Noticia nº170.821

/noticias.info/ Madrid, 15 de diciembre de 2011. La operadora Movistar está intentando poner coto a los SMS Premium en una iniciativa que supone un paso adelante hacia la erradicación del fraude en estos servicios de suscripción. Los argumentos con los que Movistar justifica su medida son correctos: un altísimo porcentaje de usuarios no es consciente de las características de estos servicios de alerta y ni tan siquiera de estar suscritos a ellos.

Debido a la publicidad engañosa de los prestadores de estos servicios, los usuarios dan su consentimiento de forma involuntaria al descargarse un contenido en internet, contestar un cuestionario o participar en una votación on line. Movistar exige ahora contar con la firma y la fotocopia del DNI del usuario para tramitar el alta en servicios de SMS Premium. Esta medida debería ser adoptada por el resto de operadores de telefonía móvil. Solo estas exigencias pueden frenar los abusos de un sector que protagoniza cientos de miles de reclamaciones por cobros indebidos.

Pero no es suficiente. A juicio de la OCU, la normativa tendría que contemplar la posibilidad de que los servicios de SMS Premium vinieran desconectados por defecto cuando el cliente contrata una línea de telefonía móvil. Así, solo la petición expresa del cliente podría activar estos servicios.

Por otra parte, la OCU pide a Movistar que sea coherente con su actual postura y resuelva en favor del consumidor las reclamaciones que actualmente tiene en tramitación por este tema. Es lo lógico cuando la propia compañía reconoce que la mayoría de usuarios no es consciente de haber contratado estos servicios y que su consentimiento se obtuvo gracias a prácticas desleales y engañosas.

Hasta que desactivación por defecto no sea obligatoria, la OCU pide al resto de operadoras que sigan los pasos de Movistar y que exijan un consentimiento por escrito del cliente antes de proceder a la contratación.

Por último, la OCU critica la pasividad de la Administración, en concreto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que no supo legislar debidamente la materia, no ha sido capaz de taponar la hemorragia de cientos de miles de reclamaciones en el sector de los SMS Premium y se ha inhibido por considerar el problema como exclusivamente de consumo y, por tanto, de competencia autonómica. Tampoco administraciones de consumo, Instituto Nacional de Consumo ni Comunidades Autónomas han sido capaces de evitar el fraude a miles de consumidores.