Noticia nº37.541

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• Informa de que los usuarios del operativo desplegado, reconocido como eficaz por la federación de inmigrantes, lo han valorado con una nota de 8,75 sobre 10 puntos
• Tilda de ejemplar la respuesta general del empresariado y para primar las buenas prácticas la Inspección de Trabajo perseguirá el fraude con 6.700 actuaciones en este año
• De las 8.039 solicitudes ya se han resuelto por el Área de Extranjería el 60% de ellas, el doble que la media nacional, cuando el plazo para ello acaba en julio
• Ya se han dado de alta unos 2.500 contratos, el 50% de los expedientes resueltos favorablemente y el 30% de las solicitudes totales presentadas
• El delegado anuncia regularizaciones ordinarias por arraigo, contrataciones en origen, refuerzo policial para impermeabilizar fronteras y aumento de las expulsiones


10 de mayo de 2005 / El delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González, ha realizado esta mañana, en comparencia de prensa, la valoración final del proceso de inmigración, que comenzó el pasado 7 de febrero y concluyó este sábado, afirmando que “sacar a miles de inmigrantes de la economía sumergida es un éxito de y para toda la sociedad navarra”.

“Sin colas en las calles, permítanme que se lo subraye con una amplia sonrisa, y con una nota de notable alto, incluso sobresaliente, para el procedimiento, no lo digo yo, que no soy nada autocomplaciente, sino los usuarios del servicio”, ha precisado Ripa, quien se ha felicitado de que se vayan a regularizar en Navarra siete de cada diez extranjeros con capacidad real de conseguir un contrato, subrayando que “los críticos no esperaban esta cifra” .

El máximo representante de la Administración General del Estado en la Comunidad Foral -acompañado por la directora del Área de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Navarra, Imelda Lorea Echávarren; el jefe superior de Policía, Baldomero Araujo Camblor; el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Enrique Calvo Muñoz; y el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Julián Sáinz Barbarin-, ha informado de que los usuarios del operativo desplegado, reconocido como eficaz por la federación de inmigrantes, lo han valorado con una nota de 8,75 sobre 10 puntos.

“Como refrendo del grandioso trabajo desarrollado por los funcionarios de la Administración Periférica del Estado en Navarra y también de los ayuntamientos, les informo, bien orgulloso, de que las más de 500 personas encuestadas por escrito (de las que han pasado en tres meses por los hasta 19 puestos de recogida de documentación en Pamplona y Tudela) han otorgado al operativo desplegado una calificación de 8,75 puntos sobre 10”, ha indicado.

Concretamente, desglosando el resultado final de estas encuestas, le han concedido un 8 a la facilidad para contactar con el teléfono de cita previa y obtenerla en un plazo aceptable; un 9 a la comodidad de las instalaciones donde se ha sido atendido; un 9 al tiempo de espera hasta que se ha sido atendido y un 9 a la atención recibida en las oficinas de la Seguridad Social. Las notas 10 y 9 eran para valoraciones de muy bueno/a; 8 y 7 para bueno/a; 6 y 5 para aceptable; 4 para malo/a y 3, 2 y 1 para muy malo/a.

Y no sólo los usuarios directos del servicio, la propia Federación de Asociaciones de Inmigrantes en Navarra ha calificado el operativo de eficaz y su presidente se personó el sábado en la Tesorería General de la Seguridad Social para agradecer el trabajo de los funcionarios.

El delegado del Gobierno ha tildado de ejemplar la respuesta general del empresariado, a quien ha felicitado “por su inestimable contribución a este exitoso proceso, que no se habría entendido sin ellos. Se trata de un éxito de toda la sociedad navarra, pero sobre todo de ellos, y en beneficio de toda ella”. Para primar las buenas prácticas, la Inspección de Trabajo perseguirá el fraude con 6.700 actuaciones este año.

La Inspección de Trabajo redobla esfuerzos.

“Dicho lo más importante, que los empresarios navarros han respondido en su inmensísima mayoría de una forma ejemplar, tengo que comunicarles – ha incidido Ripa - que la Inspección de Trabajo va a reforzar su actividad para comenzar a levantar las correspondientes actas de infracción a los empresarios que mantengan trabajadores extranjeros en situación irregular”.

El delegado ha sido tajante, aseverando que “no hay derecho a la explotación laboral y no hay derecho al agravio comparativo con los empresarios que sí han regularizado inmigrantes. En tal agravio incurriríamos si no actuásemos en contra del empleador infractor, como ya se anunció reiteradamente”.

La Inspección de Trabajo en Navarra, que cuenta con una plantilla de 23 profesionales (doce inspectores y once subinspectores), realizará en lo que resta de año 6.700 actuaciones en materia de economía irregular y extranjeros. En cuanto a las solicitudes de normalización, revisará más de medio millar de ellas, habiendo ya emitido informe sobre 157, en el 99% de los casos sin detectar déficit alguno. Las sanciones por extranjero en situación irregular oscilan entre el millón y los diez millones de las antiguas pesetas.

Finalmente, en los tres referidos meses, se han presentado 8.039 solicitudes de regularización en las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad en Pamplona (Avenida de Conde Oliveto, número 7, de Pamplona) y del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (Cuesta de la Estación, número 6, de Tudela). De esas peticiones, quedan a la espera de algún documento 728, en tanto que 29 han sido inadmitidas. Esas personas tienen quince días para subsanar esos expedientes.

Para no perjudicar a estas personas, el delegado ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que sólo quieran saber cómo marcha su expediente para que no acudan a las dependencias del Área de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Navarra, en la avenida de Bayona de Pamplona, sino que, simplemente, llamen al teléfono 902-022222 para informarse.

