Noticia nº37.713

/noticias.info/ Teresa, de 59 años, abandonó a su marido después de 38 años de insultos, palizas y relaciones sexuales forzadas. Está convencida de que, si le denunciara, su situación empeoraría... No confía en que las instituciones públicas la protejan. En el momento de entrevistarse con Amnistía Internacional, llevaba nueve meses encerrada en su domicilio con las persianas bajadas para hacerle creer que se había ido de la ciudad.

La historia de Teresa en absoluto es excepcional. El número de mujeres muertas como consecuencia de la violencia de género a manos de su compañero o ex compañero ha seguido creciendo desde el 2001, según las estadísticas oficiales. En el 2004, 72 mujeres perdieron la vida a manos de su compañero o ex compañero. Siete de ellas contaban con una orden de protección.

Las sobrevivientes de la violencia en el ámbito familiar se encuentran con importantes obstáculos para obtener ayuda, protección y justicia, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional. Las estadísticas oficiales revelan que más del 95 por ciento de las mujeres que sufren malos tratos no presentan denuncia. Aquellas que sí los denuncian deben soportar una actitud de indiferencia o interrogatorios faltos de todo tacto que las desaniman a seguir adelante con la denuncia.

"El Estado español tiene la obligación de impedir los actos de violencia, investigar los abusos, castigar a los responsables e indemnizar a las víctimas, y debe hacerlo sin demora y empleando todos los medios apropiados", afirma María Naredo, encargada de la Sección Española de Amnistía Internacional para los asuntos relacionados con mujeres.

Aunque Amnistía Internacional ha acogido con agrado el proyecto de redacción de una ley sobre violencia de género, a la organización le preocupa que sigan siendo las víctimas quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha las medidas de protección, y que sólo se preste ayuda integral a las que presentan denuncia oficial.

"Esta ley no es más que una base de trabajo, un punto de partida para aliviar los obstáculos con que se encuentran las mujeres y que ellas mismas han señalado —afirma María Naredo—. El gobierno de España debe adoptar medidas eficaces para que los derechos de todas las mujeres se hagan realidad."

A partir de los testimonios de mujeres que han sobrevivido a la violencia en el hogar, la organización encontró indicios de prejuicio y discriminación en la respuesta de las instituciones públicas. Un motivo concreto de preocupación era la falta de protección a las mujeres incluidas en grupos vulnerables, como las inmigrantes sin papeles, las romaníes (gitanas), las discapacitadas y las mujeres con problemas psicológicos o de adicción.

Las inmigrantes indocumentadas tuvieron especiales dificultades a la hora de solicitar ayuda, a pesar de que se ha reconocido que tienen derecho a recibir la misma protección que otras mujeres. En algunas regiones hay que apadrinar a las sobrevivientes para que sean admitidas en una casa de acogida; en otras tienen prohibido el acceso a estas casas y son remitidas a centros generales de apoyo a los inmigrantes. Para recibir ayuda económica, las mujeres que cuentan con una orden de protección deben demostrar que están buscando empleo; sin embargo, las inmigrantes sin papeles no pueden hacerlo debido a su situación administrativa.

El comité de la ONU encargado de velar por que no se discrimine a las mujeres ha alertado al gobierno español sobre las dimensiones del problema de la violencia contra las mujeres y sobre el aumento del número de homicidios. Ha puesto de relieve la falta de protección a los grupos vulnerables, entre ellos las inmigrantes indocumentadas, y ha expresado preocupación por la falta de coordinación entre el gobierno central y las diversas regiones en la asistencia a las víctimas de la violencia.

El informe contiene un conjunto de recomendaciones al gobierno español, entre ellas:

- Aplicación en todo el país de unas normas mínimas de respuesta a la violencia de género;
- Acción eficaz para posibilitar la detección temprana de la violencia en el ámbito familiar y procurar asistencia médica a las sobrevivientes;
- Reforma y evaluación de las medidas existentes, con la participación de las sobrevivientes y los grupos de mujeres.