Fuente : Izquierda Unida (IU)
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Carrillo opina que "si no hay cambios en la cúpula del PP" el Gobierno español podría afrontar la eventual reforma del Estatuto catalán como si fuera el 'Plan Ibarretxe'

/noticias.info/ El ex secretario general del PCE Santiago Carrillo opina que "si no hay cambios en la cúpula del PP" el Gobierno español podría afrontar la eventual reforma del Estatuto catalán reclamada por el PSC como si fuera el plan Ibarretxe.

Carrillo, que participó el martes pasado en San Sebastián junto al ponente de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Gurutz Jauregi en una conferencia organizada por el alcalde de la ciudad, Odón Elorza, para conmemorar el 25 aniversario de la Carta Magna.

El ex dirigente comunista valoró el próximo gobierno de izquierdas en Cataluña, porque esta comunidad autónoma "va a modificar su Estatuto y eso va a hacer que el problema no se limite sólo a Euskadi sino que adquiera una dimensión mayor".

Expresó su deseo de que la voluntad de las regiones de modificar sus estatutos "ayude a que en Madrid aparezca en la derecha algún sector inteligente" que permita evidenciar que hacen falta políticas "de tipo federalista", ya que, a su juicio, la España actual no es el estado centralista que fue durante siglos.

Criticó que el Gobierno español trate de presentar a ERC "como una especie de ETA catalana" y reprochó que haya políticos que aboguen por una "vuelta atrás en los progresos que ha hecho España" desde la aprobación de la Constitución en 1978.

Herrero de Miñón, por su parte, indicó que Cataluña "va a ser un test" para verificar la voluntad del Gobierno español de reformar el Estatuto catalán, ya que en esta comunidad no hay violencia, aunque precisó que este proceso "será más fácil" que en Euskadi.

Jauregi consideró que la desaparición de ETA permitiría rebajar la tensión política del País Vasco, aunque aseveró que "la ausencia de violencia no debe ser condición indispensable para poder presentar propuestas" como la del lehendakari, ya que en 1978, a su juicio, había más violencia y se pudo consensuar la Constitución con voluntad política, apoyo mediático y el trabajo de los juristas.

Respecto al plan Ibarretxe, Carrillo dijo que "hay fuerzas que no han asumido" el Estado autonómico y "creen que la unidad de España puede hacerse por la fuerza del Estado central y mediante leyes represivas".

Herrero de Miñón, quien coincidió con Carrillo y Jauregi al destacar la "legitimidad" de la propuesta del lehendakari, opinó que "lo peor" que se puede hacer es "no negociarlo" y abogó por prolongar el espíritu de pacto que permitió la aprobación de la Constitución.

Dijo que para que la Carta Magna siga "viva" es preciso "seguir pactándola permanentemente" como cualquier otro contrato mercantil y reclamó "diálogo político sin condiciones previas" para actualizar el texto constitucional, ya que "no se puede interpretar, derogar ni imponer unilateralmente".


El Gobierno recuerda a Maragall que convocar una consulta popular es ilegal

Cuatro días más tarde. El ministro portavoz del Ejecutivo, Eduardo Zaplana, calificó hoy (viernes 12) el documento que recoge el programa del futuro Gobierno de la Generalitat de Cataluña encabezado por el socialista Pasqual Maragall de "disparate", y puso de relieve que la convocatoria de una consulta popular, contemplada en el texto, es "ilegal".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Zaplana reiteró en numerosas ocasiones la "altísima preocupación" y hasta el "desasosiego" del Ejecutivo central, no tanto por el hecho de que el PSC se haya hecho con el Gobierno catalán sino porque, a su juicio, el PSOE "abdica" de su condición de partido de ámbito nacional.

"Es legítimo llegar al Gobierno de Cataluña, el problema es si, para llegar, hay que hacer lo que sea", recalcó el portavoz gubernamental, quien subrayó la idea de que lo que está en juego es "la idea de España" y las reglas de convivencia democrática.

En este contexto, Zaplana relacionó también el recurso interpuesto por el PSOE a la decisión del Gobierno de modificar el Código Penal, para hacer frente al Plan Ibarretxe, con la situación a la que ahora se enfrenta el PSOE tras haber pactado en Cataluña con ERC.

El ministro sugirió que, como el PSOE sabía que firmaría en Cataluña un programa de Gobierno que recoge la idea de una consulta popular, no podía apoyar en Madrid la reforma penal planteada por el Gobierno. "No quiero extralimitarme en mis comentarios, pero precisamente porque sabían que eso se iba a firmar, no podían apoyar una reforma del Código Penal", dijo.

En línea con este argumento, auguró que todo el PSOE se verá "comprometido" con las decisiones que adopte el Parlamento catalán una vez constituído. En todo caso, garantizó una relación institucional "exquisita" con el futuro Gobierno de la Generalitat catalana.

12/12/2003
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