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Ecologistas en Acción insiste en la necesidad de una Comisión de Investigación del Parlamento que esclarezca los incendios del pasado verano en Andalucía

/noticias.info/ Ante la catástrofe socioambiental que suponen la sucesión de incendios forestales y su relación con el desvío de inversiones forestales tanto desde la Junta de Andalucía, incumpliendo los compromisos adquiridos en el Parlamento con la aprobación del Plan Forestal Andaluz, como desde el Ministerio de Medio Ambiente, que venía realizando proyectos de lo más dispar con fondos europeos otorgados para restauración hidrológico- forestal, Ecologistas en Acción-Andalucía defendió en su día la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria que además de emitir conclusiones destinadas a reorientar la política forestal en Andalucía puediera exigir responsabilidades políticas si se establecieran.

No hay duda de que los primeros responsables de esta serie de incendios son sus autores y en su caso los inductores, por lo que Ecologistas en Acción se ha personado en la causa penal abierta. Sin embargo, la acción de un incendiario, que en otras ocasiones queda en simple conato, ha alcanzado dimensiones de catástrofe.

Ecologistas en Acción entiende que es función del Parlamento investigar, esclarecer y determinar qué otras responsabilidades se deben exigir y en su caso depurar para corresponder a la legítima alarma social generada. En el caso del sector privado afectado, será la aplicación de la Ley de Incendios Forestales la que determine responsabilidades con las sanciones correspondientes, pero al gestor público sólo cabe exigirle responsabilidades políticas vía Parlamento.

En primer lugar, se debe exigir explicaciones públicas de los responsables de la gestión forestal ante el hecho fehaciente de que el estado de las fincas públicas afectadas no ha servido para facilitar la extinción del incendio. Estas explicaciones deben dirigirse a determinar tanto los aspectos técnicos mal calibrados como cortafuegos o tareas selvícolas llevadas a cabo, como a cuestionar el modelo de prevención que se ha venido realizando, que con inversiones cada vez menores, sólo ha conseguido el alejamiento, desmotivación y desvinculación de la población local con el monte.

En segundo lugar, por no haber fiscalizado, como exige la Ley, las tareas de prevención de incendios que debían practicarse en los terrenos privados y públicos, especialmente en el caso de los montes ocupados por masas monoespecíficas de eucalipto o pino, como las fincas de ENCE o del ICO que han sido el principal factor de propagación del incendio y por haber propiciado como tareas subvencionadas medidas preventivas como líneas cortafuegos sin previa planificación, que han demostrado su ineficacia pero que tienen un enorme impacto ecológico.

Especialmente grave es el desvío de fondos comunitarios, gestionados por las Confederaciones Hidrográficas, para restauración hidrológico-forestal a proyectos que nada tienen que ver con lo forestal como canalizaciones, parques y hasta polideportivos, por lo que también se debe pedir las comparecencias oportunas.

En cuanto a la gestión del incendio en sí, se tendría que cuestionar la total desconexión entre la Guardería Forestal que interviene día a día y conoce el terreno sobre el que trabaja y el personal del Plan Infoca, dependiente de la Empresa Pública EGMASA.

Finalmente, Ecologistas en Acción considera que la Junta de Andalucía no puede seguir pretendiendo achacar la sucesión de catástrofes, que han calcinado más de 50.000 hectáreas, a la simple combinación de incendiario más condiciones climáticas excepcionalmente adversas, sin asumir las correspondientes responsabilidades, más aún cuando la sucesión de incendios supone el fracaso de toda la política forestal en Andalucía, fruto del incumplimiento sistemático durante quince años del Plan Forestal Andaluz desde su aprobación por unanimidad en el Parlamento Andaluz, por lo que debe ser el propio Parlamento quién exija respuestas para satisfacer la demanda social de explicaciones.
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