Corridas de toros en España: el Congreso de los Diputados volvió a ser escenario de una profunda división política y cultural. El martes 7 de octubre rechazó la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba retirar la protección cultural nacional a la tauromaquia. La abstención del PSOE resultó decisiva para frenar el avance del texto, que había sido impulsado por organizaciones animalistas y sectores sociales contrarios a los espectáculos taurinos.
El resultado provocó indignación entre los promotores de la ILP, que consideraban que el debate debía, al menos, abrirse en el Congreso. La votación volvió a poner sobre la mesa la fuerte división de opiniones que atraviesa a la sociedad española, especialmente la izquierda política, en torno a la continuidad o abolición de las corridas de toros.
El PSOE, entre la tradición y la sensibilidad animalista
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció públicamente que la tauromaquia “no es un tema resuelto dentro del PSOE”. En una entrevista reciente, explicó que la abstención del grupo socialista respondió a la existencia de “militantes en contra y otros a favor” de mantener la consideración de los toros como patrimonio cultural.
La postura del Ejecutivo refleja el delicado equilibrio que el partido intenta mantener entre su base más progresista, que reclama un enfoque ético y animalista, y los sectores más tradicionales, especialmente en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde la tauromaquia sigue teniendo un fuerte arraigo popular y económico.
Mientras tanto, Podemos, Sumar y ERC votaron a favor de debatir la iniciativa, defendiendo la necesidad de “poner fin al maltrato animal amparado por el Estado”. Desde la derecha, en cambio, PP y Vox ratificaron su apoyo a los festejos taurinos como parte de la identidad cultural española, calificando la ILP como “un ataque ideológico contra las tradiciones nacionales”.
Las corridas de toros, símbolo cultural o vestigio del pasado
El rechazo a la ILP mantiene vigente la Ley 18/2013, que declaró la tauromaquia como “patrimonio cultural inmaterial de España” y obliga a las administraciones públicas a proteger y promover estas manifestaciones. Sin embargo, las posturas sobre su continuidad difieren notablemente según el territorio: mientras Cataluña y las Islas Canarias han prohibido las corridas, Madrid, Castilla y León o Andalucía continúan celebrando cientos de festejos cada año.
Para los defensores, la tauromaquia representa una expresión artística y cultural con siglos de historia, ligada a la identidad española y a la economía rural. Para los detractores, en cambio, es una forma de crueldad animal incompatible con los valores éticos de una sociedad moderna.
Un debate que trasciende lo político
El episodio en el Congreso confirma que la tauromaquia se ha convertido en una batalla cultural y política, donde las líneas ideológicas no siempre coinciden con las fronteras partidarias. En el seno de la izquierda, el tema divide a militantes, gobiernos autonómicos y ayuntamientos, evidenciando una pluralidad de sensibilidades difícil de conciliar.
Mientras el movimiento animalista promete seguir impulsando iniciativas para acabar con los espectáculos taurinos subvencionados, las comunidades donde el toreo sigue vivo defienden su derecho a preservar lo que consideran una tradición y un motor económico local.
La abstención del PSOE, más que cerrar el debate, parece haberlo reavivado: la tauromaquia sigue siendo un espejo de las tensiones entre identidad, ética y política, y un recordatorio de que España continúa dividida en torno a uno de sus símbolos más antiguos y controvertidos.
