Noticia nº148.151

/noticias.info/ El Tribunal de Cuentas ha hecho público un informe del 26 de marzo de 2009, sobre la gestión de las Mutuas, en el que fiscaliza los periodos 2005 y 2006. Este informe se centra en el estudio y comprobación de las prescripciones legales por parte de las Mutuas, además del cumplimiento de la eficacia y eficiencia económica, y legalidad de los contratos y su adjudicación. Hay que tener en cuenta que las Mutuas manejan dinero público, fruto de las cotizaciones a la Seguridad Social, que la Tesorería recauda y distribuye entre las Mutuas acorde a las empresas que tengan asociadas.

El Tribunal ha detectado un elevado número de incidencias e irregularidades en la gestión por parte de las Mutuas durante el periodo fiscalizado. Destacan sobre todo:

· El no ajuste de la gestión de las mutuas a los principios de objetividad y transparencia. En la última legislatura 2004 - 2008 se han hecho esfuerzos ímprobos por parte de la Administración para que, tanto el sistema contable de las Mutuas como el sistema de contrataciones, se ajusten a los mismos procedimientos y requisitos que se establecen para el Sector Público, dado que lo que gestionan es dinero de cotizaciones a la Seguridad Social. Para ello, las Mutuas debían ajustar sus contabilidades y contrataciones a la Ley 47/2003 y a la reciente 30/2007, respectivamente. Por el contrario, las Mutuas han seguido vulnerando las limitaciones contractuales y han elegido las empresas que más convenían a sus intereses mercantiles y no a los principios de igualdad, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia que requieren los servicios públicos.

· Las incompatibilidades manifiestas de los directivos de las Mutuas para el ejercicio de su responsabilidad con actividades mercantiles con ánimo de lucro. La gravedad radica en que estas conductas no han sido ni expedientadas por el poder disciplinario del que deberían haber hecho gala las Juntas Directivas; ni lo que es más grave, si cabe, sin exigencias de responsabilidad por la malversación de ese dinero público cuya encomienda tenían.

· Los intentos de privatización de la asistencia sanitaria, en lo que respecta a los reconocimientos médicos para trabajadores de baja por incapacidad temporal por contingencia común. Competencia a la que las Mutuas han tenido acceso desde 1996 y que ha ocasionado graves perjuicios para los trabajadores afectados, que se han sentido perseguidos más que apoyados en su situación de baja
con necesidad de atención sanitaria para su más pronta recuperación. La Mutuas han contratado en el mercado estos servicios de reconocimientos médicos que ha propiciado una baja calidad sanitaria y, lo que agrava aún más esta situación, es que la contratación de los servicios se ha realizado en empresas afines a la red mercantil privada en la que prestan servicios los mismos directivos y ciertos empleados de las Mutuas. Situación que se agrava si se tiene en cuenta que algunos de los servicios sanitarios contratados carecían de las autorizaciones administrativas para el ejercicio.

· Supuestos de cesión ilegal de trabajadores como instrumento de captación de empresas por parte de las Mutuas. Trabajadores de las Mutuas, sanitarios y prevencionistas, que han sido cedidos a empresas asociadas como “agradecimiento” por haber suscrito el documento de asociación una Mutua determinada.

Estos y otros aspectos son los que llevaron en agosto de 2007 a la intervención de la fiscalía sobre la tercera Mutua más grande del país, en cuyo proceso judicial subsiguiente, CCOO está personada.

Todo ello afecta al conjunto de los trabajadores, que son los que reciben los servicios de las Mutuas y particularmente al colectivo de personas empleadas en estas Mutuas que caen en el desprestigio del que son responsables sus gerentes, y se sienten acusados de complicidad por la sociedad que lee y sigue las noticias que afectan a las organizaciones donde trabajan.

CCOO cree que es el momento de emprender una importante reforma en el sector de las Mutuas que permita una intervención pública en profundidad y previa a la toma de decisiones por las Mutuas. Además, que permita la participación real y efectiva de los trabajadores en la dirección operativa de las Mutuas, para que realmente destinen sus recursos a la asistencia sanitaria de calidad, a las prestaciones económicas post-daño y a la prevención de las causas que provocan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.