Noticia nº150.258

/noticias.info/ Madrid, España — Ante la propuesta de Resolución del Secretario de Estado de Energía sobre el “bono social”, Greenpeace ha pedido que la forma de aplicar esta medida sea apoyando el uso eficiente de la energía, en vez de simplemente congelarles el recibo durante dos años.

El bono social es una medida necesaria para proteger a los consumidores más vulnerables ante la posible subida del precio de la electricidad a partir del 1 de julio. Pero esta medida debería usarse para apoyar el consumo eficiente y no para mantener a esos consumidores engañados durante dos años con una tarifa menor a las demás.

"Los consumidores con derecho al bono social deberían ser compensados económicamente por las medidas de ahorro y eficiencia que tomen. De esta forma, al reducir su consumo sin perder calidad de vida, no verían subir la cantidad que pagan en el recibo de la luz", ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España. “Si se subvenciona la eficiencia, el beneficio para el consumidor permanece en el tiempo, mientras que congelando la tarifa sólo se retrasa la subida y se evita que esos consumidores hagan un consumo más eficiente”.

Según la propuesta de Greenpeace, los consumidores con derecho al bono social recibirían un ingreso de su suministrador de electricidad por cada factura presentada en medidas de ahorro y eficiencia energética que se correspondan con las ya recomendadas públicamente por el Ministerio de Industria a través del IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético), hasta un total equivalente a la cantidad que les correspondería pagar de más si se les aplicase la nueva tarifa de último recurso a su consumo actual respecto a la que pagarían si se les congelase la tarifa durante los dos años que propone el Gobierno.

En cuanto a la forma de aplicar el bono social, Greenpeace cree que los beneficiarios deberían aportar la información que les acredita como tales (pensionistas, familias numerosas y desempleados) a la Comisión Nacional de Energía (CNE), que es un organismo público, y no a la compañía eléctrica privada, que no tiene por qué manejar información privada sobre la situación personal de sus clientes.

La CNE es quien debería supervisar el cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante, y comunicar al comercializador de último recurso a qué suministros debería abonar el bono social. Sólo en el caso de los contratos de potencia menor a 3 kW esa información ya está en manos de las compañías eléctricas, que pueden aplicar el bono social automáticamente.

Greenpeace también propone que la CNE publique el listado de compañías de servicios energéticos (conocidas como “ESCOs”) que podrían ofrecer medidas de ahorro y eficiencia a los consumidores finales, y que esta información sea facilitada a través de las facturas de la luz junto al listado de comercializadoras.

Greenpeace considera que las tarifas eléctricas (que a partir del 1 de julio se llamarán “tarifa de último recurso”) deben reflejar cuanto antes el verdadero coste de la electricidad, para evitar engaños al consumidor y la generación de un déficit injusto y absurdo. Además, mientras la tarifa de último recurso no refleje completamente los costes reales, se seguirá dando una señal contraproducente a los consumidores, que consumen más energía de la que usarían si el precio fuese el verdadero, con lo que al final acaban gastando más dinero.

Para Greenpeace, en un contexto de crisis económica es injustificable cualquier medida que induzca al derroche. Además, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia es la forma más económica de hacer frente a la crisis del clima y evitar un cambio climático catastrófico.