Noticia nº28.331

/noticias.info/ Madrid/Barcelona, 19 de noviembre.- Un año más, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam, con la asistencia técnica de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB , han contrastado la información ofrecida por el Gobierno sobre las exportaciones españolas de armas en 2003 y han constatado que sigue faltando transparencia y control sobre este comercio. Cuatro de cada diez países a los cuales España exportó armas en 2003 no cumplen con los requisitos que estipula el Código de Conducta de la Unión europea. Así se desprende del informe que han presentado hoy, en el que además se hacen 10 recomendaciones específicas a poner en práctica si de verdad se quiere tomar en serio el control del comercio de armas.

Aunque en los últimos años ha habido algunos avances en la manera en que el Gobierno informa sobre esta materia, las transferencias españolas de armas siguen rodeadas de secretismo. En base a una comparación con países de nuestro entorno, el informe recomienda una serie de buenas prácticas que hagan posible conocer la verdad sobre el comercio de armas así como el control de la sociedad civil y muy especialmente del Parlamento.

España ha doblado el volumen de sus exportaciones en los últimos tres años (alcanzado la cifra de 321’9 millones de € en 2003). El 90% del volumen de ventas en el último año han tenido como destino a países de la UE, pero el 40% de los destinos de armas españolas no aprueban el examen del Código de Conducta de la Unión Europea, como es el caso de Israel, India, Indonesia o Venezuela. Éste establece que no se pueden vender armas a países embargados, en conflicto, inestables, que no respeten los estándares de derechos humanos, con problemas de desarrollo o cuando exista riesgo evidente de desvío de la venta a un tercer país.

Por otro lado, el Gobierno ha presentado los datos de exportaciones de 2003 en octubre de 2004, lo que anula cualquier intento de política preventiva. Además de que el nivel de información y de detalle con que se informa puede ser ampliamente mejorado, hay determinados productos que no son considerados armamento por las autoridades españolas y por lo tanto, quedan fuera de los mecanismos de información y control (como los aviones de transporte militar y determinadas armas pequeñas y ligeras y sus municiones). Lo mismo ocurre con las transferencias que no son exportaciones (donaciones, leasing, ventas de productos de segunda mano, venta de excedentes, etc). De hecho, un análisis pormenorizado de todas las transferencias españolas durante el año 2003 muestra que el volumen real de las transferencias de armas españolas es un 50% superior a lo declarado por el Gobierno.

Algunos ejemplos de operaciones sobre las que el Gobierno no rinde cuentas en su informe:
- La venta de aviones de transporte militar a, Jordania, Colombia, Polonia, Paraguay Turquía y Francia.

- Ventas de cañones de segunda mano a Marruecos por el precio simbólico de 1€ la unidad.

- La venta de munición para armas ligeras para numerosos países sub-saharianos. Destaca la exportación realizada a Sudán, un país en guerra desde 1983 y en el actualmente ocurre la peor crisis humanitaria del planeta provocada por el conflicto entre las milicias armadas del Gobierno y los grupos rebeldes en las provincias de Darfur. La munición exportada violaba el embargo al que la UE tiene sometido a Sudán desde 1994. Además, el año pasado España exportó munición a Costa de Marfil por valor de 80.000 euros. El conflicto de Costa de Marfil, si bien se ha avivado en los últimos días, estalló en el otoño de 2002.

Por todo ello, entre las 10 recomendaciones que formula el informe se encuentran: aplicar rigurosamente los criterios del Código de Conducta; ampliar la lista de los productos considerados armamento; rendir cuentas sobre todos los tipos de transferencias de armas y no sólo sobre las exportaciones, y una serie de pasos a dar para acabar de una vez por todas con el secretismo y la falta de información. Así mismo se insta al Gobierno a jugar un papel activo en los foros regionales e internacionales en los que se discuten medidas para mejorar el control del comercio de armas, como la revisión del Código de Conducta de la UE o el proceso para impulsar un Tratado internacional de comercio de armas.

Si el nuevo Gobierno quiere ser firme y coherente en su compromiso de fomentar la paz y la seguridad internacional debe avanzar sustancialmente en la transparencia y el control de las transferencias españolas de armas, demostrando que los derechos humanos y la seguridad de las personas se sitúan por encima de los intereses económicos y políticos.


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