Noticia nº39.775

/noticias.info/ No puede haber reconciliación ni paz sostenible en la ex Yugoslavia sin justicia para las víctimas de las guerras de la década de 1990, ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La organización pide al Consejo de Seguridad de la ONU que prorrogue el mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia más allá de la fecha de 2010 establecida en virtud de la "estrategia de conclusión" del Tribunal y le dote de fondos suficientes para cumplir su cometido con eficacia.

Cuando el Consejo de Seguridad se dispone a examinar los informes del presidente y la fiscal del Tribunal sobre la aplicación de la "estrategia de conclusión", la directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, ha manifestado: "Millares de personas tienen todavía que ser juzgadas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos durante el violento desmembramiento de Yugoslavia. Centenares de miles de refugiados siguen aún sin poder regresar a sus hogares y sin recibir la debida indemnización por daños y perjuicios".

El Tribunal ha desempeñado una importante función en los esfuerzos por abordar la impunidad de tales delitos y, con sus sentencias y decisiones, ha contribuido significativamente al desarrollo del derecho internacional, humanitario y penal. Sin embargo, hasta la fecha sólo se ha dictado sentencia firme por los delitos cometidos en las guerras yugoslavas contra 37 personas.

De acuerdo con la "estrategia de conclusión", establecida por el Consejo de Seguridad, el Tribunal finalizó todas las investigaciones y terminó de dictar actas de acusación por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio al final de 2004, y se espera que concluya todos los enjuiciamientos, incluidas las apelaciones, para 2010. Los fiscales han solicitado recientemente el traslado de 18 causas a tribunales locales de la ex Yugoslavia, medida que parece dictada por el ajustado plazo impuesto por la "estrategia de conclusión".

"Amnistía Internacional acoge con satisfacción la reciente entrega al Tribunal de varios acusados notables, que, por primera vez, se ha realizado incluso desde la República Srpska, pero recuerda que continúan en libertad 10 personas contra las que el Tribunal ha dictado acta pública de acusación –ha señalado Nicola Duckworth–. Tres de estas personas, Radovan Karadzic, Ratko Mladic y Ante Gotovina, son acusados clave, a los que se menciona reiteradamente en resoluciones del Consejo de Seguridad. La fiscal del Tribunal ha manifestado claramente que si no son detenidas y trasladas en los próximos meses, quizá sea necesario revisar las fechas fijadas en la ‘estrategia de conclusión’".

Amnistía Internacional cree que la "estrategia de conclusión" del Tribunal parece estar dictada sobre todo por limitaciones económicas determinadas por los cambios del marco geopolítico y por la idea de que los tribunales locales de los países de la ex Yugoslavia tienen la capacidad necesaria para continuar la tarea del Tribunal.

La organización cree que la fecha de 2010 fijada para la finalización del trabajo del Tribunal podría comprometer gravemente la administración de justicia, por lo que insta a que se revise la "estrategia de conclusión", que no tiene en cuenta hechos decisivos, a saber:
Los países de la ex Yugoslavia no han cumplido su obligación de detener y entregar a los acusados y prestar otras formas de asistencia al Tribunal.
Sigue habiendo falta de voluntad política para investigar todos los crímenes cometidos durante el desmembramiento violento de Yugoslavia y enjuiciar a todos los presuntos responsables.
Los marcos jurídicos locales definen los crímenes y los principios de responsabilidad penal de una manera incompatible con el derecho internacional y el Estatuto del Tribunal.
La protección de las víctimas y los testigos es en general inexistente o insuficiente para llevar a cabo investigaciones efectivas o enjuiciamientos fructíferos.
Las disposiciones sobre reparación, incluida la indemnización a las víctimas y sus familias, son inadecuadas.

"Si las autoridades de los países del territorio de la ex Yugoslavia no pueden abordar la impunidad de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio o no están dispuestas a hacerlo, es deber de la comunidad internacional garantizar que se hace justicia, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, tanto en los países de la ex Yugoslavia como en otros", ha afirmado Nicola Duckworth.

Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad y a los Estados miembros de la ONU a que prorroguen las actividades del Tribunal más allá del plazo de 2010 fijado en principio, garanticen que el Tribunal tiene presupuesto suficiente para realizar sus tareas y elaboren un plan exhaustivo y a largo plazo de acción para poner fin a la impunidad en los países de la ex Yugoslavia.