Noticia nº150.575

/noticias.info/ Madrid, España — El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid ha juzgado esta mañana a 31 activistas de Greenpeace que protestaron por la fabricación en España de bombas de racimo. El Ministerio Fiscal ha solicitado una multa de 140 euros para cada uno de los denunciados por entender que habían interrumpido el trabajo en las oficinas de EXPAL, empresa que fabricaba en ese momento las bombas de racimo que han sido prohibidas por el Gobierno español. La sentencia se dictará en los próximas días.
Los activistas entraron en la empresa con el objetivo de informar del tipo de armamento que se estaba construyendo allí y los efectos sobre la población civil. Los activistas informaron de que estas bombas actúan de forma indiscriminada, no distinguen entre blancos civiles y militares y, por sus altas tasas de error, siguen causando muertos y heridos mucho tiempo después de que acabe un conflicto. Afectan sobre todo a la población civil, que son el 98% de sus víctimas. En especial los niños, que son atraídos por sus colores y formas llamativas.

La protesta por la que han sido juzgados formaba parte de la campaña que Greenpeace desarrolló contra las bombas de racimo. La organización ecologista documentó las actividades de las empresas que producían estas bombas en España, y lo hizo público a través de protestas como la que ha llevado a juicio a estos activistas.

Tras esta campaña se consiguió la prohibición total en nuestro país de este tipo de armamento. España fue uno de los primeros países en ratificar el Tratado de Prohibición de las bombas de racimo, el pasado 18 de marzo, en el pleno del Congreso de los Diputados y se ha convertido en uno de los primeros en incorporar la norma a su ordenamiento legal.