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Fuente : WWF/Adena ·
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El Defensor del Pueblo da la razón a WWF/Adena y sostiene que el MIMAM incumplió su deber de conservar las costas canarias
/noticias.info/ · WWF/Adena presentó, en diciembre de 2001, una queja ante el Defensor del Pueblo por la ampliación del Puerto Deportivo Marina del Rubicón (Lanzarote) debido a la dejadez mostrada por el Ministerio de Medio Ambiente en la conservación de las costas canarias. Tras un largo proceso, el Defensor del Pueblo ha resuelto que ni las competencias compartidas por diversas administraciones, ni el interés de particulares pueden estar por encima de su deber de proteger las costas españolas.
14/05/2003
La Secretaría de Aguas y Costas del MIMAM y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias fueron acusadas por WWF/Adena ante el Defensor del Pueblo por no haber hecho todo lo que estaba en su mano para proteger ni la playa ni los fondos marinos de Playa Blanca (Lanzarote).
Según la organización ecologista, la ejecución del proyecto de construcción de un puerto deportivo en Playa Blanca no se correspondía con el que se había autorizado ni en extensión, ni en destino de las construcciones. Además, no respetaba las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, dañando unos fondos marinos de gran riqueza biológica por la presencia de comunidades de fanerógamas.
WWF/Adena planteaba al Defensor del Pueblo una importante cuestión: si la Administración del Estado, por el hecho de ceder un trozo de costa (en definitiva, una porción de dominio público de todos los españoles) a una Comunidad Autónoma para que ésta ejerza sus competencias —como ocurre en el caso de autorizaciones para nuevas construcciones o ampliaciones de puertos deportivos—, podía inhibirse o no en cualquier obligación de conservación y protección de la costa, tal como pretendía la Secretaría de Aguas y Costas del MIMAM. En opinión de WWF/Adena, y en base a la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, el MIMAM seguía teniendo como deber la tutela de esos bienes de dominio público.
Tras un largo proceso en el que la Secretaría de Aguas y Costas tuvo que ser requerida varias veces para informar sobre lo sucedido, y que sigue pendiente en cuanto a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, por no haber contestado todavía al Defensor del Pueblo, éste ha dado la razón a WWF/Adena.
Para Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena “La importancia de esta resolución del Defensor del Pueblo es indudable, ya que pone en entredicho la política desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente con respecto a una gran cantidad de puertos deportivos, tanto en Canarias como en el Mediterráneo, en los que escudándose en las competencias de otras administraciones, se inhiben en la suya propia de protección y conservación en la integridad del litoral”.
Artículo: Rita Rodríguez
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