Noticia nº148.305

/noticias.info/ En febrero de 2009 Izquierda Unida envió a la Presidencia del Gobierno un documento con las propuestas de nuestra organización para hacer frente a la crisis.

En síntesis, el documento proponía medidas concretas y cuantificadas, con los siguientes objetivos:

a) Proteger a los trabajadores en paro, y especialmente a aquellos que agotaban las prestaciones de desempleo y a las familias en situación precaria como consecuencia de la situación de paro de sus miembros.
b) Limitar la destrucción de empleo.
c) Crear 1.900.000 puestos de trabajo en tres años, mediante el impulso de la economía real, la inversión pública y la mejora de los servicios públicos.
d) Propiciar un debate, público y democrático, que permitiera poner en marcha un nuevo modelo productivo capaz de generar un desarrollo humano y ecológicamente sostenible que posibilite el pleno empleo, con trabajo estable, digno y de calidad.

Desde entonces la situación se ha agravado. El paro se acerca a los 4.000.000 de personas, la destrucción de empleo se acelera, y las medidas adoptadas por el Gobierno para incentivar la economía productiva no se muestran eficaces, porque, en nuestra opinión, corresponden a un análisis equivocado de la crisis y a la insistencia en soluciones neoliberales. Aprovechando esta situación, la derecha económica y política adelanta sus posiciones proponiendo medidas contrarias a los intereses de los trabajadores, ataca la Seguridad Social y defiende como soluciones precisamente las políticas que han generado y agravado la crisis.

En este contexto, Izquierda Unida mantiene su posición de aportar ideas y propuestas para una salida progresista de la crisis.

Con este propósito, y manteniendo como elementos para el debate el conjunto de las propuestas que constituyen nuestro Plan de Empleo, consideramos que en la situación actual son prioritarias las siguientes medidas:

1.- Asegurar la protección de los trabajadores parados que han agotado sus prestaciones de desempleo. Desde el mes de mayo de 2009 el Estado deberá asegurar un ingreso equivalente al Salario Mínimo para quienes estén en esta circunstancia, lo que representa un gasto aproximado de 6.000 millones de euros en este ejercicio, que tiene en cuenta el 1.127.000 trabajadores que están en esa situación y el incremento previsible en este año.

2.- Crear un parque público de vivienda en alquiler protegido y tasado que no supere el 30% de los ingresos familiares. Las viviendas procederán del stock de no vendidas y serán adquiridas por el Gobierno a precio de coste y que se otorgaran preferentemente a gente que este sufriendo desahucios de vivienda.

3.- Condicionar las ayudas a la banca a su traslado bajo forma de créditos a familias, autónomos y Pymes y subvencionar los costes de los avales exigidos a autónomos y Pymes para acceder a los créditos y así poder generar empleo.

Consideramos que estas tres propuestas, además de ser prioritarias en las actuales circunstancias, son urgentes.

4.- Garantizar el mantenimiento del carácter social de las Cajas de Ahorro. La Reforma de la Ley de Cajas evitará la participación de capital privado bajo cualquier modalidad, reforzará el control público y democrático de las Cajas, establecerá un sistema eficaz de responsabilidades para los gestores y limitará taxativamente la operativa de las Cajas para evitar cualquier tipo de actividad especulativa. Esta reforma deberá servir de embrión junto con el ICO de una futura banca pública.

5.- Abreviar los plazos de pagos del conjunto de las AA.PP. a sus proveedores, con la correspondiente ayuda financiera a los Ayuntamientos que tengan dificultades para cumplir con esa medida a través del ICO.

6.- Tomar las medidas legales necesarias para limitar los altos salarios, bien mediante la regulación de los contratos o bien mediante medidas fiscales. Esta medida debe ser especialmente rigurosa en los casos de empresas con ERE o en aquéllas que perciben ayudas públicas de cualquier tipo (incluido avales) como consecuencia de la crisis.

7.- Anular en el plazo de tiempo más breve posible las medidas fiscales adoptadas por los últimos Gobiernos del PP y del PSOE y, específicamente, la eliminación del Impuesto de Patrimonio (que ha eliminado los impuestos por este concepto de los más ricos, el 1,1% de la población española). El Gobierno deberá presentar una iniciativa legislativa para alcanzar una fiscalidad mucho más progresiva que tenga como objetivo principal el garantizar que paguen más los que más tienen.

8.- Combatir el fraude fiscal y hacer emerger la economía sumergida. Evitar el blanqueo de dinero y la operativa de los bancos españoles en paraísos fiscales. Dotar a la AEAT de los medios técnicos y humanos necesario para ello.

9.- Dotar con fondos suficientes el desarrollo de la ley de dependencia, y la sanidad y educación públicas, en especial para plazas de 0 a 3 años. Todo ello implica construcción de equipamientos públicos, dotación de personal, mejora de la gestión pública. Contribuyendo así al aumento del empleo, al tiempo que atiende importantes necesidades sociales y asegura el ejercicio de derechos fundamentales en condiciones de igualdad.

10.- Paralizar la reforma forzosa de los planes de estudio vinculados al Proceso de Bolonia y abrir un debate amplio y democrático sobre el futuro de la Universidad española.

11.- Abrir un amplio debate sobre las características de un nuevo modelo productivo sostenible para nuestro país. Debate que debe contar con la participación de las fuerzas políticas y sindicales y de los movimientos sociales. Un debate que tiene que producir resultados básicos que puedan ser trasladados a la práctica.

12.- Garantizar una democracia representativa de calidad con una reforma electoral en la que todos los votos de la ciudadanía tengan el mismo valor electoral.