Noticia nº119.067

/noticias.info/ Un de los mayores retos que plantea el sistema europeo de intercambio rápido de información sobre productos no alimenticios que pueden suponer riesgos para los consumidores, conocido como Red de Alerta, es el espectacular aumento de las notificaciones que en 2007 han crecido un 48% en la Unión Europea.

Esto ha hecho que España inicie una línea de trabajo para gestionar el sistema con la eficacia y garantía que requiere, especialmente si se tiene en cuenta la complejidad de la administración española, con 17 comunidades y dos ciudades autónomas.

Este hecho diferencial respecto a otros estados miembros de la Unión Europea ha sido puesto de manifiesto hoy en el Seminario Rapex (Sistema rápido de alerta sobre productos de consumo peligrosos) que se celebra en Madrid, organizado por el Instituto Nacional del Consumo (INC), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, y la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea.

La reunión, de carácter eminentemente técnico, se encuadra dentro de los objetivos del Plan de medidas para la seguridad y control de los productos de consumo en el mercado, presentado y debatido el pasado 25 de octubre en la Conferencia Sectorial de Consumo, máximo órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia, e impulsado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros.

En el seminario se debaten asuntos como el procedimiento de aplicación de la Directiva sobre seguridad general de los productos; clasificación, notificaciones, métodos, contenidos, seguimiento de las notificaciones y reacciones que se registran; métodos de valoración de riegos; obligaciones de notificación de los productores y distribuidores; y problemas específicos para la implementación del RAPEX en España.

UNIFICACIÓN DE LAS VALORACIONES DEL RIESGO

La responsable del punto de contacto RAPEX en España, Paloma Deleuze, ha planteado las dificultades para determinar la graduación del riesgo que presenta un producto dados los diferentes criterios de los Estados a la hora de su valoración, una de las cuestiones que se trata de unificar en este Seminario.

En general, esta valoración se hace en función de parámetros como la importancia del riesgo para la seguridad de los consumidores, el sector poblacional al que podría afectar, número de individuos expuestos y las posibilidades de que el riesgo afecte realmente a un consumidor. De lo que se trata es de establecer un método único de calificación.

España dispone de procedimientos detallados para la notificación, control y seguimiento de productos de consumo no alimenticios que puedan suponer un riesgo para los consumidores desde 1995, aunque participa activamente en el RAPEX desde 1986. Esos procedimientos se han ido revisando teniendo en cuenta la experiencia de los años.

Tienen carácter operativo y constituyen una herramienta esencial de trabajo para el intercambio de información entre el INC, punto de contacto a nivel nacional, y las autoridades competentes en materia de seguridad de productos de consumo de las Comunidades Autónomas que hayan sido designadas como puntos de contacto del sistema de red de alerta, SIRI (Sistema de Intercambio Rápido de Información), que es como se denomina dicha red en nuestro país. Este sistema utiliza para recibir y transmitir las notificaciones a los puntos de de contacto de las Comunidades Autónomas una aplicación en Internet, similar a la empleada por el RAPEX para las alertas comunitarias

INTERCAMBIO DE INFORMACION CON ADUANAS

Este año el SIRI ha comenzado a trasladar las alertas de productos procedentes de terceros países a los servicios aduaneros para evitar que estos productos pasen a nuestras fronteras. A su vez, las autoridades aduaneras comunican los rechazos de mercancía por motivos seguridad al Instituto Nacional del Consumo, que a su vez remite la información a la Comunidad Europea.

Dada la efectividad de este intercambio de información, España ha propuesto en este Seminario la creación de una red de puntos de contacto en las aduanas de la Unión Europea que comuniquen los productos rechazados para evitar su entrada por cualquier otro punto, similar a la que ya existe para los productos alimenticios.