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El Consejo de Ministros del pasado viernes remite a las Cortes General el PROYECTO DE LEY que llega en unos tiempos dificiles para lograr financiación.

La AIF cree que la Ley de Intermediación debería exigir una preparación mínima a los profesionales del sector

Un sector que ha crecido desordenadamente y que necesita de una URGENTE ordenación.

/noticias.info/ La Asociación de Profesionales Asesores de Independientes Financieros considera que el anteproyecto de ley de Intermediación del Ministerio de Consumo debería exigir requisitos mínimos de cualificación a los profesionales que asesoran a los consumidores.
Si bien la AIF valora que muchas de sus propuestas estén contempladas en el anteproyecto de ley por la que se regula la protección de los consumidores en los servicios de intermediación y en la contratación de créditos, la asociación teme que la ley quede en la mera regulación de productos (en especial en lo que se refiere a las hipotecas y renegociación de créditos) cuando muchos de los problemas del sector han venido del crecimiento rápido y desordenado, que ha llevado a la apertura de franquicias al frente de muchas de las cuales había y sigue habiendo personas sin preparación para ofrecer productos financieros.
La asociación también considera que la exigencia de ofrecer al menos tres ofertas vinculantes de entidades de crédito para la contratación de hipotecas y créditos al consumo resulta inviable y en realidad perjudicial para los consumidores. Y es que los costes de las tasaciones previas que podrían exigir las tres entidades acabarían repercutiendo en el cliente, con lo que la medida resulta poco menos que inviable.
Asimismo, tampoco resultan realistas los plazos de información previa, en este caso porque es el cliente quien solicita rapidez en la mayoría de sus operaciones.
La AIF sí que considera un acierto que se contemplen medidas como el registro público de profesionales, los criterios obligatorios de transparencia y la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Estas medidas llevaban años siendo reclamadas por la asociación y siendo exigidas por ésta a sus asociados.
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