Noticia nº172.053

/noticias.info/ Las ventas de armas de China y Rusia están avivando las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Darfur, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Estas transferencias subrayan la urgente necesidad de fortalecer el inefectivo embargo de armas impuesto por la ONU, y de que los gobiernos acuerden un Tratado sobre el Comercio de Armas que sea efectivo.

Amnistía Internacional ha publicado un informe, Sudan: No end to the conflict in Darfur, que documenta como China, Rusia y Bielorrusia continúan suministrando armas y municiones a Sudán pese a las pruebas fehacientes de que las armas se utilizarán contra civiles en Darfur. Entre las exportaciones figuran importantes cantidades de munición, helicópteros artillados, aviones de ataque, cohetes aire-tierra y vehículos blindados.

Se calcula que 70.000 personas se vieron obligadas a desplazarse del este de Darfur en 2011 en una oleada de ataques de motivación étnica lanzados contra la comunidad zaghawa por las milicias y las fuerzas gubernamentales sudanesas.

“China y Rusia están vendiendo armas al gobierno de Sudán pese a tener pleno conocimiento de que es probable que muchas de ellas terminen utilizándose para cometer violaciones de derechos humanos en Darfur”, ha manifestado Brian Wood, experto en cuestiones militares y policiales de Amnistía Internacional.

“El conflicto de Darfur se mantiene por el constante flujo de armas procedentes del extranjero. Para prevenir nuevas violaciones graves de derechos humanos, es preciso suspender de inmediato todas las transferencias internacionales de armas a Sudán, y ampliar a todo el país el embargo de armas de la ONU”.

La semana que viene, en la sede de la ONU en Nueva York, el Consejo de Seguridad examinará de nuevo las sanciones impuestas a Sudán. Los gobiernos reanudarán además las conversaciones cruciales sobre un futuro Tratado sobre el Comercio de Armas. Un tratado efectivo obligaría a los gobiernos a detener las transferencias cuando exista un riesgo sustancial de que las armas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos o crímenes de guerra.

“Hasta que los gobiernos no acuerden un tratado enérgico sobre el comercio de armas, con normas específicas sobre el respeto de los derechos humanos, los embargos de armas de la ONU seguirán burlándose, y millones de personas seguirán sufriendo las consecuencias de las transferencias de armas irresponsables, como sucede en Darfur”, ha manifestado Brian Wood.

Las armas enviadas al gobierno de Sudán las utilizan en Darfur tanto directamente las Fuerzas Armadas de Sudán, como las milicias respaldadas por el gobierno, entre las que se encuentra la Fuerza de Defensa Popular. Esta última, equipada por las Fuerzas Armadas, opera bajo su mando y conjuntamente con ellas: entre otras cosas, se desplaza en vehículos de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas, otras agencias de seguridad sudanesas y las milicias respaldadas por las Fuerzas Armadas están utilizando en Darfur armas pequeñas y municiones fabricadas en China.

El 1 de diciembre de 2011 tuvo lugar un ataque en el campo de Zam Zam, que alberga a personas desplazadas por el conflicto, en el que las fuerzas de seguridad sudanesas llevaron a cabo un saqueo durante el cual un hombre murió por disparos y otras seis personas resultaron heridas de gravedad. Los testigos declararon haber encontrado, tras el asalto, munición con los códigos de fabricación chinos “41” y “71” y las fechas de fabricación (20)06 y (20)08, lo que indica que se transfirieron a Darfur después de la imposición del embargo de armas.

Amnistía Internacional ha descubierto que en 2011 también se encontró en Kordofán del Sur munición fabricada en 2010 con códigos de fabricación chinos.

Durante los combates de 2011 en el este de Darfur se observó un patrón reiterado de ataques aéreos, contra blancos tanto militares como civiles, con equipo de las Fuerzas Armadas de Sudán, como aviones Sujói-25 de ataque a tierra, helicópteros artillados Mi-24 y aviones de transporte Antonov utilizados como bombarderos rudimentarios pero efectivos.

Amnistía Internacional ha sabido que Sudán recibió 36 nuevos helicópteros artillados Mi-24 entre 2007 y 2009. La sustitución constante de los Mi-24 por parte de la Federación Rusa permite que los ataques contra Darfur continúen.

Una fotografía tomada en el aeropuerto de San Petersburgo, en la Federación Rusa, en mayo de 2011 muestra un nuevo helicóptero artillado Mi-24P pintado con el emblema de las Fuerzas Armadas de Sudán que, al parecer, aguarda a ser exportado a Sudán.

Amnistía Internacional ha obtenido pruebas del uso de cohetes aire-tierra en varios ataques aéreos lanzados por las Fuerzas Armadas de Sudán en 2011 tanto en Darfur como en otros puntos de Sudán. Estos cohetes se han fabricado en varios países de la antigua Unión Soviética, y coinciden con las armas de los helicópteros artillados Mi-24 y los aviones de ataque a tierra Su-25.

Sudán ha seguido importando un número significativo de vehículos blindados desde Bielorrusia y la Federación Rusa. Amnistía Internacional ha documentado el uso tanto de vehículos blindados BTR-80A como de lanzacohetes múltiples montados en vehículos tipo Land Cruiser en operaciones de las Fuerzas Armadas de Sudán y en operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas de Sudán y la Fuerza de Defensa Popular en el este de Darfur en la primera mitad de 2011.

Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que:

amplíe de inmediato el actual embargo de armas de la ONU para que abarque todo Sudán, con el fin de impedir la llegada de suministros militares y afines a todas las partes en el conflicto de Darfur. Este embargo debe seguir siendo supervisado por un grupo de expertos de la ONU dotado de recursos suficientes que informe regularmente al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad. El grupo de expertos debe llevar a cabo investigaciones internacionales y debe supervisar periódicamente los principales puertos de entrada a Sudán para garantizar que se respeta el embargo;

pida al gobierno de Sudán que cumpla el embargo existente de armas sobre Darfur impuesto por la ONU, lo cual incluye poner fin a todos los vuelos militares ofensivos y pedir al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU autorización previa para introducir equipo y suministros militares en Darfur.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que introduzcan un Tratado sobre el Comercio de Armas que sea efectivo y que incluya:

enérgicos parámetros de derechos humanos para impedir la transferencia de armas convencionales cuando exista un riesgo sustancial de que esas armas puedan utilizarse para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;

un ámbito amplio que incluya todo el armamento, las municiones y otro tipo de equipos y materiales utilizados por el ejército y los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley;

normas sólidas para su aplicación y su cumplimiento, incluidos sistemas nacionales de autorización y concesión de licencias.