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La Audiencia Provincial de Madrid autorizó este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a ampliar la investigación sobre el empresario Alberto González Amador y sobre Fernando Camino, alto directivo del grupo hospitalario Quirónsalud. La causa indaga un presunto soborno de medio millón de euros. Hasta ahora, el juez de instrucción Antonio Viejo había limitado el trabajo de los agentes a las cuentas bancarias de los involucrados. Con la nueva resolución, la UCO también podrá cotejar los datos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social.
González Amador ha sido pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante cinco años. Esta pieza es el segundo frente judicial que lo afecta. El otro, por fraude fiscal, ya está en un juzgado de lo Penal.
La Audiencia da la razón a las partes del caso González Amador
La sección tercera de la Audiencia madrileña estimó el recurso de la Fiscalía contra el auto del juez Viejo. En su resolución, los magistrados sostienen que «resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social». Además, señalan que las partes «han mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés» en que se recaben esos datos.
Los agentes podrán revisar la información del empresario desde 2014 hasta la actualidad. El objetivo es comparar los movimientos bancarios con los datos fiscales y laborales. Así, los investigadores buscan detectar discrepancias y flujos de dinero que no coincidan con la actividad declarada. La Fiscalía, por otra parte, quiere esclarecer si hubo un incremento patrimonial injustificado.
En su recurso, el Ministerio Público advirtió que «no contar con la información tributaria dificulta enormemente el cumplimiento de la encomienda» hecha a la UCO. Por su parte, la unidad había avisado al juez que esos datos se consideraban «de gran relevancia». Según los agentes, podían aportar información «sobre las diferentes personas físicas y jurídicas que participarían en los hechos investigados».
Por qué el juez había limitado la investigación
La UCO pidió al juez acceso a tres tipos de documentos: bancarios, fiscales y de la Seguridad Social. Viejo solo autorizó el análisis bancario y reclamó la documentación de 16 cuentas, tanto de González Amador como de sociedades vinculadas a los investigados. Para justificar su decisión, el magistrado consideró que las otras medidas eran demasiado invasivas y pidió métodos menos invasivos. Además, dejó para una fase posterior la petición de datos a Hacienda y a la Seguridad Social.
Esa limitación generó rechazo entre todas las partes. Las acusaciones populares, que ejercen el PSOE y Más Madrid, respaldaron la ampliación. También lo hizo Gloria Carrasco, esposa de Camino, que manifestó interés en que se practicaran las diligencias pendientes.
Incluso la defensa de González Amador se sumó al pedido. El empresario rogó al juez que aceptara todas las pesquisas «a la mayor velocidad posible». Según su argumento, quería poner fin al procedimiento cuanto antes.
Un informe con más de un año de retraso
La anterior titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, encargó las pesquisas a la UCO el 27 de junio de 2025, poco antes de jubilarse. Buscaba conocer mejor las relaciones comerciales entre los protagonistas. Su sucesor, Antonio Viejo, asumió la causa en octubre de ese año.
En diciembre, los agentes pidieron al nuevo magistrado acceso a los distintos tipos de información. Siete meses después llegó la autorización parcial. El informe de la UCO acumula un año y cuatro meses de retraso.
En tanto, la pieza sobre los negocios con el directivo de Quirón se ralentizó desde la llegada de Viejo al juzgado. La principal novedad fue la imputación de Camino, que se conoció hace dos semanas.
La compra de Círculo de Belleza por González Amador
La investigación se centra en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza SL, en diciembre de 2020. González Amador pagó 500.000 euros a Gloria Carrasco, farmacéutica leonesa y esposa de Camino. La empresa pasó luego a llamarse Masterman SL. Carrasco, que también está investigada, ya declaró en junio del año pasado.
La sociedad no tenía empleados ni activos y presuntamente tampoco actividad real. Además, su valor contable era reducido, lo que alimentó dudas sobre la justificación económica de la operación. La causa investiga posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
La Fiscalía sospecha que la compraventa pudo encubrir el pago de una comisión a Camino. En los meses previos, el empresario intervino como intermediario en una venta de mascarillas durante la pandemia. Por esa gestión obtuvo una comisión cercana a los dos millones de euros. Camino formaba parte del equipo de Mape, la empresa compradora. Otra sospecha apunta a que el pago buscaba obtener contratos del grupo Quirón. Sin embargo, la relación entre ambas operaciones es una hipótesis que la instrucción debe esclarecer, no un hecho probado.
Los vínculos entre González Amador y Camino
Los negocios entre los tres implicados abarcan un largo período. El empresario conoce a Camino desde principios de la década pasada. Entonces empezó a trabajar para él en Madrid, auditando los sellos de calidad de Fraternidad Muprespa SA, la sociedad de prevención de riesgos que dirigía el directivo. Poco después, ambos participaron en un negocio en Panamá llamado Insumos Médicos del Pacífico. En 2014 ya aparecen pagos de Carrasco a González Amador.
En 2015, tras un proceso de fusiones en el sector, Camino asumió la dirección de Quirónprevención, la filial del grupo dedicada a la prevención de riesgos laborales. González Amador siguió haciendo auditorías para él. Su facturación a Quirón creció de forma exponencial después de 2021, cuando se hizo pública su relación con Ayuso. La oposición de izquierdas denunció un posible conflicto de interés por los intereses de Quirón en la Comunidad de Madrid.
Camino deberá comparecer como investigado ante el juez Viejo el jueves 3 de diciembre a las 10.00, en los juzgados de Plaza de Castilla. En paralelo, González Amador está pendiente de juicio por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Esa causa está en el juzgado de lo Penal de María Lourdes Platero, que aún no fijó la fecha.