que controle y garantice la adopción en el país de origen”.

A la luz de acontecimientos como los de Chad, el diputado del PSOE ha destacado que estas lamentables actuaciones “pueden ser utilizadas para introducir restricciones a la adopción internacional”. Una situación ante la que debemos enviar un mensaje muy claro a todos estos países en el que se diga que “España respeta los tratados internacionales, y en el que se deje claro que garantiza la legalidad de las adopciones en esos países”; que asume el principio de subsidiaridad y garantiza el derecho a conocer los orígenes biológicos del menor, además de comprometerse a enviar a dichos países los informes de seguimiento postadoptivos”. Un conjunto de garantías que “están en el texto de esta Ley”.

Mario Bedera ha hecho hincapié en que “por primera vez se promulga una norma del máximo rango que aporta seguridad jurídica y unifica toda la normativa española en esta materia, dado que estaba muy dispersa y poco sistematizada”. Además, ha explicado que en su tramitación se han incorporado más del 50% de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios.

Entre las enmiendas socialistas, el ponente del PSOE ha resaltado la relativa a “la adoptabilidad, mediante la que se acredita que el menor reúna todos los requisitos para ser adoptado”, es decir, se exige un permiso de los padres biológicos -cuando exitieran- y otro, de las autoridades en el país de origen”. Igualmente ha resaltado otra para que las ECAIS designen la persona que actuará como representante en los países de origen”.

Bedera ha destacado que, “fruto de una transacción se ha ajustado mejor la cuestión competencial de las CCAA en la materia, en los territorios con derecho civil propio y según el Convenio de La Haya”. Pero además, Bedera ha explicado que “junto al reconocimiento competencial se han introducido elementos de coordinación entre las distintas administaciones, a fin de mejorar el proceso”.

Por último, el diputado socialista ha rebatido las críticas del PP en estos aspectos “porque estamos en un Estado descentralizado”, en el que las competencias en la gestión de la protección de los menores corresponden a las administraciones autonómicas, tal como se recoge en los convenios internacionales y forales, así como en los Estatutos de Autonomía. “Y aceptar los planteamientos del PP supondría retroceder a tiempos anteriores a la aprobación de los Estatutos de Autonomía que otorgan dicha competecia a sus respectivas comunidades”.