Noticia nº56.324

/noticias.info/ Los violentos sucesos que han devastado los suburbios de innumerables ciudades francesas conmocionan, sin duda, más allá de los lugares que los han padecido. Voces, quizás tachadas de alarmistas, ya auguran la extensión inevitable de tales disturbios, más pronto que tarde, a todo el ámbito europeo, donde es numerosa la presencia de inmigrantes cuya integración en la sociedad de acogida es más que dudosa. Preocupados por todo ello y en lo que toca a España, se hace, si cabe, más urgente el preguntarse por las políticas que las Administraciones públicas españolas llevan a cabo en el complejísimo campo de la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. La respuesta es desoladora: adolecen de falta de criterios, diligencia, programas, agentes y participación de los beneficiarios.

Veamos, por ejemplo, el itinerario de las últimas actuaciones en esta materia. En abril del presente año, concretamente el día 18, el Consejo Superior de Política de Inmigración, formado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, entre otros, examina y aprueba el Marco de Cooperación para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes, en el cual se destinan 120.000.000 € de los fondos del Estado y se hace la partición para las diversas áreas de actuación (72.000.000 € para acogida e integración y 48.000.000 € para refuerzo educativo). Este fondo, posteriormente, se distribuye, mediante convenios formales, entre las distintas Comunidades Autónomas. Pues bien, estos convenios, que son el paso previo para que las Comunidades Autónomas dispongan de las partidas correspondientes, se han empezado a firmar en octubre. Posteriormente, las CCAA han de establecer la distribución de la parte que les haya correspondido de tal fondo: qué cantidad gestionará cada una de ellas directamente en planes propios y qué cantidades otorgarán a los Ayuntamientos, con los que a su vez firmarán los convenios pertinentes. Así, por ejemplo, es el caso de Madrid, cuyo convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aparece publicado en el BOE de 7 de noviembre de 2005: en dicho convenio se compromete la inversión de 36.081.173,14 € (de los que 27.754.749,14€ son la aportación del Ministerio y el resto de la CAM) hasta el 31 de diciembre de 2005, fecha en que concluye la vigencia del convenio, es decir, que en un mes aproximadamente se va a hacer una sustanciosa inversión en actuaciones no se sabe muy bien si ya emprendidas con anterioridad y con otros recursos económicos o, por el contrario, se improvisarán los programas para gastar las diversas partidas en que se desglosa la contribución solidaria de las dos Administraciones. Ante semejante forma de proceder, los recursos económicos programados pueden convertirse en un auténtico despilfarro, por un empleo inane del dinero de los contribuyentes. Las Administraciones Públicas cometen aquí una grave irresponsabilidad cuando no obran con diligencia, enredadas muchas veces en oscuros enfrentamientos partidistas.

Criterios
La integración del inmigrante en la nueva sociedad de acogida no puede fundarse sino en el reconocimiento pleno de su condición de ciudadano; sujeto, por lo tanto, de derechos y deberes, y esto con todas las consecuencias: en los salarios, la educación, la sanidad, los impuestos, etcétera, y en la exigencia de las mismas condiciones que los demás conciudadanos en lo atinente al acceso a bienes cual es, por ejemplo, la vivienda.

Éste es el criterio que debe presidir toda la política de inmigración porque es el único que puede favorecer, aunque no garantizar, la deseable integración. Y a él se adaptarán las actuaciones de apoyo: así, por ejemplo, los programas más eficaces para que el niño se pueda integrar lo más rápido que se pueda y en las mejores condiciones al sistema educativo que le ofrece España. Y es intolerable, en otro aspecto del criterio que se describe más arriba, que todavía no se aplique de forma universal la legislación laboral a los inmigrantes, como demuestran tantas situaciones y algunas luctuosas: las muertes por accidente laboral de algunos de estos trabajadores descubren la precariedad, cuando no la ilegalidad, de sus contratos laborales.

Programas y participación
Al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le cabe una gran responsabilidad, sin duda, en este campo. Ha de administrar bien los recursos que van a hacer posible la integración y garantizar su aplicación con eficacia mediante programas bien elaborados, pero también es obligación de las Comunidades Autónomas, en función del número y características de los inmigrantes en sus respectivos territorios, la promoción y seguimiento de las actividades programadas, y abrir cauces de participación activa a las asociaciones de inmigrantes, posibilitando que éstas contribuyan a la integración de sus asociados.

El trabajo es inmenso y arduo: la conclusión diligente de las regularizaciones y agrupamientos familiares en los casos que sea procedente según la ley, la aplicación rigurosa de la legislación laboral, los programas de adaptación escolar para niños y jóvenes, los planes de capacitación profesional, la extensión cultural del conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, las actividades comunes de ocio y esparcimiento para todos, son algunas de las tareas que una razonable integración pide a los responsables políticos, en primer término, abandonadas las zancadillas partidistas, y a la sociedad española, en general, que asiste preocupada a los acontecimientos, pero sin duda también con la esperanza de que el futuro sea mejor.

Amistad-Al Sadaka