De las 8.039 solicitudes de regularización ya se han resuelto favorablemente 5.000 (todas en sentido positivo), lo que representa el 60% del total (el doble que la media nacional) cuando el plazo para ello acaba en julio.

Aunque todavía no se conoce exactamente cuántos contratos de este tipo se han dado de alta ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), debido a que el programa informático utilizado no discrimina las altas de este proceso de las habituales, esas altas de inmigrantes se cuentan ya por centenares. “De hecho, podemos decir sin equivocarnos que son casi 2.500. Es decir, casi el 30% de los contratos presentados se han dado ya de alta, el 50% si nos referimos a los ya resueltos favorablemente”, ha matizado Ripa.

El 37,1 % de las socilitudes son de ciudadanos ecuatorianos.

Respecto a las solicitudes presentadas, no ha habido grandes variaciones en las últimas semanas. El 37,1 % corresponden a ciudadanos ecuatorianos y por encima del 10 % sólo se encuentran los colombianos (sobrepasan el 5% los búlgaros –8,47 %-, rumanos –8,1 %-, bolivianos –7,45 %- y marroquíes –6,8 %-). El 37,4 % de las solicitudes presentadas se encuadran en el servicio doméstico (el 66 % de ellas para un solo empleador); del resto de regímenes, tienen especial incidencia las áreas de hostelería, construcción y agricultura.

Con las referencias del padrón a antes del 8 de agosto de 2004 y la capacidad real de trabajar, esta Delegación del Gobierno considera que eran realmente regularizables unos 10.500 inmigrantes, una vez descontados de los 12.700 previstos de acuerdo sólo con el requisito de la estancia, los menores de edad, los mayores de 60 años, los extranjeros transeúntes, los empadronamientos duplicados y las personas con antecedentes penales. “De ahí que hayamos sostenido que se iban a normalizar siete u ocho de cada diez inmigrantes con opciones reales de hacerlo por estar en condiciones de conseguir un contrato de trabajo. Así va a ser”, ha puntualizado el delegado.

Pese a las nuevas vías para probar la estancia, basadas en el padrón por omisión, el número de 10.500 personas regularizables no ha sufrido alteraciones, porque, según ha explicado Vicente Ripa, “los inmigrantes se empadronaban al llegar a Navarra porque el padrón era requisito imprescindible para acceder a la tarjeta sanitaria o para poder matricular a sus hijos”.

El delegado del Gobierno ha advertido que “también hay que tener muy en cuenta que los ayuntamientos navarros, en general, no se han negado a empadronar inmigrantes, lógico, puesto que del número de habitantes también dependen los fondos que les asigne el Gobierno de Navarra del reparto a las haciendas locales”.

Para que la ciudadanía no se deje confundir, Vicente Ripa ha aclarado que “el padrón retroactivo no ha restado ni un ápice de garantía a la normalización”. “Los documentos probatorios de la estancia antes del 8 de agosto de 2004 han continuado siendo de fuste (no simplemente una factura de la tintorería como antaño) y el contrato de trabajo ha seguido como filtro de referencia (con el añadido de carecer de antecedentes penales). Un contrato de trabajo que además debe darse de alta en la Seguridad Social en el plazo de un mes. De ahí, precisamente, que el efecto de los cambios haya sido minúsculo. Y es que la capacidad de absorción del mercado laboral navarro no era ilimitada”, ha añadido.

Ni fracaso ni en contra de la UE.

Ripa ha asegurado que “quien hable de fracaso en Navarra, lo hará al margen de la realidad y más si las críticas vienen de quienes no censuraron anteriores regularizaciones con facturas de tintorería que dejaron un millar de personas en situación irregular. No se lo creen ni ellos porque no esperaban ni de lejos la cifra final y tampoco la ausencia de incidencias”.

El delegado, nuevamente, ha negado que la Unión Europea rechace este proceso: “Al contrario, el Observatorio de la Unión Europea sobre Racismo y la Xenofobia, con sede en la capital de Austria, Viena, ha calificado como ‘positivo’ el proceso de regularización de extranjeros, ‘que da a 800.000 inmigrantes la oportunidad de residir y trabajar legalmente en España’".

El mencionado organismo ha efectuado esta afirmación en un estudio sobre Violencia Racista que analiza este problema entre 2001 y 2004 en los antiguos 15 Estados miembros de la UE.

Medidas para ordenar los flujos.

Vicente Ripa ha anunciado regularizaciones ordinarias por arraigo, contrataciones en origen, refuerzo policial para impermeabilizar fronteras y aumento de las expulsiones.

El delegado se ha cuestionado “¿qué va a pasar ahora?”, respondiendo que “lo primero que hay que decir es que la norma contempla el arraigo laboral y el arraigo social, esto es, dos mecanismos para regularizar inmigrantes de forma cotidiana. Lo segundo, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero va a apostar por la contratación en origen de la mano del empresariado, lo que conlleva un refuerzo policial para impermeabilizar en lo posible nuestras fronteras”.

“Y lo tercero, que en efecto, el número de expulsiones de inmigrantes va a crecer sensiblemente. Consuelo Rumí, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, matiza que aquellas personas sin papeles que abandonen el país voluntariamente podrán acogerse a la contratación en origen”, ha expuesto Ripa, recalcando que el Gobierno de la Nación apuesta por unos flujos migratorios ligados el mercado laboral porque el contrato de trabajo es la única vía para una inmigración con derechos, ordenada y que no dé lugar a la xenofobia.

“El verdadero efecto llamada es el malvivir y la miseria, pero este efecto llamada se potencia con la economía sumergida en el denominado Primer Mundo, con que el extranjero sepa que entra en España y trabaja de cualquier manera, incluso casi como esclavo”, ha concluido, rotundamente, Ripa.