El Senado de Paraguay retomó este viernes el juicio político a Peña en una sesión extraordinaria, y el presidente Santiago Peña pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. El mandatario anunció su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó. Por eso, sigue formalmente en el cargo. Su futuro se define ahora en el proceso abierto por el escándalo de Ueno Bank, la entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay.
El pedido de prórroga en el juicio político a Peña
Los senadores iniciaron la sesión con el quórum legal. Primero leyeron la nota en la que el presidente solicita 72 horas para presentar su descargo y ofrecer pruebas. En ese escrito, Peña afirma que recibió la notificación recién a las 22:15 del día anterior. Además, sostiene que menos de 12 horas no alcanzan para garantizar el debido proceso.
El libelo acusatorio tiene 15 páginas y llegó acompañado por unas 300 fojas de anexos. Más tarde, los senadores suspendieron temporalmente la sesión y pasaron a un cuarto intermedio. La deliberación sobre la continuidad del juicio político a Peña se retomará después de esa pausa.
En un mensaje publicado en X, el mandatario confirmó que los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda integran su equipo de defensa. También volvió a reclamar el plazo adicional. «Estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia», escribió.
El titular del Legislativo, Basilio Núñez, dijo que consultará el pedido con los líderes de bancada. Consideró válido el planteo sobre el derecho a la defensa. Sin embargo, advirtió sobre posibles consecuencias judiciales ante la CIDH si no se respetan las garantías procesales.
Senadores divididos ante la solicitud del presidente
Varios senadores rechazaron la prórroga y reclamaron que el proceso avance este mismo viernes. Gustavo Leite calificó el planteo de «chicana». En tanto, Rubén Velázquez y Líder Amarilla sostuvieron que los plazos del proceso no admiten prórrogas. El colorado Carlos Núñez anticipó el rechazo de su bancada y afirmó que el juicio debe concluir con la destitución del mandatario.
La postura, de todos modos, no es unánime. La senadora liberal Celeste Amarilla se mostró dispuesta a conceder el plazo. Por otra parte, Lilian Samaniego reclamó una salida urgente a la crisis. A su juicio, aceptar la renuncia habría permitido acelerar la intervención de la Justicia. El diputado Rubén Rubin, en cambio, llamó a la ciudadanía a movilizarse y a los senadores a sostener el juzgamiento.
La opositora Esperanza Martínez ironizó sobre el intento del oficialismo colorado de desligarse de la responsabilidad política. Además, cuestionó las colocaciones de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cajas públicas en Ueno Bank. Según la senadora, esos depósitos se hicieron pese a las advertencias sobre los vínculos entre el poder político y el banco. Martínez calificó el episodio como un «saqueo hecho con complicidad del gobierno».
Por qué el Congreso no aceptó la renuncia y abrió el juicio político a Peña
El jueves, el presidente difundió un video en sus redes sociales. «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», dijo. También pidió que se garantice la devolución de los depósitos y se protejan los fondos públicos afectados.
Poco después, la Cámara de Diputados aprobó la acusación con los votos de su propio partido. Luego, el Congreso abrió una sesión conjunta para votar la renuncia. Sin embargo, durante la votación los diputados del Partido Colorado abandonaron el pleno y se decretó la falta de quórum. Las bancadas acordaron entonces que el Senado procesara el juicio político a Peña.
El fuero de senador vitalicio detrás del rechazo
La negativa de la oposición tiene una explicación legal. Si el Congreso aceptaba la renuncia, Peña se convertía automáticamente en senador vitalicio. Así, obtenía un fuero que dificultaría la persecución penal iniciada por la Fiscalía. Por eso, los diputados consideraron la dimisión un subterfugio para evitar un juicio. Para destituirlo hacen falta dos terceras partes del Senado, es decir, 30 votos de 45.
El historiador y analista Fabián Chamorro explicó que «lo que Peña lograba al renunciar era mantener sus fueros». No obstante, precisó que el presidente «perdió todas las posibilidades cuando su propio partido anunció que apoyaría el pedido de juicio político». El expresidente Horacio Cartes, líder colorado y mentor de Peña, respaldó la iniciativa.
La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, criticó a quienes querían aceptar la renuncia: «Yo jamás voy a aceptar esa renuncia». El diputado Raúl Benítez, del partido Central, afirmó: «Necesitamos saber dónde está la plata». En cambio, el colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que aceptar la renuncia no significaba blanquear los actos del presidente.
En medio de rumores sobre una posible salida del país, el mandatario anunció en X que se presentaría. «Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa», escribió. El vocero presidencial, Guillermo Grance, aseguró que Peña se encontraba en su residencia. Según Basilio Núñez, el proceso tiene cinco etapas y «se puede llevar a finiquitar» en breve.
La caída de Ueno Bank y los vínculos con el mandatario
Ueno Bank es un banco digital del Grupo Vázquez. El 3 de noviembre, el Banco Central inició su procedimiento de resolución. Su índice de solvencia había caído al 5,56 %, menos de la mitad del mínimo regulatorio del 12 %. Tenía entre 2,9 y tres millones de clientes, en un país de entre 6,1 y 6,5 millones de habitantes. Además, surgieron indicios de préstamos excesivos a empresas de sus propios dueños.
La entidad administraba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos. Entre los afectados figuran unos 32.000 jubilados que cobran sus pensiones allí. Por otra parte, surgieron cuestionamientos porque el IPS habría superado los límites legales de inversión en el banco.
Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, ya como presidente, aunque negó haber tenido participación directa en el banco. En 2023 designó al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, que antes había dirigido Ueno. Carvallo renunció el 3 de noviembre a pedido del mandatario. La oposición acusa a Peña de conflictos de intereses, de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades.
El fiscal general Emiliano Rolón Fernández abrió una investigación penal por el papel del presidente en la crisis. Además, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas ocho directivos del banco. Un juez ordenó prisión preventiva para varios exdirectivos, incluido Federico Miguel Vázquez Villasanti. En tanto, el vicepresidente Pedro Alliana puso «en pausa» su candidatura presidencial para las elecciones de 2027.
Despliegue policial y próximos pasos del juicio político a Peña
La Policía Nacional bloqueó desde primera hora los accesos al Congreso, en el centro de Asunción. El operativo está a cargo del comisario Francisco Ávalos, jefe de Prevención y Seguridad de la capital. Responde a los disturbios del jueves, cuando miles de personas marcharon para exigir la destitución del presidente. La protesta terminó con entre siete y casi una decena de detenidos.
Mientras avanza el juicio político a Peña, los clientes de Ueno Bank comenzaron a recuperar depósitos. En una primera etapa, el Banco Central devolverá hasta 10 millones de guaraníes por ahorrista, unos 1.565 dólares. Para cobrar, no deben tener deudas con el banco y necesitan una cuenta en otra entidad. Los depósitos tienen una garantía legal de hasta 228,3 millones de guaraníes, cerca de 37.600 dólares. Peña afirmó que el reintegro debe continuar más allá de su futuro.
Si el mandatario deja el cargo, la sucesión corresponde constitucionalmente al vicepresidente Pedro Alliana. En ese caso, el Congreso deberá elegir un nuevo vicepresidente para completar el mandato, que concluye en agosto de 2028. Por ahora, la decisión depende de cómo resuelva el Senado el pedido de prórroga en el juicio político a Peña.
