Noticia nº30.592

/noticias.info/ Sorprende la alegría con que autonomías y ayuntamientos acuerdan determinados aumentos de precios. Los aumentos de precios, sobre todo en el transporte público efectuados en las principales capitales, aunque se trate de cifras pequeñas, son proporcionalmente muy elevados, porque superan con creces la inflación prevista para este año, que es el 2%. Puede que estos aumentos de precios estén justificados, sobre todo en el transporte en un año en el que los carburantes han subido entre un 7% (gasolina) y un 9% (gasóleo), pero se ha transmitido la sensación de que se han aprobado sin haber hecho todos los esfuerzos necesarios para limitarlos al mínimo.

Estos aumentos de precios comportan un doble problema: por una parte supone una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los ciudadanos y, por otra, es un serio riesgo de pérdida de competitividad para las empresas ante el marco de creciente globalización al que se enfrentan.

La lucha contra la inflación no sólo es una responsabilidad del Gobierno central, sino que esa tarea debe ser ejercida por todos los niveles de la Administración pública, especialmente autonomías y ayuntamientos, y por el conjunto de la sociedad. No en vano, como dice el viejo profesor Enrique Fuentes Quintana, la inflación constituye el enemigo público número uno de la economía.

Tener una inflación elevada es un signo de ineficiencia de la economía. De entrada, visto lo sucedido las últimas semanas, se debería ser muy cuidadoso en la aprobación de subidas de precios por encima de la inflación prevista, estudiando al máximo todas las posibles alternativas, y en segundo lugar trabajar a fondo para liberalizar todos los sectores en los que el mercado no funciona correctamente. A veces, con una extrema visión miope, por querer defender a determinados colectivos se perjudica al conjunto de la sociedad.