Noticia nº166.315

/noticias.info/ MADRID (Noticias de la OIT) – A pesar de señales esperanzadoras que anuncian que la economía española ha comenzado a emerger de la crisis, un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analiza una serie de políticas económicas, del empleo y del mercado laboral que podrían consolidar una recuperación aún frágil y comenzar a reducir el desempleo.

El nuevo informe, realizado por el Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT, también invita a adoptar un plan de choque que garantice que “ningún joven quede rezagado”, y al mismo tiempo evite reducciones de los salarios y estimule las reformas financieras que permitan a las empresas sostenibles un mayor acceso al crédito.

El informe titulado “España: Empleos de calidad para una nueva economía” - parte de una serie de Estudios sobre el crecimiento con equidad – dice que la economía está comenzando a mostrar señales de una lenta recuperación.

Esta recuperación tímida es impulsada sobre todo por las exportaciones, que han experimentado un incremento anual de más de 15 por ciento, en particular en lo que se refiere a los productos de alto valor agregado. También comienzan a repuntar las inversiones en maquinaria y equipo. Al mismo tiempo, la creación de empleo en sectores con alto potencial de crecimiento comenzaron a contrarrestar la continua pérdida de puestos de trabajo en otros sectores como la construcción. “Contrariamente a lo que algunas veces se sostiene, el nivel de los salarios no parece inhibir la conversión hacia un nuevo modelo de crecimiento”, dice el informe.

Sin embargo, la situación del empleo permanece sumamente crítica:

Cerca de 3 millones de empleos se perdieron después del máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. La tasa de desempleo ha aumentado en más de 13 puntos porcentuales hasta alcanzar el 21,3 por ciento en el primer trimestre de 2011, la más alta entre las economías avanzadas.
La tasa de desempleo de los jóvenes (entre 15 y 24 años) aumentó más de 24 puntos porcentuales entre los primeros trimestres de 2008 y 2011. En la actualidad, más de 45 por ciento de los jóvenes están desempleados, una de las tasas más altas del mundo.
El sector de la construcción representa en promedio cerca de 52,3 por ciento del total de las pérdidas de empleos en España entre entre los primeros trimestres de 2008 y 2011.
Entre 1995 y 2007, la deuda de las familias expresada en el porcentaje de ingreso disponible aumentó en más de 86 puntos porcentuales. Esta cifra es significativamente más alta de la fluctuación del endeudamiento familiar de todas las economías de la UE.
Los trabajadores migrantes representaron cerca de 14 por ciento del total del empleo entre los primeros trimestres de 2009 y 2011; sin embargo, durante el mismo período constituyeron el 23,5 por ciento del total de puestos de trabajo perdidos. Como consecuencia, los flujos de migración netos disminuyeron en más de 60 por ciento durante la crisis.

El desafío de España es responder tanto a la crisis financiera mundial como al final de un modelo de crecimiento ineficiente impulsado por la construcción, la vivienda y un consumo financiado por el crédito, fomentado por el sistema financiero. Por lo tanto, el objetivo es “realizar una transformación estructural dirigida hacia una nueva economía, más equilibrada, y al mismo tiempo hacer frente a la situación deteriorada del empleo”, declara Raymond Torres, Director del Instituto . Esto podría lograrse a través de:

Un sistema financiero sólido, que da prioridad a las inversiones productivas, en lugar de incentivar la burbuja inmobiliaria o de premiar beneficios a corto plazo. La aplicación de las recomendaciones de la UE sobre prácticas de remuneración en el sector financiero ayudaría a reducir la asunción de riesgos irresponsables y aportaría un sentido de equidad.
Facilitar la creación de empresas y las inversiones en especial en sectores que tienen un potencial de crecimiento significativo, incluyendo el apoyo a la internacionalización de la industria y servicios (las exportaciones representan el 25 por ciento del PIB, comparado con un promedio de 40 por ciento en la UE), y el desarrollo de energías renovables.
Luchar contra el fracaso escolar y potenciar las calificaciones en sintonía con las actividades económicas emergentes.
Evitar una espiral de reducciones de salarios reales, que deprimiría aún más la economía y frenaría la transformación estructural. En el pasado, los salarios reales (deflactados por los precios de producción) crecieron a un ritmo menor que la productividad. Así que el deterioro de la competitividad fue sobre todo consecuencia de la naturaleza ineficiente del crecimiento del empleo y de los modelos de inversiones anteriores a la crisis, por ejemplo, en sectores de baja productividad como construcción.
Un plan de choque para que “a todo joven que no esté estudiando se le ofrezca alguna forma de 'garantía de actividad', es decir una oportunidad de trabajar, de formarse o de participar en alguna medida de activación”.
La supervisión de las reformas recientes de la negociación colectiva ayudaría a evaluar sus efectos sobre el empleo y los ingresos. Esto podría realizarse a través de la creación de un organismo de evaluación constituido por expertos tripartitos.
Aumentar la eficiencia de los programas de empleo y garantizar que los servicios públicos de empleo (SPE) cuenten con los recursos suficientes. En la actualidad, cada miembro del personal de los SPE atiende cerca de 450 desempleados, comparado con 100 en países donde los SPE son eficientes.
Garantizar la financiación de las nuevas cuentas individuales, que podrían contribuir a impulsar la creación de más y mejores trabajos, y al mismo tiempo facilitar la movilidad, fundamental en tiempos de transformación estructural.
Promover el diálogo social como un medio para “aumentar la coherencia entre los objetivos económicos, sociales y del empleo”.

El estudio muestra que “si están bien diseñadas, estas políticas tienen un coste presupuestario bajo” y a la vez contribuirán a estimular la confianza en que las preocupaciones de las personas y de la economía real están siendo consideradas. Estas medidas promoverán el crecimiento económico y del empleo, y reducirán las tensiones sociales. Por lo tanto se les debería dar máxima prioridad en el presupuesto. Las medidas de austeridad mal concebidas, sostiene el informe, “podrían empeorar un mercado laboral ya débil”.