Noticia nº41.375

/noticias.info/ Reporteros sin Fronteras está alarmada ante la decisión adoptada, el 27 de junio de 2005 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de no pronunciarse en los casos de Judith Miller, del New York Times, y Matthew Cooper, del Time, condenados ambos a 18 meses de cárcel por negarse a revelar sus fuentes informativas. Los periodistas ya no pueden presentar más recursos y a partir de este momento podrían encarcelarles.

"Negándose a pronunciarse en los casos de Judith Miller y Matthew Cooper, el Tribunal Supremo acaba de infligir un doble revés. En primer lugar a los dos periodistas que ya no disponen de ningún medio para defenderse y en cualquier momento podrían encontrarse en la cárcel, tan sólo por haber protegido sus fuentes. Y después al conjunto de los medios de comunicación, porque esta decisión retrógrada y liberticida representa un duro golpe para el secreto profesional, un fundamento indispensable para la libertad de expresión. En el estado en que encuentra el procedimiento, exhortamos a la justicia norteamericana a dispensar a los periodistas de cumplir la condena. Igualmente hacemos un llamamiento al Congreso norteamericano para que vote, lo más pronto posible, las propuestas de ley presentadas paralelamente en el Senado y en la Cámara de Representantes en el pasado febrero, que reconocen a los periodistas el privilegio del secreto de las fuentes", ha declarado Reporteros sin Fronteras.

Judith Miller y Matthew Cooper se negaron a revelar sus fuentes informativas a una sala especial, encargada de investigar sobre las fugas que llevaron a la publicación en la prensa de la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame. En ese caso, se sospechaba que la Casa Blanca había facilitado el nombre de la señora Plame, como represalia contra su marido, el embajador Joseph Wilson, que públicamente contradijo los argumentos del presidente Bus a favor de la guerra de Irak.

Judith Miller había investigado el asunto para el New York Times, aunque finalmente no escribió ningún artículo. Matthew Cooper, en la edición del Time del 17 de julio de 2003, solamente mencionó que "unos agentes del gobierno" habían facilitado a la prensa el nombre de la señora Plame.

Denunciados por "desacato al tribunal" a causa de su negativa a revelar sus fuentes a la justicia, un juez federal condenó a ambos periodistas, en primera instancia, el 20 de julio de 2004. El juez se basó en una jurisprudencia de 1972 del Tribunal Supremo (Branzburg contra Hayes), según la cual la Primera Enmienda de la Constitución federal no cubre el secreto de las fuentes. Por tanto, los periodistas no podían recurrir a ella, ante un tribunal. Para forzar a Judith Miller y Matthew Cooper a cumplir la sentencia, el juez dictó en octubre sendas órdenes de encarcelamiento. Esas órdenes se quedaron sin efecto porque los periodistas apelaron.

El 15 de febrero de 2005, el tribunal federal de apelación de Washington revalidó, en una reunión restringida, la decisión adoptada en primera instancia. Entonces, los abogados de los dos periodistas consiguieron que ese mismo tribunal de apelación se reuniese constituido en gran jurado. Sin embargo, el 19 de abril, el gran jurado reunido confirmó las condenas y las órdenes de encarcelamiento. Los periodistas consiguieron un último plazo recurriendo al Tribunal Supremo.

Negándose a pronunciarse, el Tribunal Supremo ha decidido por tanto mantener su jurisprudencia de 1972. Un statu quo que crea un problema porque, aunque el privilegio de las fuentes no les es reconocido a los periodistas a nivel federal, en 31 estados de la Unión y en Washington D.C. existen unas "leyes escudo" (shields laws) que se lo garantizan, y que se aplican. Precisamente, en aplicación de una "shield law" en vigor en el Estado de Nueva York, el 24 de febrero de 2005 Judith Miller ganó en otro caso de secreto de las fuentes.

Ahora solo los legisladores pueden llenar este gran vacío jurídico, creando una "ley escudo federal". El 2 de febrero de 2005, dos miembros de la Cámara de Representantes, Mike Pence (republicano, Indiana) y Rick Boucher (demócrata, Virginia), presentaron una proposición de ley titulada "Ley de la Libertad de Circulación de la Información", que garantiza a los periodistas el privilegio absoluto ("absolute privilege") de no tener que revelar sus fuentes. El texto establece que a un periodista no se le podrá citar ante una jurisdicción federal más que en último recurso. El texto establece igualmente un privilegio cualificado ("qualified privilege") para las notas, e-mails, negativos y la totalidad de los documentos profesionales, a los que los tribunales federales solo podrán tener acceso si esas piezas se consideran esenciales en casos penales. El 9 de febrero se presentó en el Senado una proposición de ley, redactada en los mismos términos por Richard Lugar (republicano, Indiana), a la que se sumó Christopher Dodd (demócrata, Connecticut).

El 28 de abril de 2005, en una conferencia de prensa conjunta, los dos representantes y los dos senadores aseguraron que habían sido "constructivas" sus discusiones sobre el tema con el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Sin embargo, el Departamento de Justicia se negó a posicionarse públicamente sobre estas proposiciones de ley. Los cuatro parlamentarios continúan reclamando que se introduzcan en el orden del día de sus respectivas asambleas.

Reporteros sin Fronteras se sumó, junto con otras organizaciones, el 18 de mayo, a una de las amici curiae (acta de petición), para apoyar a ambos periodistas ante el Tribunal Supremo.