Noticia nº149.058

/noticias.info/ FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción por el rechazo in extremis del Parlamento Europeo a la aberrante enmienda que preveía la desconexión de Internet, sin orden judicial, a los usuarios que intercambian archivos sin ánimo de lucro.

No obstante, la asociación no deja de continuar preocupada por el contenido final que llegue a tener el llamado Paquete Telecom y los perjuicios que éste pueda causar a los derechos de los consumidores, la difusión de la cultura y el progreso tecnológico.

La medida rechazada por el Parlamento Europeo, advierte FACUA, habría convertido a unas cuantas empresas y lobbies en auténticos policías y jueces de la Red, que dictarían sus sentencias partiendo de la presunción de culpabilidad de cualquiera que entrase en ciertas webs o compartiese archivos a través de Internet. Todo ello obviando derechos tan fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la privacidad, la intimidad y la presunción de inocencia.

Negociaciones en España

En cualquier caso, FACUA muestra su preocupación por las inquietantes negociaciones que están llevando a cabo en España las empresas de telecomunicaciones con la industria audiovisual y las entidades de gestión de derechos de autores y editores para buscar fórmulas por las que instaurar algún tipo de censura en la Red. Negociaciones impulsadas por el Gobierno, que prefiere mantener al margen a las organizaciones de consumidores e internautas.

La decisión adoptada este miércoles por la Eurocámara da la espalda a una iniciativa cuyo principal impulsor es el presidente francés, Nicolas Sarkozy y que también viene exigiendo el Gobierno estadounidense.

Por 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones, la Eurocámara ha aprobado una enmienda alternativa que exige una orden judicial para que un proveedor pueda restringir el acceso a Internet. Dado que esta modificación no estaba incluida en el acuerdo con el Consejo, la totalidad del paquete sobre las telecomunicaciones tendrá que ir a conciliación.

La nueva normativa ya no podrá ser aprobada en esta legislatura, abriéndose un periodo de conciliación en el que los gobiernos deberán volver la mesa de negociaciones con el Parlamento Europeo.