Noticia nº124.873

/noticias.info/ Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), www.vozvictimas.org 05-02-2008. Madrid. Ante el decreto anunciado por el Gobierno para proteger la “intimidad” de las mujeres que abortan Reneé Martínez, portavoz de AVA, señala que “Consideramos vergonzoso que el gobierno se someta a los intereses del negocio del aborto sobre todo cuando lo que esta en juego es la salud y el bienestar de la mujer. Es lamentable que se ignore el drama personal de las mujeres y que el sistema prefiera el aborto antes que ofrecer alternativas y ayudas reales a las mujeres ante un embarazo inesperado”.

“La gestación es un momento determinante para cualquier mujer, en el que a fecha de hoy están más vulnerables y desprotegidas que a principios del siglo XIX. Ninguna mujer quiere abortar por lo que creemos que cualquier grupo o partido político que se precie de servir a la mujer debe reclamar mayor protección a la embarazada. Tristemente, resulta incuestionable que ciertos grupos políticos se han vendido a intereses comerciales y machistas”.

Desde AVA consideramos que después de reunirse con los empresarios del aborto, es obvio que la intención del gobierno es limitar la actuación de la justicia ignorando el riesgo evidente para la salud de la mujer, que el dejar los desafíos de la maternidad en manos de empresarios sin escrúpulos supone.

Además, cualquier cambio de Ley, desde la voz de miles de víctimas “debe ir destinado a ofrecer una mayor protección a la mujer embarazada”.

En primer lugar, es necesario que los psiquiatras que realicen la evaluación en el caso del supuesto peligro para la salud psíquica de la madre sean independientes del centro de realización de abortos. Para AVA, señala Renée, “No pueden estar a sueldo del centro y llevarse comisión por cada aborto que firman. Además, debería haber un tiempo de reflexión de por lo menos 24 horas, al igual que con otras intervenciones, donde la mujer lea y reflexione un consentimiento informado completo que incluya las secuelas físicas y psíquicas probables”. Así mismo, es fundamental que la ley exija que se descarten presiones y coacciones a la embarazada por parte del trabajo, la familia y/o la pareja.

Además, desde AVA de señala que se debería invertir al menos, el mismo dinero para apoyar a la mujer embarazada a ejercer su derecho a la maternidad que el que actualmente se gasta en sufragar abortos provocados.

AVA reclama que se cumpla la Ley 41/2002 del consentimiento informado previa a cada aborto provocado, con información sobre las secuelas físicas y psíquicas del aborto provocado, y lo dispuesto en el artículo 9 del RD2409/1986, que desarrolla la Ley del Aborto, que exige que los centros que informan o practican abortos ofrezcan alternativas reales y eficaces a todas las mujeres embarazadas.