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La Corte Internacional de Justicia declara a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás

Genocidio rohinyá: el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, iluminado de noche

Imagen generada con IA

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves a Myanmar responsable del genocidio rohinyá cometido durante la ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin, en el oeste del país. El fallo se adoptó por mayoría. Además, es la primera vez que el principal tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de este crimen. Los jueces también ordenaron a Myanmar, también conocido como Birmania, investigar a los responsables, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.

Lo que concluyó la CIJ sobre el genocidio rohinyá

El tribunal determinó que Myanmar tuvo la «intención de destruir» una parte sustancial de la población rohinyá. Durante la ofensiva, unos 10.000 rohinyás fueron «asesinados violentamente durante operaciones de limpieza». El juez Yuji Iwasawa, presidente de la corte, leyó las conclusiones. Por otra parte, reconoció ataques de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos de control militares y contra civiles.

Los magistrados concluyeron que Myanmar cometió el genocidio rohinyá y que no logró prevenirlo. Sin embargo, también resolvieron que el país no incitó a ese crimen de manera «directa y pública». «Es razonable inferir que las fuerzas de Birmania actuaron con intención genocida», afirmó Iwasawa.

El juez sostuvo que las fuerzas de seguridad «se vieron involucradas en asesinatos indiscriminados». Además, las acusó de ejecuciones, de violencia sexual y de «haber prendido fuego a viviendas de poblaciones rohingyas». Según Iwasawa, esas fuerzas «atacaron a los rohinyas» que huían hacia Bangladesh en agosto de 2017, el punto álgido de las operaciones.

Las pruebas de la intención genocida

Iwasawa recordó que la carga de la prueba correspondía a Gambia, el país que presentó la demanda. Debía «corroborar que la intención genocida es la única inferencia razonable que puede extraerse de las pruebas». En ese sentido, la corte halló indicios de que el Ejército respaldó y propició «delitos de odio» contra esta población.

«El tribunal considera que las leyes y restricciones discriminatorias erosionaron progresivamente sus derechos y los dejaron marginados y particularmente vulnerables, mientras que el discurso de odio patrocinado por los militares alimentó la hostilidad contra ellos», dijo el juez. También reprochó a Myanmar que no investigó «de manera genuina» las presuntas atrocidades y que negó el acceso a pruebas y testigos.

Por otra parte, el juez citó una normativa regional que limitaba a dos el número de hijos de las parejas descritas como bengalíes. Según explicó, Myanmar reconoce que su propósito era reducir la natalidad del grupo. Por eso, el tribunal la consideró «una medida coercitiva dirigida contra el grupo rohinyá». Iwasawa añadió que la violencia sexual buscaba «menoscabar, tanto física como mentalmente, la voluntad y la capacidad de la población para procrear». En tanto, Amnistía Internacional afirmó que el ejército violó y maltrató a mujeres y niñas rohinyás.

Las reparaciones que ordena el tribunal

Como reparación, la CIJ ordenó a Myanmar permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los rohinyás desplazados, dentro y fuera del país. Además, debe garantizar la reunificación de las familias separadas. Los jueces exigieron devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas destruidas o dañadas. También pidieron facilitar la búsqueda de desaparecidos y la rehabilitación física y psicológica de las víctimas.

Asimismo, Myanmar deberá indemnizar a la comunidad por los daños que no puedan repararse con la restitución. La corte ordenó medidas «inmediatas y efectivas» para investigar, procesar y castigar a los sospechosos de actos de genocidio. Por otra parte, exigió aprobar legislación y ofrecer «garantías de no repetición».

La sentencia no supone una condena penal contra militares o dirigentes concretos. La responsabilidad individual se analiza en otros procedimientos, como los de la Corte Penal Internacional (CPI).

Gambia, la demanda y la defensa de Myanmar ante el genocidio rohinyá

Gambia inició el proceso en 2019 con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica. Fue la primera vez que un país invocó la Convención sobre el Genocidio ante la CIJ sin vínculos directos con los crímenes. Para hacerlo, se basó en una disposición que permite a cualquier Estado parte demandar a otro. Durante el juicio, supervivientes declararon a puerta cerrada por razones de seguridad.

Philippe Sands KC, abogado del equipo legal de Gambia, calificó el fallo sobre el genocidio rohinyá de «histórico». «Está a la altura de los grandes momentos de la justicia internacional: Núremberg, el caso Pinochet y otros», afirmó.

Myanmar, en cambio, rechazó las acusaciones. Su representante, Ko Ko Hlaing, defendió que las operaciones respondieron a ataques del ARSA, al que calificó de organización terrorista. Además, sostuvo que la pandemia, los desastres naturales y la inestabilidad en Rakáin dificultaron la repatriación de los refugiados.

Quiénes son los rohinyás

Los rohinyás son una minoría étnica musulmana que vive sobre todo en Rakáin. Afirman ser indígenas descendientes de comerciantes árabes. Sin embargo, el Estado birmano los considera migrantes llegados desde Bangladesh durante la ocupación británica. La ley de ciudadanía de 1982 reconoció a 135 grupos étnicos, pero los excluyó. La ONU los describió como «la minoría más perseguida del mundo».

En octubre de 2016, los militares lanzaron una primera ofensiva en el norte de Rakáin. Luego, el 25 de agosto de 2017, combatientes del ARSA atacaron más de 30 puestos policiales. La respuesta militar provocó la huida de unos 700.000 rohinyás a Bangladesh. Médicos Sin Fronteras contabilizó al menos 6.700 muertos en el primer mes, incluidos al menos 730 niños menores de 5 años.

Entonces gobernaba la Liga Nacional para la Democracia (LND), con Aung San Suu Kyi como líder de facto y Htin Kyaw como presidente. Ese Gobierno compartía el poder con el Ejército. Hoy, más de un millón de refugiados viven en Cox’s Bazar, en Bangladesh.

El alcance del fallo por el genocidio rohinyá

La CIJ tiene su sede en La Haya y resuelve controversias entre Estados, no juzga a personas. Desde la Convención de 1948, hubo condenas individuales por genocidio en Ruanda y la antigua Yugoslavia. Sin embargo, ningún Estado había sido declarado culpable por un tribunal internacional hasta la sentencia por el genocidio rohinyá.

Por otra parte, el fallo podría servir de referencia para la demanda de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en Gaza, presentada el 29 de diciembre de 2023. En ese caso, la corte solo ordenó medidas provisionales y el proceso sigue abierto.

Aun así, la CIJ no tiene fuerza propia para hacer cumplir sus decisiones. Su aplicación depende de los Estados y de mecanismos de la ONU como el Consejo de Seguridad. Por eso, la reparación tras el genocidio rohinyá dependerá de que las medidas ordenadas se traduzcan en acciones concretas.

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