Noticia nº149.046

/noticias.info/ Un informe del Departamento de Comercio y la Oficina de Presidencia de EE.UU. acusa al Gobierno español de ser permisivo contra las descargas ilegales en internet y de no haber tomado medidas para frenarlas.

El informe estadounidense urge al Gobierno a ilegalizar los programas de intercambio de archivos P2P y a anular la circular del fiscal general del Estado de mayo de 2006 que "parecía legitimar tal actividad ilícita".

Según el informe, “España se mantendrá en la lista de vigilancia en 2009. Estados Unidos urge enérgicamente al Gobierno español a que lleve a cabo acciones de forma rápida y significativa para reconducir el serio problema de la piratería por internet. El Gobierno español ha realizado un esfuerzo mínimo para cambiar la extendida y errónea percepción que existe en España de que compartir archivos por los sistemas p2p es legal”.

Asimismo, el informe también señala a jueces y fiscales, por haber absuelto a los propietarios de las páginas web que sirven enlaces para realizar descargas, puesto que sólo hay una sentencia condenatoria contra esas webs.

España se mantiene, por segundo año, en la llamada Lista 301 de países bajo vigilancia. Estos países, 35 en total, deben entablar negociaciones con EE UU para salir de la lista y se enfrentan a sanciones comerciales de no combatir la piratería.

La Lista 301 es un informe anual en el que el Departamento de Comercio de EE.UU. hace un balance de la situación de los derechos de propiedad intelectual en el mundo, y señala los países donde más se vulneran estos derechos. Entre otros, y junto con China, Rusia y Canadá, el reporte incluye a Argentina, Chile y México en su lista prioritaria. Mientras tanto, entre los territorios latinos e hispano-parlantes, la lista de países bajo observación cuenta con Brasil, Costa Rica, Perú, y España.

“Mientras las autoridades han realizado esfuerzos legislativos para adoptar algunas medidas contra las páginas web piratas, los fiscales han fracasado en la persecución de los casos contra los derechos de autor, y los jueces también al no imponer sentencias disuasorias contra los infractores, dejando a los defensores de esos derechos sin las herramientas legales necesarias para llevar los casos a juicio”.