Contenidos
Las comunidades energéticas han emergido como una de las herramientas más poderosas para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, justo y descentralizado. En un momento marcado por el alza de los precios de la energía y la urgencia climática, estas estructuras permiten a ciudadanos, pymes y administraciones generar, compartir y gestionar su propia energía renovable, con un enfoque colaborativo y local. Sin embargo, su desarrollo no solo depende del compromiso social y la innovación tecnológica, sino también de un marco normativo claro y de un acceso efectivo a ayudas públicas.
En este artículo analizamos las principales normativas vigentes, las oportunidades de financiación abiertas —como las del IDAE— y el papel de empresas facilitadoras como Cambio Energético, que ayudan a dar forma a estos proyectos en todo el territorio nacional.
Un marco legal en evolución constante
Desde la publicación de la Directiva Europea 2018/2001 (RED II), España ha dado pasos importantes para adaptar su legislación y favorecer la creación de comunidades energéticas. Aunque el concepto ya aparecía en el Real Decreto 244/2019, que regula el autoconsumo, es con el Real Decreto-ley 23/2020 y la posterior Ley 7/2021 de Cambio Climático donde se empieza a integrar con más fuerza el término “comunidad energética” dentro de nuestro sistema normativo.
Uno de los principales avances llegó en diciembre de 2022 con el Real Decreto 244/2022, que definió formalmente la figura de la comunidad energética renovable (CER) en el marco español. Este decreto no solo estableció las condiciones técnicas para el autoconsumo colectivo, sino que introdujo criterios como la “proximidad geográfica” entre los participantes y la instalación, elemento clave para el reparto energético dentro de las comunidades energéticas.
A comienzos de 2024, se reforzaron las competencias de los municipios en la promoción de estas comunidades energéticas, especialmente a través de la nueva Ley de Eficiencia Energética de Edificios Públicos y diversas modificaciones en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Esta estrategia otorga a las comunidades energéticas un papel protagonista para alcanzar los objetivos de generación distribuida y neutralidad climática en 2050.
Subvenciones disponibles: IDAE, fondos europeos y planes autonómicos
Uno de los catalizadores más relevantes para poner en marcha comunidades energéticas en España son las ayudas públicas, tanto de ámbito nacional como europeo y regional. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es el organismo encargado de canalizar buena parte de los fondos dirigidos a proyectos de energías renovables y eficiencia energética.
Actualmente, se encuentran abiertas —o en fase de resolución— varias líneas importantes:
Programa CE-IMPLEMENTA
Dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este programa está específicamente dirigido al impulso de proyectos piloto de comunidades energéticas. Las ayudas pueden alcanzar hasta el 60% de la inversión, y se valoran especialmente los proyectos que incluyan innovación social, participación ciudadana y digitalización.
Las convocatorias CE-IMPLEMENTA suelen dividirse en dos bloques: uno para entidades con experiencia (empresas, cooperativas, administraciones) y otro para iniciativas ciudadanas emergentes. La próxima apertura de convocatoria se espera para finales de 2025, tras el análisis de los resultados de la primera ola de beneficiarios.
Incentivos para autoconsumo y almacenamiento
Aunque no están pensadas exclusivamente para comunidades energéticas, las ayudas al autoconsumo con renovables y al almacenamiento con baterías —disponibles a través de comunidades autónomas— permiten a muchos proyectos reducir costes de instalación de forma significativa.
En comunidades energéticas donde varios vecinos comparten una misma planta solar, estos fondos pueden cubrir hasta un 50% del coste del sistema fotovoltaico y hasta un 65% en el caso de baterías, dependiendo del tipo de beneficiario.
El papel de empresas facilitadoras como Cambio Energético
El despliegue de comunidades energéticas no es solo una cuestión legal o económica. La dimensión técnica, la gestión de licencias, la constitución legal de la comunidad o la configuración del reparto energético hacen que muchos grupos ciudadanos o ayuntamientos necesiten acompañamiento experto.
Aquí es donde cobran protagonismo empresas especializadas como Cambio Energético, una firma con más de 15 años de experiencia en el sector de las energías renovables y pionera en el impulso de comunidades energéticas en zonas rurales y periurbanas.
La compañía no solo ofrece servicios de instalación y tramitación, sino que acompaña todo el proceso de diseño, legalización, búsqueda de financiación, y formación de los socios de la comunidad. Además, participa activamente en proyectos piloto con IDAE y asesora tanto a colectivos ciudadanos como a consistorios locales que buscan implementar estas soluciones como parte de su estrategia de sostenibilidad.
Cambio Energético y la democratización de la energía
Una de las líneas estratégicas más destacadas de Cambio Energético en los últimos años ha sido precisamente su implicación directa en proyectos que promueven el empoderamiento ciudadano y la gestión comunitaria de la energía. Desde pequeñas localidades de Extremadura hasta zonas industriales en Castilla-La Mancha, la empresa ha desarrollado modelos replicables que facilitan el acceso a energías limpias para todos, sin necesidad de grandes inversiones iniciales por parte de los participantes.
Este modelo de asesoramiento integral resulta especialmente valioso en un contexto donde las comunidades energéticas aún no disponen de herramientas administrativas ágiles ni de modelos financieros consolidados. Gracias al apoyo de entidades técnicas como Cambio Energético, muchos de estos proyectos logran superar las barreras burocráticas, acceden a subvenciones y garantizan su viabilidad a largo plazo.
Expectativas para 2025: más apoyo, más regulación y más comunidades
Con la actualización del PNIEC prevista para el segundo semestre de 2025, se espera que las comunidades energéticas tengan aún más protagonismo en la estrategia energética nacional. Entre los puntos que podrían consolidarse en los próximos meses están:
- La ampliación del radio de proximidad para el autoconsumo compartido, lo que permitiría incluir a más participantes.
- La creación de una ventanilla única para la tramitación de comunidades energéticas, especialmente pensada para reducir burocracia.
- Nuevas líneas de financiación gestionadas directamente desde la Comisión Europea a través del Innovation Fund y otros instrumentos.
Al mismo tiempo, se prevé que las comunidades autónomas refuercen sus programas regionales, complementando los fondos IDAE con incentivos fiscales, exenciones de IBI o reducciones en tasas urbanísticas.
Conclusión: una oportunidad que no podemos dejar pasar
El impulso a las comunidades energéticas en España no es solo una moda o una tendencia europea: es una necesidad estructural en un país con alta dependencia energética, gran potencial solar y fuertes desigualdades sociales en el acceso a energía limpia.
Gracias a un marco normativo cada vez más claro y a programas de subvenciones generosos, hoy es más fácil que nunca lanzar una iniciativa energética ciudadana. No obstante, hacerlo con garantías requiere planificación, conocimiento técnico y socios confiables. Apostar por comunidades energéticas es apostar por una energía más justa, accesible y resiliente, y el momento para hacerlo es ahora.