La reforma de la dependencia y la discapacidad entra en vigor este viernes 23 de octubre. La norma tiene tres objetivos: reducir la burocracia, ampliar derechos y reforzar la financiación pública. Además, se ha consolidado como el principal hito social de la legislatura. Modifica las leyes de Dependencia y Discapacidad, y el grueso de sus disposiciones requerirá el desarrollo normativo de las comunidades autónomas.
La iniciativa partió del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El Congreso le dio su aprobación definitiva el pasado 16 de septiembre. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la calificó como «la mayor reforma social en décadas».
Qué cambia con la reforma de la dependencia
El texto supone una remodelación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Al mismo tiempo, responde de forma directa al mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución Española. Ese artículo sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad.
Una de las novedades de la reforma de la dependencia es la eliminación de las incompatibilidades entre prestaciones y servicios. También se establece el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia.
Por otra parte, la ley incorpora la figura del asistente personal. Además, amplía la atención más allá de la familia directa. Así, vecinos o amigos podrán ser reconocidos oficialmente como cuidadores.
Teleasistencia, plazos más cortos y accesibilidad
La norma incluye la teleasistencia como un derecho subjetivo. Asimismo, acorta los tiempos del procedimiento administrativo. El plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia pasa de 6 a 3 meses.
En materia de vivienda, el texto modifica la Ley de Propiedad Horizontal. A partir de ahora, las comunidades de vecinos estarán obligadas a solicitar las ayudas para obras de accesibilidad.
En tanto, la reforma de la dependencia incluye una medida en el ámbito de los seguros. La ley prohíbe subir el precio de los seguros a las personas con discapacidad.
Financiación estatal de la reforma de la dependencia
Otro eje de la ley es el dinero. El texto blinda por ley la financiación estatal del SAAD. Para ello, establece que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación.
Además, la reforma de la dependencia va acompañada de una inyección adicional de 6.200 millones de euros. Esos fondos irán a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.
El pasado viernes, Bustinduy informó de otra transferencia. Según detalló, los gobiernos autonómicos recibieron del Gobierno central un total de 739 millones de euros adicionales para la dependencia. Ese dinero llegó entre julio y septiembre de 2026.
Los desarrollos pendientes tras la entrada en vigor
La entrada en vigor no cierra el proceso. Algunos aspectos del texto todavía necesitan desarrollos reglamentarios. Por ejemplo, el Gobierno deberá aprobar un nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia. Tendrá para ello un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, antes necesitará el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Asimismo, el Ejecutivo tiene un año para aprobar un texto refundido de la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
Por otra parte, la reforma de la dependencia fija otro encargo. El Gobierno debe remitir, en el plazo de doce meses, un proyecto de ley para el reconocimiento, la reparación y la indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad.
En todo caso, el grueso de las disposiciones requerirá la intervención directa de las comunidades autónomas. Ellas tendrán que desarrollar la normativa para su puesta en marcha.
Las listas de espera, asunto abierto para la reforma de la dependencia
Entre los problemas por resolver figura la plena erradicación de las listas de espera. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, 236.736 personas están a la espera de la dependencia.
De ellas, 134.734 personas llevan más de seis meses esperando, que es el plazo máximo legal. Ese grupo es el que el Gobierno considera la lista de espera oficial. Con la reforma de la dependencia, ese plazo máximo de resolución se reduce a tres meses.
En este contexto, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha planteado una exigencia a los gobiernos autonómicos. Bustinduy exigió a las comunidades autónomas que las listas de espera lleguen a cero en 2028.
