Noticia nº172.397

/noticias.info/ El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que “vamos a mantener de forma sostenida las movilizaciones contra la reforma laboral, pero unas movilizaciones para negociar, reorientar y reconducir las propuestas injustas, inútiles y lesivas del Real Decreto Ley”.

Toni Ferrer ha realizado estas declaraciones previas al Consejo Confederal de UGT, donde ha manifestado que en el día de ayer los Secretarios Generales de UGT y CCOO “se dirigieron al presidente del Gobierno por escrito para plantearle que se abra un proceso de negociación en el que el Ejecutivo manifieste su voluntad de querer negociar”.

“Esto no se realiza a través de los medios, como ha hecho la ministra”, ha considerado, “diciendo que presentemos propuestas, porque hasta ahora solo hemos tenido dos encuentros técnicos y tampoco se ha visto ahí la voluntad de negociar”.

En este sentido, Toni Ferrer ha manifestado que “el Gobierno parece más interesado en justificar aquello que no tiene justificación, cuando ha abaratado el despido, ha facilitado la destrucción de empleo y ha vulnerado la negociación colectiva y la flexibilidad negociada pactada en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)”.

Ante esto, ha recordado que los sindicatos “tenemos propuestas que vamos a discutir con los grupos parlamentarios, como la Iniciativa Legislativa Popular por el empleo estable y con derechos, que está pendiente de ser abordada en el Parlamento, y el AENC firmado el pasado 25 de enero, y esperamos que el Gobierno abra un proceso de negociación”.

Posibles materias que vulneran la Constitución

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha informado que los sindicatos “estamos ultimando el estudio de las posibles materias que vulneran la Constitución en el Real Decreto Ley, y estamos valorando el plantear a los grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo que se recurra la constitucionalidad de la reforma laboral”.

Concretamente, “no se justifica utilizar el trámite de urgencia con las medidas que se plantean, máxime cuando el propio Gobierno dice de manera reiterada que no va a tener ningún efecto inmediato sobre la creación de empleo”. Además, “se impone un laudo arbitral obligatorio que vulnera el principio de autonomía colectiva y libertad sindical; y hay un periodo de prueba que plantea el despido libre a través del desestimiento del empresario durante un periodo de 365 días”

Este periodo de prueba “plantea otra serie de vulneraciones de los preceptos constitucionales, concretamente del principio de igualdad, ya que discrimina a las personas desempleadas que cobran prestación y las que no la cobran”.

Además, se plantean, “de forma ambigua”, las causas de modificación de las condiciones de trabajo, “que pueden reducir el control judicial y vulnerar la tutela judicial efectiva”.

La ley ya recoge la reducción de la prestación al parado que rechace una oferta

En relación a las declaraciones de CEOE planteando la retirada de la prestación a un parado que rechace una oferta de empleo “aunque sea en Laponia”, Toni Ferrer ha señalado que “determinadas expresiones, sobre todo cuando se habla de las personas más débiles de este país y que lo están pasando peor, se descalifican por sí solas”.

“Nuestra legislación, concretamente la Ley de Empleo del año 2003”, ha recordado, “plantea dos cuestiones básicas: que la oferta de empleo tiene que ser adecuada a la formación y a las características profesionales de la persona; y una serie de actuaciones que pueden conllevar la sanción y la reducción de la prestación si la oferta fuese adecuada y la persona no la acepta”.

Por tanto, “estas declaraciones, que van en una línea injusta y socialmente repugnante, no creo que sirvan más que para crispar a la sociedad de este país, cuando nosotros estamos por la labor de que el país mantenga su unidad y se recupere la sensatez”.

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La actuación contra los estudiantes valencianos, “brutal y sin ningún tipo de proporcionalidad”

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha valorado como “brutal y sin ningún tipo de proporcionalidad” la actuación policial contra los estudiantes de Valencia. “La Delegación de Gobierno y el Ministerio del Interior no pueden justificar que a unos estudiantes se les golpee, se les maltrate y se les detenga”.

“Son situaciones que habría que reconducir y reorientar, máxime cuando son estos estudiantes los que están viviendo de primera mano el recorte de la Educación, incluso en las cuestiones más elementales, como puede ser el material escolar o las propias condiciones en las que se realizan las clases, sin calefacción o con cortes de luz”, ha considerado.