El Gobierno aprobará este martes la subida salarial del 4,5% para los funcionarios en 2027

El Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos correspondiente a 2027. Así lo anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Informativos Telecinco. En la misma reunión también se aprobará el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros al mes en catorce pagas. Según el Ejecutivo, ambas medidas beneficiarán a 5 millones de trabajadores.

Cómo se aplicará la subida salarial del 4,5%

El incremento tendrá efectos desde el 1 de enero. Por eso, se abonará en las nóminas de ese ejercicio. El Ejecutivo garantizó a CSIF, CCOO y UGT que la subida salarial del 4,5% se aplicará tal y como se pactó en el acuerdo marco.

Además, durante el primer trimestre de 2027 se sumará otro 0,5%. Ese medio punto corresponde a la desviación de la inflación y se pagará con efectos retroactivos. Esa compensación ya estaba prevista en el acuerdo con los sindicatos. Con ella, la revisión quedaría en el 5% anunciado en octubre de este año.

Las palabras de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno confirmó la fecha de aprobación durante la entrevista. «Mañana, en el Consejo de Ministros, aprobarán la subida del sueldo de los trabajadores públicos», afirmó Sánchez.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo vinculó la medida con otras decisiones sobre ingresos. «Y si a eso le unimos la reconstrucción del Pacto de Toledo y la obligación por ley de la revalorización de las pensiones, hablamos de blindar la capacidad adquisitiva de 15 millones de personas en un momento que coincide con las tensiones con Irán», indicó. De este modo, presentó la subida salarial del 4,5% como parte de un paquete más amplio.

El acuerdo plurianual detrás de la subida salarial del 4,5%

El aumento forma parte del acuerdo plurianual que el Gobierno cerró en noviembre de 2025 con CC OO, UGT y CSIF. Ese pacto busca actualizar las nóminas de más de tres millones de trabajadores de las Administraciones públicas hasta 2028. En total, fija un alza acumulada del 11% en cuatro años.

El reparto de ese 11% es el siguiente. En 2025 correspondía un 2,5%. En tanto, para 2026 se fijó un 1,5% fijo, con un variable adicional del 0,5% ligado al IPC. Luego llega la subida salarial del 4,5% para 2027. Finalmente, el acuerdo prevé un 2% para 2028.

El objetivo del pacto es compensar la pérdida de poder adquisitivo del colectivo. También pretende dar continuidad a las mejoras tras un 2025 en el que los funcionarios pasaron casi todo el año sin actualizar sus retribuciones.

La cláusula ligada a la inflación

El medio punto adicional responde a una cláusula de garantía de poder adquisitivo incluida en el pacto. El Gobierno condicionó su pago a que la inflación interanual de diciembre de 2026 alcanzara al menos el 1,5%. Ese umbral se supera ampliamente. Sin embargo, todavía hay que esperar a que el INE publique el dato definitivo de diciembre.

La aplicación de las mejoras ha sido escalonada. En diciembre de 2025, el Gobierno aprobó un incremento del 2,5% para ese año, con efectos retroactivos desde enero. Además, aprobó otro 1,5% fijo para 2026. Con el medio punto condicionado, la subida de 2026 llegaría al 2%.

Por su parte, la mayoría de las comunidades autónomas pagaron los atrasos de 2025 en las nóminas de diciembre y enero. Así, sus empleados comenzaron el año con una mejora acumulada del 4%. Con la nueva revisión, el Gobierno habrá aplicado alrededor del 80% del incremento pactado.

Qué piden los sindicatos tras la subida salarial del 4,5%

CSIF había reclamado que la subida de 2027 se aprobara antes de las elecciones. Su objetivo era evitar retrasos por las limitaciones que afronta un Ejecutivo en funciones. El sindicato también advirtió del encarecimiento de los precios al cierre del año. Asimismo, pidió que las Administraciones estatal, autonómicas y locales pudieran presupuestar y preparar las nóminas con criterios homogéneos.

Además, CSIF reclama que las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio se actualicen antes de que termine 2026, como recoge el acuerdo. Según el sindicato, el coste de la vivienda lleva a algunos empleados públicos a renunciar a sus plazas. No pueden permitirse vivir en los destinos asignados. CSIF afirma que el Ministerio le trasladó su intención de aprobar esa revisión antes de fin de año.

UGT, en tanto, valoró la medida. «Con esta subida se cumple lo pactado con las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo y supone un paso en la dignificación de los salarios que perciben los empleados públicos», señaló. El sindicato reconoció que había exigido al Ministerio de Función Pública agilizar los trámites para que «el abono se formalizase de inmediato, a pesar de la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre».

Más allá de la subida salarial del 4,5%, el pacto incluía compromisos para reformar la Administración. Entre ellos figura la eliminación progresiva de la tasa de reposición. Ese mecanismo limita la creación de plazas públicas según las bajas, sobre todo por jubilación. La meta es renovar las plantillas y cubrir las necesidades de personal de los servicios públicos.

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