Noticia nº39.781

/noticias.info/ Los ecologistas canarios consideran que los Convenios de carreteras necesitan someterse a la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo proyecto de Ley estatal “sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente” fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.



Ben Magec-Ecologistas en Acción considera imprescindible que el conjunto de obras planteadas en los citados convenios de obras sean sometidos, con carácter previo y vinculante, a un proceso de información pública, consulta, propuestas entre las administraciones y ciudadanía de las islas, para promover un mayor grado de protección del medio ambiente y promover un desarrollo sostenible.

Según los ecologistas, es necesaria y urgente en las islas, más aún en el caso de las obras de carretera, “la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas, la incorporación de la participación pública e institucional, la transparencia en las decisiones y el concierto y acuerdo entre administraciones que ostentan competencias complementarias en lo ambiental, en lo sectorial y en lo territorial”.

Los ecologistas canarios exigirán la integración de los aspectos ambientales en la elaboración y aprobación de planes y programas para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover un desarrollo sostenible en su triple dimensión económica, social y ambiental, a través de un proceso continuo de evaluación en que se garantice la transparencia y la participación.

Ben Magec-Ecologistas en Acción solicitará al Ministerio de Fomento y al Gobierno de Canarias que sometan los citados acuerdos a la Evaluación ambiental estratégica, tal y como está haciendo actualmente con dos programas cuya aprobación inicial fue anterior a la fecha de entrada en vigor de la directiva: el programa A.G.U.A. para las Cuencas Mediterráneas y el Plan Estratégico para las Infraestructuras del Transporte (PEIT). De esta forma, en ambos casos, se tendrán en cuenta las observaciones recibidas, durante la fase de consultas y de información pública, en el desarrollo de dichos programas.