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América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Su proceso de urbanización ha derivado en un crecimiento desordenado, desigualdad social y una presión creciente sobre las infraestructuras. Leopoldo Arnaiz Eguren, presidente de la firma Arnaiz, con experiencia internacional en urbanismo, desarrollo urbanístico y proyectos urbanísticos, explica cómo estas ciudades pueden transformarse en entornos sostenibles y habitables.
¿Hacia dónde se dirige el futuro del urbanismo en Latinoamérica?
Las ciudades deben gestionar una urbanización acelerada, en muchos casos sin planificación, que afecta al desarrollo urbano y a la calidad de vida.
En las últimas décadas, las urbes han crecido rápido. La migración de sectores pobres a áreas de mayor poder adquisitivo ha creado contrastes extremos. Conviven estándares de primer mundo con realidades del segundo, tercero o cuarto mundo. Esto provoca deficiencias en servicios básicos, infraestructuras insuficientes, inseguridad y problemas ambientales. Además, el transporte público suele ser de baja calidad.
La planificación urbana no es solo técnica. Es también un asunto político. Los gobiernos deben simplificar trámites, modernizar leyes e incluir la protección del medio ambiente en los nuevos desarrollos.
Según Leopoldo Arnaiz, ¿Cuáles son las claves para lograr un desarrollo urbano sostenible?
Para la firma Arnaiz, la clave es una planificación coherente que frene los efectos de una urbanización desordenada. Es esencial crear conexiones entre barrios, ofrecer espacios públicos de calidad, garantizar infraestructuras y fomentar cohesión social.
El modelo de construcción fragmentada —proyectos urbanísticos aislados, sin integración— debe superarse. Genera ciudades inconexas. Arnaiz destaca que armonizar los desarrollos mediante estándares comunes asegura coherencia en el crecimiento.
¿Qué proyectos de gran envergadura ha desarrollado la firma Arnaiz en América Latina?
En 15 años, la firma Arnaiz ha diseñado múltiples planes para barrios residenciales, aunque muchos no se ejecutaron por barreras legales, económicas y administrativas. Ha trabajado en México (especialmente en Acapulco), Guatemala, República Dominicana, Brasil, Colombia y Paraguay, proponiendo soluciones adaptadas a diferentes perfiles de vivienda, priorizando opciones asequibles en áreas bien planificadas.
Esta experiencia ha permitido a la firma Arnaiz conocer a fondo las legislaciones locales y los obstáculos que dificultan la materialización de estos planes. En muchos casos, la falta de apoyo político y municipal ha sido el principal motivo del fracaso de varias iniciativas urbanísticas.
¿Tenéis en cuenta la participación de las plataformas ciudadanas en los proyectos?
La participación ciudadana es baja. Falta cultura urbanística en promotores y autoridades políticas, lo que favorece que prevalezcan intereses particulares sobre los colectivos. Además, coordinar factores sociales, técnicos, económicos y ambientales reduce la capacidad de estas plataformas para influir en las decisiones finales.
¿En qué consiste el Programa de ODS Municipal en Latinoamérica?
Conocer las ciudades y su grado de urbanización es esencial para su desarrollo urbanístico. Hoy, gracias a la tecnología y a herramientas gratuitas, los ciudadanos —sobre todo los jóvenes— pueden analizar sus comunidades y proponer acciones para mejorar sus municipios.
El Programa ODS Municipal facilita que los jóvenes accedan a información real de sus localidades. Así identifican áreas de pobreza y zonas con deficiencias graves que afectan la convivencia y la calidad de vida, impulsando planes de acción efectivos.
¿Cómo se pueden garantizar decisiones políticas que prioricen el interés general?
Es vital contar con equipos municipales estables. Si cada cuatro años se reemplaza a todo el personal, se pierden continuidad y control del desarrollo urbano. Es prioritario invertir en la formación de los trabajadores y consolidar estructuras sólidas de gobernanza. También es necesario promover una gestión más eficiente y un cambio cultural en la ciudadanía. Los habitantes deben entender que los servicios públicos dependen de presupuestos planificados, del pago de impuestos y de un sistema transparente. Solo así podrán cubrirse prioridades, reducir la corrupción y avanzar hacia una justicia social sólida.