Noticia nº64.381

/noticias.info/ Madrid, España — El Gobierno aprobará este viernes un Real Decreto para Obras Urgentes de Modernización de Regadíos, que premia el consumo de agua en los regadíos en lugar de fomentar el ahorro de agua.
El Ejecutivo afirma que el objetivo es ahorrar 1.200 hm3 de agua y para ello se invertirán 2.400 millones de euros. WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian que el Real Decreto fomenta que el propio regadío vuelva a consumir el agua supuestamente ‘ahorrada’, al tiempo que desprecia la grave situación que atraviesan los abastecimientos urbanos y los ecosistemas acuáticos. Por ello, las asociaciones ecologistas piden la revisión completa del texto legal.

El Real Decreto establece que el agua ahorrada se destinerá al regadío y, por tanto, permite un mayor consumo de agua en las explotaciones. Por ello, las organizaciones ecologistas consideran que el Real Decreto no va a aportar ni un litro de agua a los ríos y ecosistemas acuáticos, ni a los usuarios urbanos, considerados prioritarios por encima de los actuales concesionarios agrarios: los regantes.

Debido a la situación de extrema de sequía, las organizaciones ecologistas sostienen que el agua ahorrada deberá destinarse, en primer lugar, a devolver los caudales que se están extrayendo de más como consecuencia de los decretos de sequía que aprobó el Gobierno en otoño del año pasado.

El Real Decreto supone, además, una importante inversión pública, cuando el Gobierno ni siquiera tiene claro el futuro del regadío en España. El Ejecutivo, antes de aprobar inversiones, tiene que desarrollar un nuevo Plan Nacional de Regadíos en el que se introduzcan los recientes cambios establecidos en la política agraria (desacoplamiento, nuevo reglamento de desarrollo rural, condicionalidad) y del agua (precio del agua, objetivos ambientales de la Directiva Marco).

Finalmente, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción critican que el Real decreto delegue la vigilancia ambiental a los propios regantes, una responsabilidad que tiene que asumir la Administración ambiental. Además, las Directivas Europeas establece que el Gobierno está obligado a realizar una Evaluación Ambiental Estratégica antes de poner en marcha estas inversiones, cuestión que el Decreto no contempla. Las organizaciones ecologistas critican la falta de consulta y análisis por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Por ello, las organizaciones ecologistas piden que el Real Decreto se retire y sea revisado con detenimiento por los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, teniendo en cuenta la situación ambiental e hídrica de cada una de las cuencas hidrográficas. Asimismo, consideran imprescindible que la redacción del texto se base en un proceso participativo en el que puedan intervenir todas las organizaciones interesadas, incluidas las ambientales.