Noticia nº146.124

/noticias.info/ Agentes de la Policía han detenido a diez personas que integraban un grupo organizado para llevar a cabo estafas. Habían estructurado un entramado empresarial que ofrecía vacaciones en régimen de uso por tiempo compartido, más conocido por el término “multipropiedad”, prohibido desde que se promulgó la ley 42/98. Exigían a los futuros socios una importante cantidad de dinero que en ocasiones conseguían mediante un préstamo personal.

Agentes especializados en la investigación de delitos económicos iniciaron meses atrás pesquisas a raíz de diversas denuncias de estafas. Las víctimas se consideraban engañadas por una mercantil parte de la trama, ya que los directivos de ésta les habían convencido para formar parte de un club de vacaciones. De esa forma, y por turnos, podrían beneficiarse de estancias en inmuebles propiedad del club. También les informaron de la posibilidad de hacer una prueba totalmente gratis, aunque debían firmar un contrato con la empresa, documento que traía aparejada la formalización en una entidad bancaria de un préstamo personal de unos veintitrés mil euros.

Aunque los captadores de socios informaban a éstos de la posibilidad de solicitar la baja en un periodo de diez meses si por algún motivo lo deseaban, la realidad demostró que era imposible. Nadie atendía en los teléfonos facilitados, ni era posible contactar con persona alguna en el citado club ni en la empresa.

Ante la evidencia de esa estafa, los agentes lograron identificar y detener al administrador de la mercantil: Antonio P.D., de 55 años, que desempeñaba el mismo trabajo en otras diez sociedades. Declaró que lo había aceptado a cambio de una cantidad de dinero.

Casi inmediatamente, los policías averiguaron la identidad de otros dos presuntos implicados en la trama y el lugar al que se habían trasladado, tras constituir una nueva empresa en el distrito de Salamanca, de Madrid. Esta sociedad figuraba con otro nombre, pero el mismo objeto social que las anteriores. Aquí fueron identificados y detenidos el resto de implicados en los delitos.

Se trata de Juan C.G., de 42 años, y Jorge Luis R.U., de 36, organizadores y máximos responsables; su hombre de confianza: Jesús R.G., de 42; una segunda administradora: Cristina del Pilar R.R., de 27; los intermediarios que gestionaban los préstamos en el banco: Francisco Javier S.S., de 45, Julio G.G., de 36, e Israel L.R., de 37; una persona dedicada a la captación de clientes: María del Carmen G.F., de la misma edad que el anterior, y la empleada administrativa de los despachos: Ana María P.R., de 39.

Hasta el momento, son 10 las denuncias esclarecidas, con un perjuicio económico de unos 200.000 euros, aunque se supone que el número se incrementará, pues se han detectado en Internet avisos de la falsedad de esta promoción en los que se anima a denunciar a otros posibles perjudicados. Según consta en diligencias, este grupo criminal está perfectamente estructurado, poseen una importante infraestructura y amplios conocimientos sobre gestión empresarial turística. Su trama tiene apariencia de legalidad e incluso cuentan con una persona con amplios conocimientos legales. La operación ha sido dirigida por agentes del Grupo 9º de UDYCO, BPPJ de Madrid.