Fundación Francisco Franco: el Gobierno considera que la entidad “humilla la dignidad de las víctimas” y da el primer paso para su extinción judicial definitiva
El Ministerio de Cultura ha iniciado el procedimiento para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco, al considerar que sus actividades vulneran la Ley de Memoria Democrática y suponen una “humillación a la dignidad de las víctimas de la dictadura”. El Ejecutivo ha remitido este viernes a la entidad el acuerdo de inicio del procedimiento de extinción, el paso previo a solicitar formalmente su disolución ante un juez.
Un proceso legal previsto por la Ley de Memoria Democrática
La medida se ampara en el artículo 63 de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que permite eliminar aquellas fundaciones que exalten al dictador o justifiquen la represión del régimen franquista. El informe del Ministerio de Cultura, al que ha tenido acceso la prensa, concluye que la Fundación incurre en una “glorificación sistemática” de la figura de Franco y en un discurso contrario a los valores constitucionales.
“El mantenimiento de esta entidad supone una ofensa y una humillación a las víctimas del franquismo”, señala el documento, que ha sido elaborado por la Dirección General de Memoria Democrática. El informe detalla además que la Fundación realiza actividades públicas y publicaciones “que ensalzan al dictador” y “promueven una visión distorsionada de la historia reciente de España”.
Hacia la extinción judicial del organismo franquista
Con el envío del acuerdo de inicio, el Ministerio abre un plazo de audiencia para que la Fundación presente alegaciones. Una vez cumplido ese trámite, el Gobierno podrá remitir el expediente a la Audiencia Nacional, que será la encargada de decidir si se extingue definitivamente la organización.
La Fundación, presidida actualmente por Juan Chicharro Ortega, general retirado y antiguo ayudante de campo del dictador, ha reaccionado asegurando que recurrirá todas las decisiones y que considera la medida “un ataque a la libertad de expresión y al derecho de asociación”. En sus comunicados, la entidad insiste en que su labor es “cultural e histórica”, y no de carácter político.
Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que las actividades del organismo “no son compatibles con los valores democráticos” y que su existencia contradice el espíritu de reparación que promueve la legislación actual. “No se puede permitir que una fundación subvencionada y registrada oficialmente siga exaltando un régimen dictatorial”, expresó una fuente del Ministerio de Cultura.
Una vieja reivindicación de las asociaciones de memoria
La posible disolución de la Fundación Francisco Franco ha sido una de las principales demandas de las asociaciones de víctimas y de la memoria histórica, que consideran su actividad “una afrenta a la democracia y a los derechos humanos”. Estas organizaciones celebraron el anuncio del Gobierno y reclamaron que el proceso se acelere para evitar maniobras dilatorias.
Desde su creación en 1976, la Fundación ha sido objeto de polémica por sus actos conmemorativos y publicaciones que justifican el golpe de Estado de 1936 y el régimen posterior. Con la nueva legislación, el Ejecutivo busca cerrar definitivamente una etapa y afirmar el compromiso del Estado con la memoria, la justicia y la reparación.
