Noticia nº38.003

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- El secretario judicial estará al frente de la Nueva Oficina Judicial, mientras que el juez se centrará prioritariamente en resolver litigios y dictar sentencia
- El Plan de Implantación arranca el próximo mes de junio con importantes reformas legislativas y reglamentarias
- La modernización del sistema judicial se hará a través del programa Lexnet y del proyecto Infored
- El Plan de Transparencia permitirá al ciudadano tener de forma rápida y directa toda la información sobre cómo funciona la Justicia


El Ministerio de Justicia presenta hoy un ambicioso Plan de Implantación de la Nueva Oficina Judicial, que supondrá la reforma de un total de 22 leyes y costes superiores a los 100 millones de euros. El Plan se iniciará en junio de este mismo año con las reformas de los Reglamentos de funcionamiento y las leyes citadas, y se desarrollará en todas aquellas Comunidades Autónomas cuya organización judicial permanece bajo competencia estatal, a partir de 2006.

La oficina judicial es el conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desarrollo cotidiano de su trabajo. La Nueva Oficina Judicial será el resultado de una ambiciosa reforma para adaptar a los nuevos tiempos y necesidades esa estructura. Se trata, en definitiva, de modernizarla y racionalizarla.

La implantación de la Nueva Oficina supondrá un cambio en el procedimiento tradicional de trabajo en la Administración de Justicia, introduciendo una distribución más racional de las funciones de todos los agentes, que permitirá al ciudadano acceder de forma más sencilla y rápida a este servicio. El objetivo es agilizar la justicia, permitiendo a los jueces desligarse de labores burocráticas para dedicarse a su verdadera y trascendental función de dictar resoluciones y resolver litigios. Para conseguirlo será clave la figura del secretario judicial. Éste pasará a ser quien dirija la Nueva Oficina. Será él, junto a su equipo, quien se ocupe de la documentación de expedientes, calendario de juicios o ejecución de sentencias dictadas.

La Nueva Oficina Judicial supone el cumplimiento de una reforma acordada y plasmada en la Ley Orgánica de Poder Judicial de 2003, y en cuyo desarrollo se ha empleado este Ejecutivo desde el comienzo de la actual Legislatura.

En una tarea intensiva, se han preparado todos los pertinentes textos de reforma de un total de 22 leyes, entre otras la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Procedimiento Laboral y Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, Ley del Tribunal del Jurado, Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, Ley de Régimen Electoral General, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, o la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. Esta macrorreforma se presentará en junio al Consejo de Ministros en forma de Anteproyecto de Ley.

Asimismo, se han redactado los textos de los Reglamentos pertinentes en materia de personal no judicial, como son el de Ingreso, Provisión y Promoción Profesional del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, el Reglamento Disciplinario y el Reglamento Orgánico del Cuerpo de secretarios judiciales. Se trata de adaptar la estructura a una nueva realidad, dando mayores competencias y responsabilidad a los Secretarios Judiciales. Estos textos también se aprobarán en junio.


La Nueva Oficina Judicial supone el tránsito desde una oficina del siglo XIX, la antigua secretaría, a una estructura del siglo XXI. Responde a tres ideas fundamentales:

1.- Adaptación de la organización de la Justicia al diseño constitucional del Estado autonómico, teniendo presente que distintas Comunidades Autónomas han ido asumiendo de forma progresiva plenas competencias en la materia, teniendo todas ellas reconocidas atribuciones importantes en sus respectivos Estatutos.

2.- Dar más relevancia al papel del secretario judicial, cuya figura, hasta el momento estaba infrautilizada y reducida a funciones esencialmente administrativas. Ahora será la piedra angular sobre la que gire el buen funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial.

3.- Es fundamental la adaptación de la tradicional Secretaría a las nuevas tecnologías, que serán el sello de la Nueva Oficina Judicial. A partir del verano se desarrollará la puesta en funcionamiento del programa informático ‘Lexnet’, que permitirá la presentación de escritos en los tribunales por medios telemáticos, así como el envío de documentos por los mismos medios. Posteriormente, lo hará el proyecto ‘Infored’, que será una herramienta fundamental para realizar anotaciones e inscripciones informatizadas en el Registro Civil.

El éxito de la nueva Oficina Judicial depende en gran medida de la modernización tecnológica de la Administración de Justicia. El Gobierno aspira a una Justicia totalmente informatizada donde los abogados y procuradores dirijan sus demandas a los tribunales en formato electrónico, donde las distintas instancias de la Oficina Judicial se comuniquen entre ellas a través de la red informática, donde se destierre paulatinamente el formato papel de los procesos judiciales.

La implantación del nuevo modelo arranca en junio de este mismo año 2005, con las reformas de los reglamentos y de las leyes, y desarrollo del sistema informático ‘Lexnet’. En 2006, la Nueva Oficina Judicial comenzará a implantarse en una experiencia piloto que integrará 11 partidos judiciales y un total de 244 órganos judiciales. Se llevará a cabo en las nueve Comunidades Autónomas que aún gestiona el Ministerio de Justicia, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. A partir de este momento serán las restantes Comunidades Autónomas con las competencias judiciales transferidas las que deberían desarrollar su propio plan de implantación. Dependerá de ellas el calendario que se establezca para el despliegue de la Nueva Oficina Judicial, resultando imprescindible realizar un proceso flexible que contemple las realidades diferenciadas de cada lugar.

En cada Comunidad donde se desarrolle este proyecto piloto, se ha elegido al menos una ciudad importante. Así, en Aragón y Baleares participarán 58 órganos judiciales en cada una de ellas, ubicados en las ciudades de Zaragoza y Palma de Mallorca, respectivamente.

La Comunidad de Castilla y León participa con 20 órganos judiciales de Burgos; La Rioja con 17 en Logroño; Cantabria con 17 en Santander; Castilla La Mancha con 15 órganos situados en Ciudad Real; Extremadura con 14, en Cáceres; Asturias con 11, en Avilés y La Región de Murcia con 12 en la ciudad de Murcia. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla participarán en esta experiencia con 9 y 11 órganos judiciales respectivamente.

En la segunda fase del proceso de implantación, que se producirá entre finales de 2007 y comienzos de 2008, otros 222 órganos judiciales se sumarán al proceso anterior, ya consolidado. En esta etapa se contempla la participación de las ciudades de Huesca, Teruel, Zaragoza, Gijón, Oviedo, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Badajoz y Cartagena. Finalmente, y en un tercer momento, en el primer trimestre de 2008 se culminará el modelo.

Todo este proceso se ha abordado en el seno de la Conferencia Sectorial y se seguirá tratando, al igual que se contará con la opinión, como ya se ha hecho, de asociaciones profesionales y sindicatos.

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la Nueva Oficina y de desterrar la opacidad del sistema judicial, se lanza, igualmente, el Plan de Transparencia Judicial, dirigido a asegurar los principios de transparencia, información y atención adecuada de los usuarios de la Justicia. Se trata de facilitar el seguimiento de la actividad jurisdiccional y de detectar dónde se producen sus fallos para poder corregirlos.