Noticia nº148.704

/noticias.info/ Londres/Madrid.- En lo que se refiere a las medidas antiterroristas, Amnistía Internacional describe los primeros 100 días del presidente estadounidense Barack Obama como “promesas de cambio con acciones limitadas”.

“Las acciones emprendidas por el presidente Obama, menos de 48 horas después de haber tomado posesión de su cargo, para cerrar Guantánamo en el plazo de un año, poner fin a las detenciones secretas de la CIA y acabar con el secretismo de la administración Bush fueron acogidas con gran satisfacción”, ha manifestado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. “No se completará ese cierre ni se acabará con el secreto hasta que el Gobierno estadounidense no proceda a poner fin a todas las detenciones ilegales, llevar ante la justicia a todos los responsables de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la administración Bush y proporcionar a las víctimas la posibilidad real de obtener resarcimiento.” “Hemos visto importantes avances en los primeros 100 días, pero hay todavía medidas que no se han llevado a término o que quedan aún por tomar, por ejemplo con respecto a Bagram, donde sigue habiendo centenares de personas detenidas sin solución a la vista”, ha añadido Irene Khan. Amnistía Internacional hace esta valoración con motivo de la publicación de un informe en el que analiza las acciones emprendidas por el nuevo Gobierno con respecto a la política de detenciones aplicada en la lucha contra el terrorismo. En el informe se ponen de relieve diversos avances realizados durante los primeros 100 días de Gobierno del presidente Obama, como las órdenes ejecutivas dictadas en su tercer día en el cargo para cerrar Guantánamo, poner fin al programa de detenciones secretas prolongadas de la CIA e imponer nuevas normas para los interrogatorios que impiden el uso de las denominadas técnicas de interrogatorio “mejoradas”. Amnistía Internacional ha visto también diversos mensajes contradictorios, en concreto cuando el presidente Obama y su Gobierno han procedido a: - Hacer públicos cuatro memorandos en los que se autorizaba legalmente a la CIA a utilizar técnicas de interrogatorio que constituían tortura u otros malos tratos contra personas bajo custodia secreta de la agencia. El presidente condenó la práctica de la tortura, pero dijo que quienes habían cometido estos delitos no serían llevados ante la justicia si se habían atenido al asesoramiento jurídico del Departamento de Justicia, haciendo hincapié en que prefería mirar hacia adelante, no hacia atrás. Luego afirmó que era al fiscal general a quien correspondía determinar si debían iniciarse investigaciones “con respecto a quienes habían tomado esas decisiones jurídicas” y que no quería “emitir juicios anticipados” sobre este asunto. - Dictar una orden ejecutiva sobre el futuro cierre del centro de detención de Guantánamo, pero sin comprometerse a que cada uno de los detenidos fuera acusado formalmente ante un tribunal civil o puesto en libertad, con lo que los 240 detenidos tienen un futuro incierto. - Prometer que los casos de los detenidos de Guantánamo se iban a revisar “de manera sucesiva y con la mayor prontitud posible” para determinar quiénes podían ser trasladados o puestos en libertad. Sin embargo, tras años de detención y transcurridos ya meses desde el establecimiento del nuevo Gobierno, sólo una persona ha quedado en libertad desde enero y ninguna ha sido acusada formalmente de ningún delito. De hecho, algunas personas han seguido en detención indefinida meses después de haber ordenado jueces federales estadounidenses su puesta en libertad inmediata. - Ordenar a la CIA cerrar sus centros secretos de detención y prohibirle volver a abrir lugares de este tipo en el futuro, pero dejar abierta la posibilidad de que la agencia secuestre y recluya a personas en centros “transitorios a corto plazo”. - Dictar una orden ejecutiva que prohíbe el uso de la tortura y otros malos tratos, pero aprobar sin reservas el Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, que puede permitir el aislamiento y la privación del sueño por largos periodos, así como la manipulación de los miedos de la persona detenida de maneras que violan la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos. - Indicar que no va a continuar con el secretismo de la administración Bush para luego acogerse a la doctrina del secreto de Estado, impidiendo en la práctica interponer recursos por violaciones de derechos humanos y reteniendo información sobre los 500 hombres que se calcula que se encuentran recluidos en la base militar estadounidense de Bagram. - Dejar de utilizar aparentemente las expresiones “guerra contra el terror” o “combatiente enemigo”, pero continuar basándose en el derecho aplicable en la guerra, en vez de en la justicia penal y los derechos humanos, como marco general de las medidas antiterroristas. En el informe de Amnistía Internacional se determina también que el presidente Obama y su Gobierno no han cumplido hasta ahora su compromiso para con los derechos humanos al: - Manifestar que los agentes de la CIA que se atuvieron al asesoramiento jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el desempeño de su deber no serán procesados, aparentemente ni siquiera si cometieron tortura (por ejemplo, al someter a alguien a simulacros de ahogamiento). Tal postura supone conceder inmunidad a algunos de los responsables de actos de tortura y constituye en sí misma una violación del derecho internacional. - Oponerse a todo derecho de revisión judicial en tribunales estadounidense en el caso de los ciudadanos extranjeros recluidos en la base aérea estadounidense de Bagram, Afganistán. - No tomar medidas sustantivas para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en el marco de la “guerra contra el terror”. No obstante, hacia el final de sus 100 primeros días el presidente Obama ha dado algunas muestras de apoyo al inicio de un proceso bipartito de examen de las políticas y prácticas del pasado. Amnistía Internacional está pidiendo desde 2004 que se establezca una comisión totalmente independiente para investigar todos los aspectos de las prácticas de detención e interrogatorio aplicadas por Estados Unidos en lo que la administración Bush llamó “guerra contra el terror”. “La cuestión que planteamos es si la promesa de cambio del presidente Obama y las medias iniciales tomadas por su Gobierno anuncian un avance realmente significativo y duradero hacia el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo –ha manifestado Irene Khan-. Seguiremos haciendo campaña en favor de tal cambio en los días, meses y años venideros.” España también debe dar una respuesta Amnistía Internacional también ha recordado una vez más al Gobierno español sus obligaciones en materia de derechos humanos con respecto a la “guerra contra el terror. Así, las autoridades españolas deben: - Concretar cuanto antes la decisión de acoger a “un número limitado de presos” de Guantánamo, teniendo en cuenta que el nuevo Gobierno estadounidense no ha formulado cargos penales contra ninguno de los detenidos y por lo tanto deberían estar ya en libertad. - Llevar a cabo todas las gestiones posibles con EEUU para esclarecer el paradero del ciudadano español Mustafa Setmariam Nasar, detenido en noviembre de 2005 por agentes paquistaníes, puesto posteriormente bajo custodia estadounidense y “desaparecido” desde entonces. - Apoyar las acciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional para determinar el grado de implicación de las autoridades españolas al dar luz verde a EEUU para el traslado ilegal de detenidos a Guantánamo a través de bases militares españolas; así como implementar medidas concretas para garantizar que aeropuertos, bases militares y puertos españoles no vuelvan a ser utilizados para facilitar violaciones de derechos humanos.