Noticia nº123.164

/noticias.info/ Asociación de Víctimas del Aborto. 16-01-2008. Renée Martínez, portavoz de AVA califica de «acierto» el anuncio del PSOE de revisar la legislación que despenaliza el aborto provocado en su Programa electoral, si esa revisión «va destinada a ofrecer una mayor protección de la mujer embarazada».

Basada en la experiencia de AVA de 4 años de apoyo a mujeres que han abortado, Renée expone que: «Las mujeres abortan coaccionadas por presiones de la pareja, sociales, laborales, etc. Detectamos un 65% de abandono en embarazadas que acaban abortando. Las propias estadísticas del Mnisterio de Sanidad delatan la ausencia de pareja en más de un 20% de los casos. No se puede fomentar desde una Ley este tipo de violencia de género. En el artículo 9 del RD 2409/1986 se exige dar alternativas a toda mujer embarazada que se plantee un aborto y hay numerosos países como EEUU y Canadá que descartan violencia de género ante cada aborto dado que existe un alto porcentaje de coacciones en esta decisión tan traumática.»

«El Estado y cualquier Gobierno han de promover las alternativas al aborto de las que habla el RD 2409/1986. El aborto nunca es salud: no se le puede abocar a la mujer al aborto - con todas las secuelas que tiene - con una Ley que no le proteja. Además, el supuesto de abortar a fetos malformados viola el Convenio de la ONU vigente desde 2007 en España de los derechos de las personas con discapacidad».

«El verdadero problema es el negocio que existe con el drama y el abandono de la mujer embarazada. Se han dejado estos gravísimos problemas de maternidad en manos de empresarios sin escrúpulos que no informan a la mujer de las secuelas que pueden sufrir, pues los consentimientos informados son francamente ilegales con respecto a la Ley 41/2002 de información del paciente. Además, el que autoriza el aborto cobra comisión por dicha firma. Esto es inaceptable. Los médicos de la sanidad pública son el garante de la salud de la mujer embarazada y tienen un código deontológico que respetar, su objeción de conciencia, y no tienen intereses económicos».