Noticia nº11.819

/noticias.info/ El Parlamento vasco reiteró ayer su rechazo a la nueva reforma de la legislación sobre extranjería por considerar que dicha Ley supone "un nuevo retroceso intolerable en los derechos y libertades que las personas inmigrantes tienen en el Estado español", y además, "fomenta la inmigración ilegal y dificulta el desarrollo de planes de integración por parte de las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, etc." [La Consejería de Inmigración del Gobierno vasco está dirigida por Javier Madrazo, de IU]

Asimismo, instó al Estado a que "transponga a la legislación del Estado la Directiva 2000/43, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico". Además, la Cámara vasca apeló a todas las administraciones públicas a "garantizar, en el ámbito de sus competencias su acceso a los servicios básicos de la sociedad, con independencia de cuál es la iniciativa formulada por el tripartito”.

El parlamentario de Ezker Batua-Izquierda Unida, Oskar Matute denunció que dicha la Ley de Extranjería "dificulta la igualdad de trato y el respeto a las minorías". Asimismo, Matute replicó al PP que su formación está "en contra de las mafias" que operan con la inmigración, al tiempo reprochó que las políticas impulsadas por los 'populares' son "ineficaces" en la lucha contra las mismas. "Son incapaces de atajar el fenómeno de la inmigración", añadió.


Advierten de que las agresiones en El Ejido no pueden considerarse hechos aislados

Organizaciones sociales, como la Federación Almeriense de Mujeres Progresistas, Sindicato Obrero del Campo y la Federación Estatal de Asociaciones de SOS RACISMO, han advertido en un comunicado que las agresiones racistas perpetradas desde el pasado mes de agosto en El Ejido (Almería) no se pueden considerar hechos aislados, sino que responden "al clima de impunidad que en este territorio han adquirido las iniciativas xenófobas desde hace años".

"Hemos de recordar que los sucesos de El Ejido en el 2000 constituyeron uno de los actos racistas más graves vividos en Europa en los últimos años", añaden. En este sentido, apuntan que, pasados tres años desde los incidentes, tanto las consecuencias directas de los hechos (juicios a los agresores, indemnizaciones y responsabilidades políticas), como la situación estructural que contribuyó a causarlos (explotación laboral, segregación urbanística, consentimiento del racismo y situación de irregularidad) siguen siendo cuestiones pendientes.

Por todo ello, exigen una investigación por parte de los cuerpos de seguridad que depure responsabilidades, así como dispositivos preventivos para evitar que se produzcan hechos similares. "Estos incidentes son la punta del iceberg de la situación de precariedad y exclusión social de los inmigrantes irregulares que sirven como mano de obra barata y son víctimas de la cara más cruda del racismo institucional y social", recalcan.