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El Tribunal Supremo rechazó este lunes suspender el derecho al voto de los hijos de quienes se nacionalizaron españoles por la ley de nietos. Por eso, podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Son unas 189.678 personas inscritas en el censo de residentes en el extranjero. Los magistrados denegaron así la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox. Sin embargo, en otra resolución notificada el mismo día, la Sala mantuvo la suspensión del voto para 162.454 nacionalizados que no acreditaron ser descendientes de exiliados.
Por qué el Supremo no amplía la suspensión de la ley de nietos
El argumento principal de los magistrados tiene que ver con los tiempos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda que la suspensión para los nacionalizados por la ley de nietos se adoptó el 10 de septiembre, «mucho antes de la convocatoria de elecciones generales», que llegó el 5 de octubre. Además, el tribunal se reafirmó en esa medida el 12 de octubre, «en un tiempo aún hábil».
En cambio, la petición de Vox y de Iustitia Europa, «pudiendo haberse planteado antes», llegó «transcurrido más de la mitad del periodo electoral». Faltaba una semana para el comienzo de la campaña y dos semanas para el inicio del depósito del voto en urna en los consulados. Por eso, los jueces consideran que revisar ahora el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) resulta «contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».
El tribunal también expresa «serias dudas sobre la viabilidad» de suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos. Una medida así exigiría requerir a la Administración que identifique a los afectados. También obligaría a emplazar a los interesados para que presenten alegaciones. A juicio de la Sala, el plazo hasta el 29-N «es tan reducido que permite cuestionar la posibilidad de su ejecución en tiempo hábil». Entre otras cosas, porque «depende de la actuación de múltiples administraciones y terceros».
Los magistrados añaden que las Juntas Electorales, la Oficina del Censo Electoral y la Administración consular todavía ejecutan las resoluciones de septiembre y octubre. De hecho, la Oficina del Censo Electoral informó el 28 de octubre que quedaban 30.482 registros sin identificar. En consecuencia, el auto concluye que conceder la cautelar podría causar una «perturbación grave de los intereses generales».
Un colectivo mayor que el de sus padres
Los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos obtuvieron la nacionalidad por otro apartado de la Ley de Memoria Democrática. Se trata del apartado 1.b de la disposición adicional octava. Ese texto reconoce el derecho a los hijos mayores de edad de quienes se nacionalizaron por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o por el apartado 1.1 de la norma de 2022. El apartado 1.b no estaba afectado por la suspensión de septiembre.
Según datos de Exteriores, 189.678 personas nacionalizadas por esa vía figuran en el CERA del 1 de agosto, el que rige para el 29-N. No obstante, la cifra incluye también a hijos de nacionalizados por la ley de 2007, que no está bajo examen del tribunal. Aun así, el grupo supera a los 162.454 padres a los que se suspendió el voto por la ley de nietos.
El Supremo deja claro que no hay una razón jurídica distinta para tratarlos de otra manera. «Si se cuestiona la inscripción» de los progenitores, «en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos», sostiene el auto. Por otra parte, la Sala discrepa de la Abogacía del Estado, que alegó una escasa incidencia material con base en la participación del CERA en las últimas generales. Para los jueces, «no es posible conocer qué participación puede haber». Además, se trata de «un colectivo mayor» que el ya suspendido.
Los votos particulares sobre la ley de nietos
La decisión no fue unánime. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero firmó un voto particular discrepante. A su entender, sus compañeros dieron demasiado peso a la cercanía de las elecciones. Por eso, defiende que debía aceptarse la petición para preservar la integridad de los comicios.
«Si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria», escribió. Añadió que esa coherencia «es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada». También advirtió que la futura sentencia sobre el fondo «tendrá que afrontar esa cuestión».
En tanto, la magistrada María Alicia Millán emitió un voto concurrente. Comparte el fallo, pero no sus argumentos. Millán ha discrepado hasta ahora de todas las decisiones de la mayoría sobre la suspensión del voto en el caso de la ley de nietos.
El Supremo se reafirma en el veto a los nietos
En otra resolución del mismo lunes, el tribunal rechazó las alegaciones de los afectados por la suspensión de septiembre que se personaron en la causa. Varias asociaciones y particulares habían recurrido contra el veto a los nacionalizados por la ley de nietos. Sin embargo, la Sala mantiene la medida «con mayor intensidad».
Los jueces destacan la «extraordinaria cifra» de 163.355 afectados frente a solo 901 que acreditaron ser descendientes de exiliados. Esos 901 sí podrán votar. Según el auto, la desproporción «acrecienta aún más los indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA».
El tribunal apunta a la Ley de Memoria Democrática, «pero sobre todo» a la Instrucción del Ministerio de Justicia del 25 de octubre de 2022. Esa norma presume la condición de exiliado de todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En esos casos, solo debe acreditarse la salida. En cambio, quienes se fueron entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 sí deben probar el exilio.
Millán volvió a votar en contra de mantener la suspensión. «No comparto la tesis de que la sola invocación del interés general consistente en preservar la pureza o regularidad del censo electoral permita justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo», argumentó. Además, recordó que los afectados son «aproximadamente el 0,42% de los 38.728.356 electores del censo aplicable a estas elecciones».
La reacción del Gobierno y el origen de la ley de nietos
El Ejecutivo de Pedro Sánchez celebró que el Supremo no atendiera a Vox y a Iustitia Europa. Sin embargo, fuentes de Moncloa lamentaron que «este razonamiento no se haya aplicado a las españolas y españoles que obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática». Aun así, el Gobierno confía en que el fallo definitivo proteja sus derechos.
Para el Ejecutivo, la resolución supone «un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva». Esas fuentes sostienen que el PP también hizo suya esa estrategia. Además, la comparan con el discurso de Donald Trump al cuestionar la validez de miles de votos.
El litigio por la ley de nietos comenzó cuando Iustitia Europa y Vox recurrieron la instrucción de 2022 ante el Supremo. Ambos la consideran nula de pleno derecho por ampliar el contenido de la ley. Por eso, pidieron también que dejara de aplicarse hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo de la cuestión.